A las 22:00 del 10 de abril Extremadura se oscureció. Los monumentos, plazas, hogares, ciudades apagaron sus luces. Lo mismo ocurrió en Madrid y Talavera de la Reina.
«No fue un apagón cualquiera: fue un grito por el futuro de una tierra que no se resigna», declaró Sí Almaraz, la plataforma liderada por Fernando Sánchez Castilla, alcalde de Belvís de Monroy, en Cáceres, para mantener en vida la Central Nuclear Almaraz, cuyo cierre está previsto para el año 2027. Una posición que se contrapone a la del Movimiento Ibérico Antinuclear y de Ecologistas en Acción.
«Cerrar Almaraz no es solo cerrar una central: es poner en jaque 4000 empleos, 435 millones en ingresos, el 5 % del PIB extremeño, el 7 % del suministro eléctrico en todo el país. Es vaciar pueblos, apagar la industria, encarecer la luz, perder soberanía energética», dijo la plataforma.
El apagado de luces puso «el foco en lo importante: Almaraz es imprescindible para nuestra región y para toda España», añadió en X la Junta de Extremadura.
La Central de Almaraz consta de dos reactores y está ubicada en el término de Almaraz de Tajo, en Cáceres, en un terreno que se extiende a través de Almaraz, Saucedilla, Serrejón y Romangordo, por 1683 hectáreas.
El calendario actual del Gobierno de Pedro Sánchez prevé que el cierre de todas las centrales nucleares en España se realice de forma escalonada entre 2027 y 2035, una hoja de ruta que fue acordada entre el Gobierno, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), que deberá manejar a largo plazo la contención de los elementos radiactivos remanentes, y las empresas propietarias de las plantas.
La Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (ASIAN), que representa a unos 14 000 profesionales, manifestó su rechazo al cierre del parque nuclear español y, en especial, de la central nuclear de Almaraz. La asociación dijo que sus conclusiones se basaban en «criterios técnicos y científicos», además de las «consecuencias económicas y sociales» que conlleva dejar en servicio estas plantas.
El Consejo General de Ingenieros Industriales comunicó en marzo en el que no ven razones «técnicas ni medioambientales que justifiquen el cierre de las centrales», por lo que eliminar esta fuente sin un plan sólido podría comprometer los objetivos climáticos y disparar los costes energéticos para los consumidores y las industrias», informó el Periódico de la Energía.
Cerrar la central «sin contar con alternativas claras y viables es un riesgo significativo para la seguridad del suministro eléctrico en España», añadió.
Según el ingeniero de la central nuclear Almaraz, Juan Antonio Arjona «Tenemos muchísima renovable. Pero cuando no hay sol, cuando no hay agua y cuando no hay viento necesitamos una energía de respaldo, una energía estable y segura. Si vamos cerrando las centrales nucleares nos tenemos que apoyar en los ciclos combinados de gas».
Para Iván Hidalgo, presidente de la Asociación de Comercio Moralo, «nos están vendiendo el tema de las placas solares y nos están destrozando la dehesa […]. Todo eso no genera ni una décima parte de lo que genera Almaraz en la central nuclear», expuso Iván Hidalgo, presidente de la Asociación de Comercio Moralo.
El alcalde Sánchez advirtió previamente que sin la central de Almaraz se destruirá empleo directo e indirecto, disminuirán los ingresos municipales, desaparecerán proveedores, cerrarán comercios y se fomentará la despoblación de la zona.
A su juicio, «sería un error de bulto clausurar esta instalación puntera de producción de electricidad, que es básica para la garantía de suministro y la estabilidad del sistema, así como para contener los precios y las emisiones de CO2», y se estaría poniendo en riesgo la soberanía energética nacional «en un contexto global especialmente delicado».
Su opinión fue respaldada por el Alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz Agraz. «No podemos hacer menos que intentar pensar que esto va a seguir continuando. Esperemos que el gobierno recapacite».
Por su parte, el trabajador de la central nuclear de Almaraz, Javier Cenalmor, sostiene en que el cierre de Almaraz debe hacerse por medio de una transición justa.
«Sobre todo porque hay que crear aquí una industria que pueda compensar la perdida de trabajo que se va a generar aquí», agregó.
Negociaciones para una prórroga
Iberdrola, el socio mayoritario de Almaraz (52,7 %) presentará en la segunda semana de mayo un estudio sobre la propuesta de prórroga para la central nuclear al resto de las eléctricas accionistas de la planta —Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %)— para consensuar una postura común ante las autoridades y grupos de interés.
La intención es poder alcanzar un acuerdo antes de sentarse a la mesa de negociaciones. Posteriormente, las compañías pedirán un encuentro con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para que sirva de inicio formal de las negociaciones.
A principios de abril las tres empresas manifestaron interés en mantener activa la Central Nuclear Almaraz, mediante una prórroga del cierre de su primer reactor, previsto para 2027.
Denuncias contra la Central
Ecologistas en Acción de Extremadura se manifestó en contra del apagón del 10 de abril argumentando que la Central Nuclear de Almaraz ha superado con creces su periodo de vida útil y ante «la imposible gestión de sus residuos», pretender alargar su vida útil «es un ejercicio de irresponsabilidad que pone en peligro a la población civil, algo que no parece preocupar a las autoridades extremeñas».
Hasta la fecha quienes apoyan el cierre de la Central Nuclear se basan en problemas de seguridad por las bombas de agua, el envejecimiento de la estructura de más de 40 años y el impacto ambiental por el uso del agua del Tajo y el hecho que España no disponga un lugar para guardar los residuos nucleares altamente radiactivos en profundidad como otros países.
Años atrás, Ecologistas en Acción denunciaron repetidas fallas de la central, instando su cierre.
«Se trata esta vez de una de las dos turbobombas que mueven el agua en el circuito secundario de los generadores de vapor. Este fallo hizo parar la central ayer por la mañana y se suma a los otros problemas que tiene la central, que aumentan su inseguridad».
En 2016, Los inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) alertaron de fallos en el sistema de refrigeración de servicios esenciales de Almaraz. Tras dos averías en los motores de las bombas de agua, cinco técnicos realizaron una inspección y concluyeron que no hay «suficientes garantías» de que el sistema pueda funcionar con normalidad.
La Central Nuclear de Almaraz respondió que las cuatro bombas que forman parte del Sistema de Agua de Servicios Esenciales «se encuentran operando con normalidad», una vez que el problema detectado «está solucionado y solventado».
En 2018, un informe del Grupo de Trabajo de Energía de ADENEX recogió información sobre esta central y detalló todos los accidentes, fallos o problemas que esta central ha sufrido en sus 37 años de vida desde su construcción en el año 1981 hasta entonces.
El documento indica que en 1981 los dos grupos atómicos de Almaraz inauguraron la construcción, la denominada «segunda generación», pero la unidad I inaugurada no pudo entrar en funcionamiento comercial hasta pasado un año y medio y la unidad II en 1983. Una vez en marcha «los problemas técnicos se suceden día tras día: Accidentes, calificados siempre de incidentes, errores, paradas no programadas, pequeños sabotajes, recargas fuera de la especificación, afectando a elementos esenciales de la seguridad, fallos humanos múltiples, faltas de previsión en la seguridad del recinto».
También afirma que se realizaron «alivios de presión sin los debidos controles de radiactividad, contaminación por tritio del río Tajo, problemas de refrigeración en el embalse de Arrocampo, transformadores incendiados, nueva inclinación de los edificios de combustible, fallos en los sistemas de medición de temperatura en el circuito primario, inutilidad y desconocimiento del plan de emergencia». Los problemas originaron más de 4000 modificaciones de diseño, algunas de gran envergadura.
Los autores temen por una deficiencia en el sistema de refrigeración, ya detectado en otras centrales de su misma generación. En 1986, se produjo una fuga de agua radiactiva a través de una fisura de los tubos instalados en la brida de la vasija del reactor, En el año 1988, nuevo accidente de fuga radiactiva al exterior, originado por el mal estado de los tubos de los generadores de vapor. Las posibles repercusiones en la población del entorno, quedaron «todavía sin aclarar».
En 2020 los ecologistas aseguraban que Almaraz presentaba «serios problemas de seguridad», pero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable sobre la solicitud de renovación, por ocho años, de la autorización de explotación de la central nuclear, condicionado a una serie de cambios tanto en el procedimiento como en las instalaciones.
El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y el Foro Extremeño Antinuclear (FEAN), plataformas de las que forma parte Ecologistas en Acción, consideran que esta central, que presenta «serios problemas de seguridad», tendría que abordar un proceso «complejo y excesivamente caro» si quiere cumplir con esas condiciones.
El último informe de MIA vuelve a reclamar el cierre de las centrales nucleares e indica que «el envejecimiento de las centrales nucleares se hace cada día más costoso y eleva el riesgo». El documento advierte que en los últimos cinco años hasta 2023, las centrales notificaron al Consejo de Seguridad Nuclear 164 sucesos con fallas que en promedio duraron 11 días, en su mayoría en la central Asco I y II , Cofrentes y Vandellós. Diez fallos se consideraron de mayor gravedad y se calificaron de nivel INES-1 —el nivel más bajo en la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos—. La central de Vandellós II destaca con cuatro INES-1, seguida de Trillo con tres. El peor incidente en España fue el incendio de Vandellós I en 1989, que se consideró INES-3 —incidente importante en la escala—.
Residuos radiactivos de Almaraz
Según un Plan de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno en diciembre 2023, el cierre de Almaraz implicaba ampliar el cementerio de residuos nucleares de El Cabril, Córdoba, para albergar los residuos de baja y media radiactividad, así como construir un nuevo reservorio ATI exclusivo para los de alta radiactividad hasta que se tenga el definitivo Almacén Geológico Profundo (AGP) previsto no antes del 2075, informó el Diario El Salto.
En febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó la resolución para construir 27 celdas en una nueva plataforma, ya que en su configuración actual se encuentra al 83 % de su capacidad, previsto en torno al año 2030.
Además, se autorizó el impacto del nuevo almacén ATI-100 que «permitirá el almacenamiento de todo el combustible gastado y residuos especiales generados por el funcionamiento de ambas unidades durante toda su operación prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030», informó el Periódico de la Energía.
Ante la aprobación de esta normativa, el MIA sostuvo que «la mejor gestión de los residuos nucleares es no generarlos».
«La incapacidad de los anteriores gobiernos de abordar una gestión adecuada de los residuos nucleares está provocando una mala y peligrosa gestión de los mismos».
«La falta de una planificación adecuada a tiempo ha provocado la autorización de almacenes temporales individualizados (ATI) en el exterior de centrales nucleares para almacenar la totalidad de los residuos de alta actividad originados durante más de 40 años», algo que equivale, según las organizaciones, «a sacar la mierda radiactiva a la puerta» y supone elevar el riesgo nuclear.
También le resulta inaceptable que el Plan de Gestión de Residuos Nucleares «retrase la operación del almacenamiento definitivo hasta 2073. Es decir, se tardarán casi 40 años en dar una solución a los residuos nucleares de alta actividad, permaneciendo hasta entonces en el entorno de las centrales nucleares, manteniendo e incrementando el riesgo nuclear».
MIA sugiere que «según los datos disponibles, las empresas eléctricas que se han lucrado con la electricidad nuclear no aportan lo suficiente para la gestión de esos residuos, unos fondos que irán disminuyendo a medida que se cierran las centrales. Si no se soluciona, será la ciudadanía quien nuevamente terminará pagando una gran parte del coste».
Ecologistas en Acción sostiene que las empresas nucleares «obtienen grandes beneficios a costa de la degradación ambiental y del timo a la ciudadanía que se ve obligada a recurrir a sus servicios y luego no asumen los costes sociales de su cierre, como tampoco asumen los costes de la custodia de los residuos durante decenas de miles de años, gracias al apoyo de la administración central que les exime del enorme coste que supone la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP) y que va a acabar pagando la ciudadanía como colofón a esta colosal estafa».
Para ADENEX, sin la ampliación de El Cabril y el nuevo almacén in situ sería imposible cerrar Almaraz, según lo pactado y aprobado, en el calendario ordenado 2027-2035, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC.
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