En las calles de Rabat, Casablanca y Tánger, el clamor de la juventud marroquí resuena con fuerza inusitada. El movimiento GenZ212, bautizado en honor al año 212 de la era bereber que simboliza un renacer cultural, lidera protestas masivas que exigen reformas estructurales profundas: un sistema de salud accesible y moderno, una educación de calidad que prepare para el futuro, el fin de la corrupción endémica y medidas concretas contra el desempleo juvenil que roza el 47 %. Estas demandas no son caprichos; son el grito de una generación ahogada por la pobreza, el abandono estatal y un Majzén —esa red opaca de poder y privilegios alrededor de la monarquía— que perpetúa desigualdades abismales. Pero, ¿son estas revueltas un estallido espontáneo o una maniobra interna del régimen alauí para allanar el camino a una transición controlada? En mi humilde opinión, veo en esta crisis no solo riesgos para España, sino una oportunidad para replantear nuestra diplomacia con firmeza.
Recordemos el contexto sin dispersarnos en lo accesorio, contextualizando la situación con ciertos indicadores clave recogidos muy pertinentemente por mi admirado Koldo Salazar. Marruecos, bajo el reinado de Mohammed VI, enfrenta una crisis económica y social que se ha agravado en 2025. El desempleo juvenil es un polvorín, con millones de jóvenes sin oportunidades en un país que invierte en megaproyectos faraónicos como los puertos de Tánger-Med o los estadios para el Mundial de Fútbol 2030, pero descuida la base social. La región del Rif, históricamente marginada desde su incorporación forzosa en 1956, se erige como epicentro de la disidencia, reviviendo el legado de la República del Rif y denunciando décadas de represión, desde los «años de plomo» hasta el Hirak de 2017, donde líderes como Nasser Zefzafi fueron torturados y encarcelados. La respuesta del Estado ha sido brutal: arrestos masivos, detenciones arbitrarias y violencia policial que recuerdan las desapariciones de activistas saharauis recientes. Organismos internacionales como Amnistía Internacional documentan abusos sistemáticos, pero el régimen persiste en su cerrazón, erosionando su legitimidad.
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Mi perspectiva, forjada en análisis previos sobre el robo del Sáhara Occidental y la codicia marroquí por las Islas Canarias, es inequívocamente crítica. Marruecos no es un vecino fiable; es un régimen irredentista, como bien describe Ignacio Cembrero en una entrevista reciente de obligada lectura, con reivindicaciones pendientes sobre Ceuta, Melilla, las Chafarinas y hasta las aguas canarias ricas en minerales estratégicos como telurio y cobalto. Esta ambición territorial se camufla bajo una fachada de aliado occidental, pero se manifiesta en tácticas de guerra híbrida: el uso de la inmigración ilegal como arma de chantaje. En 2025, Canarias ha recibido ya cerca de 12 000 inmigrantes ilegales, muchos partiendo de costas saharauis bajo control marroquí, como La Agüera o Tarfaya. Esto no es casualidad; es una estrategia calculada para presionar a España, similar a las avalanchas en Ceuta (2021) y Melilla (2022), donde miles fueron usados como peones en disputas diplomáticas. Contrasta con Argelia, que, sin recibir fondos europeos, intercepta flujos masivos en sus fronteras sureñas, demostrando un compromiso real contra las mafias sin recurrir al chantaje rentable de Rabat.
En mi opinión creo que estas protestas podrían haber sido fomentadas internamente por facciones del régimen, anticipando una abdicación inminente de Mohammed VI —cuyos problemas de salud y ausencias prolongadas son notorios— en favor de su heredero, Moulay Hassan, un joven de 22 años formado en occidente y alineado con los intereses del Majzén. Esta maniobra buscaría una transición suave hacia una monarquía renovada, «joven y moderna», respaldada por potencias como Estados Unidos e Israel, que ya normalizaron relaciones con Rabat a cambio de concesiones en el Sáhara. El Mundial 2030 serviría de escaparate global: un evento de «concordia» que proyecte estabilidad, atraiga inversiones y abra nuevas puertas con Europa. Imaginen un Marruecos post-transición, con un rey millennial que seduce a la juventud protestante, integrando sus demandas superficiales mientras consolida el poder alauí. Sería una jugada maestra para perpetuar el statu quo bajo un barniz progresista.
Sin embargo, esta hipótesis no es ingenua; una transición monárquica en Marruecos sería compleja y riesgosa. El país acumula problemas internos graves: corrupción rampante, debilidad institucional y un aislamiento diplomático creciente, como el fracaso en etiquetar al Polisario como terrorista en EE. UU. o el rechazo de la ONU a su soberanía sobre el Sáhara. Podríamos enfrentar un trienio de inestabilidad, con luchas internas en el palacio real —entre hermanas del rey y facciones del Majzén— que desaten caos social. Decenas de miles de jóvenes, frustrados por la lentitud de las reformas, huirían del país. ¿Hacia dónde? Hacia España por supuesto, agravando la presión en Canarias y El Estrecho. No olvidemos la situación penitenciaria, que he abordado en múltiples ocasiones: cárceles sobrepobladas con presos políticos, torturas sistemáticas y condiciones inhumanas que violan derechos básicos, como en los casos del Rif o el Sáhara. Esta inestabilidad podría exportar no solo inmigrantes ilegales, sino inseguridad regional, con repercusiones en el SAHEL y el Mediterráneo.
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España, en este escenario, se halla en una posición cómoda para negociar triangulaciones diplomáticas. No debemos repetir la traición de Pedro Sánchez en 2022, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de migajas. En cambio, aprovechemos la vulnerabilidad de Rabat para exigir el fin del chantaje migratorio, el respeto a la autodeterminación saharaui —España sigue siendo potencia administradora de jure— y límites claros en sus pretensiones sobre Canarias. Debemos preparar el peor escenario, reforzar servicios policiales y de inteligencia para amortiguar impactos, como avalanchas migratorias o intentos de desestabilización. Invertir en vigilancia fronteriza, cooperación con Argelia y denuncias en la ONU no es belicismo; es realismo ante un vecino que nos ve como obstáculo en su sueño de «Gran Marruecos».
En conclusión, las protestas en Marruecos no son solo un grito por justicia; podrían ser el preludio de una transición orquestada o el detonante de un colapso. España debe actuar con visión estratégica: alertar, negociar y protegerse. Tolerar más humillaciones sería suicida. El futuro de Marruecos es incierto, pero el nuestro depende de no ceder ante un régimen que, en su codicia, amenaza nuestra soberanía. Es hora de alzar la voz en foros internacionales y defender nuestra posición con una determinación inquebrantable.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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