Europa redefine el asilo con el rechazo de España: externalización, países seguros y menos garantías para recurrir

El Consejo fijó su postura sobre dos nuevas normas que refuerzan la aplicación del concepto de país seguro en el sistema de asilo europeo, con el objetivo de acelerar y hacer más eficaces los procedimientos para quienes no cumplen los requisitos de protección en la UE

Por Anastasia Gubin
9 de diciembre de 2025 08:02 Actualizado: 9 de diciembre de 2025 08:02

«Cada año, decenas de miles de personas llegan a Europa y solicitan asilo, pese a proceder de países considerados seguros donde, en términos generales, no existe riesgo de persecución», afirmó el ministro danés de Inmigración e Integración, Rasmus Stoklund, al anunciar el 8 de diciembre que los Estados miembros de la Unión Europea habían aprobado dos propuestas destinadas a afrontar esta situación. Esto se decidió con algunos votos contrarios, como el de España y con la decisión de Hungría a no acatarlo.

«Hoy acordamos la primera lista de países de origen seguros de la UE», dijo Stoklund, en un comunicado del Consejo de la UE, afirmando «que contribuirá a establecer procedimientos de asilo más rápidos y eficientes, así como a facilitar el retorno de quienes no necesitan protección».

«Es un hito importante para la política de asilo de la Unión», añadió Stoklund en un comunicado del Consejo de la UE.

España votó en contra de ambas propuestas legislativas. Así lo informó el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas, acompañado de la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

El nuevo reglamento adoptado amplía las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible y establece la primera lista común de países de origen seguros de la UE, a los que se podrán remitir las solicitudes de protección internacional desestimadas.

La medida forma parte de uno de los pilares del Pacto sobre Migración y Asilo de 2024.

«Tenemos una afluencia muy alta de migrantes irregulares y nuestros países europeos están bajo presión. Miles de personas se ahogan en el mar Mediterráneo o sufren abusos en las rutas migratorias, mientras que los traficantes de personas se enriquecen», destacó el ministro Stoklund en la reunión, al presentar sus argumentos.

Stoklund destacó que «el sistema actual» para atender a los inmigrantes que llegan a la Unión Europea «crea estructuras de incentivos poco saludables y un fuerte factor de atracción, difíciles de eliminar».

«Dinamarca y la mayoría de los Estados miembros de la UE han abogado por la tramitación del asilo en terceros países seguros para eliminar los incentivos que inducen a emprender viajes peligrosos hacia la UE».

Marlaska explicó que España rechazó ambas propuestas porque, a su juicio, podrían vulnerar el ordenamiento internacional, particularmente en lo relativo a los derechos humanos. El ministro también anunció su abstención en el debate sobre el mecanismo de solidaridad entre Estados miembros para la reubicación de los inmigrantes.

Los terceros países seguros

«El concepto de tercer país seguro permite a los Estados miembros de la UE rechazar una solicitud de asilo por inadmisible (es decir, sin examinar su contenido) cuando los solicitantes de asilo podrían haber buscado y, de ser elegibles, recibido protección internacional en un país no perteneciente a la UE que se considere seguro para ellos», dijo el Consejo de la UE.

En la práctica, el país de la UE puede remitir al solicitante a ese tercer Estado en lugar de tramitar su caso.

El Consejo acordó que los siguientes países deberían ser designados como países de origen seguros a nivel de la UE: Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez.

Además, el acuerdo deja claro que la lista europea no sustituye a las listas nacionales: «Los Estados miembros podrán seguir teniendo sus propias listas nacionales de países de origen seguros, incluyendo países no pertenecientes a la UE además de los que figuran en la lista de la UE».

La Comisión podrá a su vez suspender la designación de un país de origen seguro a nivel de la UE para todo el país o solo para partes de su territorio o población si lo estima justificado.

El Consejo también aprobó la propuesta de la Comisión de acelerar la aplicación de las disposiciones del Pacto sobre Migración y Asilo, que anteriormente estaban previstas para junio de 2026.

Con las normas actualizadas acordadas por el Consejo, los Estados miembros podrán aplicar el concepto de tercer país seguro sobre la base de las tres opciones siguientes:

La primera es cuando existe una conexión entre el solicitante de asilo y el tercer país. Sin embargo, tras el acuerdo esta conexión ya no es un criterio obligatorio para utilizar el concepto de tercer país seguro.

La segunda es que el solicitante ha transitado por el tercer país antes de llegar a la UE.

La tercera es que existe un acuerdo o convenio con un tercer país seguro que garantiza que la solicitud de asilo de una persona se examinará en el país no perteneciente a la UE en cuestión.

Según el Reglamento sobre el procedimiento de asilo de 2024, adoptado en el marco del Pacto sobre Asilo y Migración, para el concepto de país de origen seguro,
«los Estados miembros deben aplicar un procedimiento acelerado a los solicitantes de un país de origen seguro, que pueden llevar a cabo en la frontera o en zonas de tránsito».

Fondo común de Solidaridad

Los Veintisiete alcanzaron un acuerdo político sobre «la creación del fondo común de solidaridad anual para 2026», un fondo común de asistencia que constituye uno de los principales elementos del Pacto, pensado para aliviar la carga a los países que se encuentran bajo presión migratoria, entre los que se encuentra Chipre, Grecia, Italia y España, informó el Consejo de la UE el 8 de diciembre en otro comunicado.

Estos países pueden beneficiarse de las medidas de solidaridad del fondo común de solidaridad, que son tres: reubicaciones de inmigrantes, contribuciones financieras y medidas de solidaridad alternativas, y cada país miembro decide cuál de estas promete.

El Pacto entrará en vigor el 12 de junio de 2026.

El acuerdo, que se espera sea adoptado formalmente antes de que termine el año, fija la gestión común de 21 000 reubicaciones de inmigrantes y 420 millones de euros de asistencia financiera.

Se trata de un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y defendía previamente España, es decir, 30 000 reubicaciones y 600 millones de euros.

Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia afrontan actualmente una presión migratoria significativa, resultado de la acumulación de llegadas en los últimos años. Debido a esta situación, los Estados miembros que solicitaron reducir total o parcialmente sus aportaciones al primer «pool anual de solidaridad» han visto ajustadas sus contribuciones en función del nivel de presión migratoria que soportan.

Por su parte, los países identificados como especialmente expuestos a la presión migratoria tendrán acceso prioritario al Conjunto de Herramientas de Apoyo a la Migración de la UE, que incluye: asistencia operativa de las agencias europeas, apoyo técnico, y financiación adicional procedente de diversos fondos de la Unión.

Rechazo de Hungría

Tras la votación el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán rechazó el acuerdo.

«Con la decisión de hoy, Bruselas pretende obligar a Hungría a pagar aún más o a acoger a migrantes. Esto es inaceptable. Hungría ya gasta suficiente para proteger la frontera exterior de la Unión», escribió Orbán en X.

«No acogeremos a ningún migrante ni pagaremos por los migrantes de otros. Hungría no implementará las medidas del Pacto Migratorio».

Por su parte, el comisario europeo de Migracion, Magnus Brunner, al término de la reunión que hoy mantuvieron en Bruselas los ministros de Interior, dijo que «como guardiana de los tratados, la Comisión debe hacer cualquier cosa para que los Estados miembros cumplan las normas. Es algo muy normal, tienes que cumplir con las normas, así funciona».

«Un gran éxito para Europa e Italia»

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, celebró este lunes el acuerdo alcanzado por la Unión Europea (UE) sobre migración.

«Hemos vuelto a situar la migración en el centro de la agenda europea y, gracias a nuestra capacidad para encontrar el equilibrio adecuado entre responsabilidad y solidaridad, hemos logrado avanzar y concluir negociaciones que llevaban años estancadas», dijo el ministro en un comunicado.

Ahora se podrá contar «con nuevas normas para gestionar los flujos migratorios y combatir la trata de personas».

Italia «ha tenido un papel protagonista para establecer una solución equilibrada que no haga sentir solos a los países fronterizos de la UE, especialmente expuestos a la presión migratoria», añadió el ministro del Interior.

En 2024, el Gobierno italiano abrió unos centros en Albania desde los que pretendía repatriar a aquellos inmigrantes sin derecho a asilo rescatados en el Mediterráneo, pero el proyecto ha sido bloqueado por los tribunales italianos y europeos.

Estos centros, actualmente inutilizados, han sido objeto de críticas de la oposición al Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que espera que la situación cambie con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo en 2026.

Menores acompañados

Según el Consejo de la UE, el concepto de «tercer país seguro» no podrá aplicarse a menores no acompañados cuando se base exclusivamente en un acuerdo o convenio con ese tercer país. Es decir, no se podrá remitir automáticamente a un menor sin acompañamiento a un Estado designado como seguro únicamente por la existencia de un acuerdo entre ese país y la Unión.

¿Qué sucede si el solicitante apela?

Con el nuevo acuerdo, una persona que recurra una decisión de inadmisibilidad basada en el concepto de tercer país seguro ya no tendrá garantizado el derecho automático a permanecer en la UE durante la tramitación del recurso.

Si embargo, seguirá vigente su derecho a solicitar a un tribunal el derecho a permanecer en el territorio europeo.

Se negociará un texto definitivo

Los acuerdos alcanzados permiten al Consejo iniciar ahora las negociaciones formales con el Parlamento Europeo, con el objetivo de consensuar y aprobar el texto jurídico definitivo que incorporará todas estas disposiciones al marco normativo de la UE.

Con información de EFE.

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