En los días previos al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, nuevas medidas represivas en China han suscitado un renovado escrutinio de organizaciones internacionales.
Informes recientes señalan que, en China, bajo el Partido Comunista Chino (PCCh), el espacio para la sociedad civil se ha ido reduciendo y persisten las detenciones arbitrarias y los procedimientos legales opacos que afectan a activistas, disidentes políticos, comunidades religiosas y abogados de derechos humanos.
Activistas, privados del debido proceso
Defensores de los derechos humanos afirman que la situación general de los derechos humanos en el país se ha deteriorado significativamente en los últimos años.
A principios de este mes, un tribunal de Xinyang, provincia de Henan, confirmó la condena a tres años de prisión del defensor de los derechos laborales Xing Wangli, al que declaró culpable de «provocar peleas y disturbios» y trasladó a prisión poco después del veredicto. Este cargo se utiliza habitualmente para atacar a disidentes.
Su hijo, Xing Jian, quien reside actualmente en Nueva Zelanda, declaró a The Epoch Times que su padre permaneció incomunicado durante su detención. Xing ha sido objeto de persecución durante mucho tiempo por su activismo y ya ha sido encarcelado cinco veces; en total ha cumplido 12 años y 8 meses de prisión, sin incluir los periodos de detención extrajudicial, vigilancia ni arresto administrativo.
«Esto muestra un claro patrón de persecución», afirmó Xing Jian, añadiendo que la presión se extiende más allá de las fronteras.
Al mismo tiempo, los participantes en las protestas del «Libro Blanco» de 2022 en China —las manifestaciones nacionales contra las restricciones de la COVID-19— siguen enfrentándose a consecuencias legales. Según diversos informes, muchos jóvenes manifestantes fueron acusados o juzgados a puerta cerrada en 2024 y 2025.
Los manifestantes del Libro Blanco siguen desaparecidos
Uno de los aspectos más preocupantes es la desaparición prolongada de algunos participantes. Un joven de Nanjing, identificado solo con el seudónimo «Xiao Fang», declaró a The Epoch Times que Li Kangmeng, estudiante de la Facultad de Comunicación de Nanjing que sostuvo una hoja en blanco durante las protestas, está desaparecido desde hace años.
Un informe de The Diplomat del mes pasado señaló que los casos relacionados con el Libro Blanco siguen su curso a escala nacional, citando cifras que indican que más de 100 participantes han sido detenidos desde finales de 2022.
Algunos han sido acusados o condenados en el último año, a menudo sin que sus familias hayan recibido información sobre los procedimientos judiciales.
Abogados de derechos humanos denuncian una presión creciente
La preocupación internacional también ha aumentado por el trato que reciben los abogados de derechos humanos en China. Human Rights Watch documentó la desaparición del destacado letrado Gao Zhisheng, de quien no hay información pública sobre su paradero ni su salud desde hace más de ocho años. Otro abogado, Xia Lin, ha estado prácticamente aislado del mundo exterior desde que recibió una condena de 12 años en 2016 por llevar casos políticamente delicados.
Mientras tanto, el también destacado abogado Yu Wensheng cumple una condena de tres años por «incitar a la subversión». A principios de este año se le permitió reunirse brevemente con su esposa, Xu Yan, y su hijo, en su primera visita familiar en dos años.
En una declaración conjunta de julio, Amnistía Internacional y Human Rights Watch afirmaron que, desde la represión masiva de abogados en 2015 —conocida como la «represión 709»—, los letrados chinos de derechos humanos siguen enfrentándose a detenciones, desapariciones, acoso y trámites de licencia profesional por motivos políticos. Varios abogados y sus familias sostienen que las condiciones se han endurecido aún más durante el último año y que algunos bufetes recibieron instrucciones de reforzar la supervisión del PCCh y reducir su participación en casos de interés público.
Un abogado de Shandong, familiarizado con el proceso anual de renovación de licencias, declaró a The Epoch Times que muchos colegas ya no están dispuestos a aceptar casos políticamente delicados.
«Los abogados de Shanghái llevan mucho tiempo sin autorización para gestionar casos delicados», afirmó. «Pekín, Shandong y Henan también utilizan las revisiones anuales de licencias como forma de presión».
Añadió que la asunción de casos relacionados con discursos políticos, iglesias clandestinas, practicantes de Falun Gong y otras cuestiones de derechos requiere la aprobación previa de las autoridades.
«Si los abogados rechazan las solicitudes de la policía, se arriesgan a perder su licencia al año siguiente y sus bufetes podrían enfrentarse a presiones oficiales», advirtió.
Grupos religiosos enfrentan redadas, arrestos y juicios secretos
Las comunidades religiosas, entre ellas grupos cristianos clandestinos y practicantes de Falun Gong, también han sufrido una presión creciente durante el último año.
Human Rights Watch informó el 14 de octubre de que las autoridades llevaron a cabo redadas coordinadas a principios de mes en la Iglesia Sión, una amplia red de iglesias domésticas clandestinas presente en Pekín, Shanghái, Zhejiang y otras cuatro ciudades. Cerca de 30 pastores, evangelistas y feligreses fueron detenidos. Reuters señaló que al menos 18 líderes de la iglesia fueron arrestados formalmente y se enfrentan a posibles penas de hasta tres años de prisión.
Un pastor de una iglesia doméstica de Anyang (China) declaró a The Epoch Times que su congregación ha sido interrogada en múltiples ocasiones este año y que se les ha instado a limitar la asistencia y a solicitar autorización para llevar a cabo actividades religiosas.
«Solo los familiares pueden asistir a las reuniones en casa; no se permite la entrada a personas ajenas», afirmó. «Los agentes de seguridad del Estado nos ordenaron acudir a las iglesias de las Tres Autonomías autorizadas por el Estado. Dijeron que las reuniones no registradas son ilegales».
Bajo el régimen del PCCh se implantó el «Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías», que integró iglesias cristianas en una estructura supervisada por el propio PCCh. La enseñanza en estas iglesias autorizadas por el Estado debe contar con la aprobación del Partido.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) informó en marzo de que numerosos practicantes de Falun Gong fueron detenidos o condenados en 2024 y 2025 por celebrar reuniones o distribuir materiales. Familiares declararon a The Epoch Times que las detenciones se llevaron a cabo sin documentación y que posteriormente resultó difícil obtener información sobre los detenidos.
Un peticionario de la provincia de Jilin, familiarizado con los casos de Falun Gong, declaró a The Epoch Times: «La policía y los tribunales tratan los casos de Falun Gong con extrema discreción. Los juicios y los veredictos suelen celebrarse a puerta cerrada. Ni siquiera podemos hacer preguntas».
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Presentada al público por primera vez en China en 1992, la práctica se difundió rápidamente de boca en boca, hasta alcanzar entre 70 y 100 millones de practicantes en 1999.
Temiendo que la popularidad de Falun Gong amenazara el poder del régimen, el PCCh inició una campaña de represión para erradicar la práctica el 20 de julio de 1999. Desde entonces, un número incalculable de practicantes han sufrido detenciones arbitrarias, trabajos forzados, tortura e incluso la muerte por sustracción forzada de órganos.
Se intensifican las restricciones a la libertad de expresión en línea
Los informes de derechos humanos de Human Rights Watch y del Departamento de Estado de Estados Unidos documentan el aumento de las restricciones a la libertad de expresión bajo el régimen del PCCh. Numerosos internautas chinos fueron detenidos en 2024 y 2025 por publicaciones sobre asuntos públicos, según el medio China Digital Times. Las familias afirman que la policía suele ordenar a los detenidos que borren sus cuentas posteriormente.
Un usuario, identificado solo por su apellido Lyu, declaró a The Epoch Times que sus cuentas de WeChat y Weibo han sido cerradas repetidamente. Se trata de plataformas de redes sociales chinas bajo la supervisión de la censura del régimen.
«Me han bloqueado siete u ocho cuentas», dijo. «Con el tiempo, empezaron a bloquearme incluso cuando no publicaba nada. La semana pasada cerraron otra. Deben haber rastreado el modelo de mi teléfono y mi dirección IP».
Un endurecimiento continuo
Li Li, académico especializado en el sistema legal chino, declaró a The Epoch Times que el año 2025 ha supuesto un endurecimiento continuo de las condiciones de los derechos humanos y que la opacidad de los procedimientos legales se ha convertido en un importante punto de controversia.
«Los incidentes públicos se trasladan cada vez más a los procesos judiciales», afirmó. «Tendremos que seguir de cerca cómo evolucionan el espacio para la expresión pública y el sistema legal el próximo año».
Xin Ling contribuyó a este informe.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times con el título «China Intensifies Crackdown on Civil Society Leading up to Human Rights Day».
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