El abogado internacional Robert Amsterdam, fundador de Amsterdam & Partners LLP y experto en derechos humanos con más de 40 años de experiencia en casos contra regímenes autoritarios, ha lanzado una dura advertencia contra el sistema fiscal español.
En una entrevista concedida a Euractiv el 5 de diciembre, Amsterdam califica la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Hacienda) como un instrumento de «reino de terror» que viola flagrantemente el Estado de derecho garantizado por la Unión Europea.
«La presunción de inocencia no existe», afirmó el letrado durante la conversación en la que mencionó que el sistema tributario es un «remanente» del período franquista.
En la conversación, que duró poco más de 23 minutos, el especialista se centró en las prácticas de enforcement fiscal (es decir, las acciones tributarias para cobrar impuestos) que, según él, incentivan la corrupción y destruyen vidas de contribuyentes ordinarios.
Amsterdam, quien ha representado a opositores políticos en Rusia, Venezuela y Nigeria —y está vetado en siete países por su defensa de libertades fundamentales—, argumenta que el núcleo del problema radica en un sistema de bonos para inspectores fiscales que premia la recaudación sin importar su veracidad.
«En el corazón del sistema tributario hay un bono cancerígeno que se proporciona a los inspectores fiscales que simplemente no permite el error. En otras palabras, los inspectores fiscales reciben un bono por lo que quitan a la gente, independientemente de si tienen razón o no», explicó en la entrevista de Euractiv.
Este mecanismo —denuncia— genera un esquema de incentivos por valor de 2000 millones de euros en 10 años, fomenta abusos sistemáticos y choca con los tratados europeos sobre independencia judicial.
El letrado estadounidense, con despachos en Londres y Washington, no actúa por casualidad en España. Su firma ha recopilado testimonios de 600 contribuyentes afectados, muchos de ellos anónimos por temor a represalias.
En su white paper de mayo de este año, Amsterdam documenta casos donde inspectores embargan cuentas bancarias sin orden judicial, publican listas de «deudores» en periódicos —incluso mientras apelaciones están en curso— y exigen pagos íntegros más multas antes de cualquier recurso.
«Una vez que toman esa decisión, su bono está fijo. Se pagan, pero el pobre contribuyente, si quiere disputarlo, tiene que adelantar todo su dinero, más la penalización y a menudo esperar 8 ó 10 años», relató en Euractiv, subrayando que estos plazos superan con creces los límites razonables de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre procedimientos de insolvencia.
Amsterdam conecta estos abusos con la corrupción en el Ejecutivo socialista.
En la entrevista, aludió a casos emblemáticos como el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha sido condenado por el Tribunal Supremo por filtrar datos fiscales sensibles de la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP).
«La mayor evidencia son los casos actuales: el caso Ayuso. No creo que haya más prueba que puedas presentar que el propio fiscal general del país bajo imputación», declaró.
La incompatibilidad con la normativa europea es el eje de la crítica de Amsterdam.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha fallado en contra de España en asuntos como la independencia de los tribunales tributarios administrativos.
«La corte en Luxemburgo ya ha encontrado que los tribunales administrativos tributarios españoles no son independientes», enfatizó Amsterdam.
En todo caso, Amsterdam no se detiene en diagnósticos, sino que propone reformas drásticas: eliminar los bonos inspectores, abolir los tribunales tributarios no independientes y suprimir el pay-to-play —pagar antes de apelar—.
«Primero, tenemos que deshacernos del bono fiscal. Segundo, cambiar el mal uso de los tribunales tributarios y, en mi opinión, probablemente abolirlos. Y por último, cambiar la regla pay-to-play», sintetizó.
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Su firma ha presentado ya un informe de 50 páginas a la OCDE solicitando la suspensión del intercambio de datos fiscales de España por violaciones sistemáticas, y ha denunciado ante el Tesoro de EE. UU. el uso de servidores Huawei en Hacienda, los cuales resultan peligrosos para la seguridad de los datos de los contribuyentes.
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