En plena batalla legal entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias sobre quién tiene la responsabilidad de la primera acogida, un juzgado en Canarias cerró el 19 de mayo un centro de acogida para menores extranjeros en Las Palmas, y la Policía detuvo a nueve empleados para interrogarlos por delitos de lesiones, odio y amenazas.
El centro Emena La Fortaleza I, gestionado por la entidad Quorum 77, se encuentra en Monte Lentiscal, en la localidad de Santa Brígida, y acogía hasta ayer a menores extranjeros no acompañados (MENAS) tutelados por el Gobierno de Canarias. La decisión de cierre y precinto policial se tomó después que la Policía Autonómica registrara el centro y comunicara “numerosas evidencias y testimonios” sobre actividades ilícitas de las que serían víctimas los internos, informó Poder Judicial a través de un comunicado del 19 de mayo que cita a las autoridades del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas.
La policía informó sobre evidencias y testimonios de «lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas, todos presuntamente consumados en el ámbito de la actividad del centro».
Las actuaciones policiales derivaron de unas diligencias previas del Juzgado que actualmente están bajo secreto de sumario.
El Juzgado de Instrucción número 3 actúa en su calidad de juzgado piloto en materia de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, especializado en ese tipo de delitos, añadió el Poder Judicial.
También indicó que se notificó el cierre a la Consejería del Gobierno de Canarias con el fin de que «procure las medidas precisas para asegurar el bienestar y protección de las personas que allí residían».
Presunta paliza
Tras ser interrogados, los detenidos fueron puestos en libertad en las horas siguientes, sin que se haya decretado ninguna imputación formal contra ellos por parte del magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, informó CANARIAS7.
Sin embargo, no se descarta que el número de detenidos aumente, ya que solo fueron arrestados los empleados que estaban trabajando en ese momento.
Entre los detonantes de esta investigación figura la presunta agresión física a tres menores por parte de técnicos auxiliares educativos sin formación especializada en el trato con menores, informó el medio canario al acceder a los documentos.
La trabajadora social que desempeñaba su labor en el centro y la educadora responsable del protocolo médico —quien actualmente ejerce como directora— ambas fueron detenidas en ese momento.
Como el director territorial de Quórum 77 llevaba la gestión de más de una decena de centros pero no estaba físicamente en ninguno, se designó a la nueva directora. El propio Defensor del Pueblo tomó nota de los hechos.
El otro incidente se produjo cuando supuestamente un educador del centro grabó a su subdirector profiriendo insultos racistas contra los menores.
También se relata que hace pocos meses dos menores se habrían fugado del centro y, al regresar, fueron objeto de una paliza, por lo que estos denunciaron los posibles hechos a la policía.
La Policía de Canarias sigue recabando pruebas e información sobre lo que ocurría en ese recurso, gestionado para la comunidad autónoma por la entidad privada Quórum 77, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La investigación sigue abierta.
Según la agencia EFE, el juez ha dado instrucciones a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias para que «procure las medidas precisas para asegurar el bienestar y protección de las personas que allí residían», ya que se encuentran bajo su tutela.
En el pasado, el lugar se utilizó para menores sujetos a medidas correctivas judiciales, pero ahora servía como hogar para niños y adolescentes llegados en patera, gestionado por la empresa privada Quórum 77.
Si se tratara de un centro de internamiento de menores que cumplen medidas judiciales, estos contarían con una media de 70 vigilantes del servicio de vigilancia, informó en marzo la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario, Candelaria Delgado, en una sesión parlamentaria.
Pugna entre Canarias y el Gobierno central por la acogida de MENAS
Varias de las normas del protocolo del gobierno de Canarias para la atención a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) llegados en pateras y cayucos, que fueron aprobadas por el Ejecutivo de las islas en 2024, fueron anuladas en febrero por el Tribunal Constitucional (TC).
«La Comunidad Autónoma de Canarias no puede dejar de ejercer las competencias exclusivas que tiene en materia de asistencia social y protección de menores, en el caso de los menores no acompañados que llegan a España», comunicó el TC el 12 de febrero.
El Gobierno de Canarias dio instrucciones a las entidades colaboradoras de que no recibieran nuevos inmigrantes con cargo a dicha Comunidad Autónoma, salvo conformidad o autorización expresa previa de esta. A la vez alegaban que el Estado debía hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados.
El Gobierno español impugnó estas normas argumentando que «tales disposiciones eran contrarias al derecho a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del ser humano (art. 10 CE), y del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral de las personas (art. 15 CE)», añade el fallo.
Tras la orden del Tribunal la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, anunció mejoras en la acogida de los menores.
Sin embargo, a instancia del Gobierno de Canarias que exigió al Gobierno de España responsabilizarse por los menores el Tribunal Supremo le ordenó al Estado el 26 de marzo hacerse cargo de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo, que estaban en los servicios de acogida de las islas, en un plazo de 10 días.
A esto se agrega un tercer caso judicial esta semana, en el que el Tribunal Supremo ha aceptado examinar si el Estado tiene alguna competencia que asumir en la primera acogida de los menores inmigrantes que llegan a España sin adultos a su cargo, como sostiene el Gobierno de Canarias, de acuerdo a un documento al que ha tenido acceso la Cadena Ser y EFE.
El Gobierno de Fernando Clavijo llevó a los tribunales al Estado al no obtener respuesta a su requerimiento de que «ejerza todas las actuaciones correspondientes a su competencia constitucional de primer momento en materia migratoria respecto a los menores migrantes no acompañados, que están recogidas en su Protocolo Marco estatal, proporcionando mientras la atención inmediata necesaria con los medios previstos en el artículo 35.11 de la Ley Orgánica de Extranjería», dice el documento.
La Abogacía del Estado pidió al Tribunal Supremo que ni siquiera admitiera a trámite el recurso, porque bajo su criterio, el Gobierno de Canarias es la administración competente «en materia de acogida de los menores migrantes, sean o no acompañados y sean o no solicitantes de protección internacional».
El Gobierno se apoyó en el fallo del 12 de febrero, sin embargo de por medio también están las altas cifras de inmigrantes que están recibiendo las islas, entre ellos casi 6000 MENAS.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo decidió, por ahora, que le corresponde juzgar el caso, admite la petición del Gobierno de Canarias y, sin prejuzgar una respuesta, anuncia que examinará su recurso y fallará lo que corresponda conforme a derecho.
Otros centros de acogida de inmigrantes cerrados
La directora general de Protección a la Infancia de la comunidad autónoma, Sandra Rodríguez, declaró previamente a EFE que, en los últimos tres meses, su departamento ha ordenado a varias ONG al cargo de centros de acogida a que despidan a trabajadores implicados en «una falta de buen trato» a sus usuarios, que son niños y adolescentes.
Las organizaciones supuestamente han respondido a este requerimiento con el despido de estos trabajadores.
El 25 de abril, la Sra. Rodriguez informó a la agencia que se decretó el cierre del centro de acogida de menores migrantes de Playa Honda, en Lanzarote, conocido como Volcán de Timanfaya, por las malas condiciones en que se encuentra y por una gestión inadecuada.
Lo jóvenes inmigrantes habían reclamado «deficiencias en la comida y que no se les suministra ropa, además de las malas condiciones del inmueble».
Además, según la agencia, los menores también se quejaban de la ausencia de servicios de limpieza, lo que los obligaba a encargarse ellos mismos del aseo del lugar.
En julio pasado, también fue clausurado el centro Casa del Mar de Arrecife por supuesta «mala gestión».
Los residentes de este centro difundieron imágenes en las que se apreciaba un intento de autolesión por parte de uno de los menores. Hechos similares ya se habían registrado anteriormente, requiriendo en algunos casos la atención urgente en centros médicos debido a las heridas autoinfligidas.
Con información de EFE.
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