Varias plataformas ciudadanas presentaron una demanda que se anuncia como la primera de una serie de demandas dirigidas contra el Clúster del Maestrazgo, un conjunto de 20 proyectos eólicos de un total de 882,85 MW, donde 180 kilómetros de líneas de alta tensión ocuparían parte el espacio protegido de la Red Natura 2000, lo que supondría la pérdida de millones de árboles, promotores de vida y paisaje.
La Red Natura 2000, una red ecológica de áreas protegidas creada por la Unión Europea para conservar los hábitats con las especies más valiosas que se encuentren amenazadas en el continente, está compuesta por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El proyecto también afecta a la ganadería y la agricultura lo que impulsa a la despoblación de los territorios.
«Más de dos tercios de los molinos o aerogeneradores están instalados dentro de la ZEPA del Maestrazgo. En ese mismo proyecto, todas las líneas, caminos, etcétera, que tienen como infraestructuras asociadas, también están en parte dentro de la ZEPA. Luego, incluso afecta a una zona de especial protección para las aves que está en la zona de Castellón por la línea de evacuación», dijo a Epoch Times España Javier Oquendo, portavoz de Plataforma a favor de los paisajes de Teruel que interpuso la demanda ante el Tribunal Supremo, dado que fue un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros al existir administraciones de la Comunidad Valenciana que estaban en contra.
El recurso se presentó con la colaboración de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, el Movimiento ciudadano Teruel Existe y la Plataforma NOalaMAT, apuntando contra la central eólica Cid I y la línea de evacuación desde la subestación trasformadora «Iglesuela», hasta la Subestación de Red Eléctrica en Morella y contra la modificación de la autorización, la construcción y la utilidad pública.
Asimismo se recurre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que es única para todas las centrales e infraestructuras proyectadas en el Clúster del Maestrazgo.
«El Clúster Maestrazgo incurre en supuestos de nulidad por causas muy diferentes, entre ellas fraude de ley, (…) vulneración de normas esenciales del procedimiento de evaluación ambiental con modificaciones y además que no fueron objeto de información pública», dijo Oquendo. «También sobresale el hecho de admitir un estudio de impacto que (…) no reunía los requisitos mínimos, por carecer de determinados informes preceptivos».
El portavoz señala que la Declaración de Impacto Ambiental dio indicaciones de «modificaciones y rectificaciones sustanciales al proyecto, algo ajeno a las finalidades de este tipo de resoluciones, puesto que su razón de ser es establecer medidas para evitar o limitar el impacto ambiental, no ejercer de promotor».
Millones de árboles afectados
En la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel concentra una serie de personas, entidades y asociaciones, que se unieron para proteger una zona que consideran de gran valor natural, acreditada «de una forma fehaciente».
«Este proyecto a nivel nacional ha tenido muchísima repercusión, por lo que supondría la eliminación de entre un millón y dos millones de árboles. Es algo que hay que cuantificar. La empresa no lo ha hecho, no lo ha cuantificado, pero sí que es un volumen importante, sobre todo no por los (…) molinos que tienen una deforestación no tan significativa, sino por los 180 kilómetros de líneas de alta tensión que deben ser limpiados debajo de ellas. Entonces, ahí sí, la afección sería muy fuerte y la eliminación del bosque también», dijo Oquendo.
«El trámite administrativo se superó de una forma un tanto extraña», agregó, ya que «la declaración de impacto ambiental del proyecto de Matarraña», que rechazó el proyecto eólico en julio, se hizo con los mismos argumentos de Red Natura que los presentados contra el Clúster de Maestrazgo «e incluso con muchos menos», lo que permite sugerir que «la declaración de impacto ambiental del Maestrazgo también debería haber salido negativa».
De hecho, «los proyectos eólicos de Forestalia [Cluster de Maestrazgo] fueron autorizados ambientalmente sobre los mismos puntos donde ahora se emite declaración de impacto ambiental desfavorable para otros proyectos de Green Capital», destacó a su vez la Plataforma Teruel Existe.
«Se presentaron un año más tarde, pero fueron autorizados ambientalmente mucho antes teniendo 30 molinos en las mismas posiciones que los proyectos con declaración de impacto ambiental desfavorable de Green Capital», agregó, advirtiendo que «el Matarraña sigue amenazado porque Forestalia pretende resucitar sus proyectos que perdieron».
Oquendo tambien indicó que «el trámite administrativo llegara ya a la autorización de construcción y a la declaración de utilidad pública —otro tema bastante controvertido que habría que analizar». Por esto «la solución ha sido acudir al juzgado».
El proyecto conjunto incluye 20 parques eólicos, que el juzgado consideró que eran 20 proyectos distintos, «lo cual ya genera cierta duda sobre si el trámite administrativo se ha hecho correctamente», en un debate complejo en que «el sector eléctrico es prioritario, de ahí que se están aprovechando las empresas».
Para la central eólica Cid I, el Consejo de Ministros autorizó un proyecto que involucra a dos comunidades, una de las cuales —la Comunidad Valenciana—, que tenía discrepancias al respecto, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para impugnar dicha decisión. Este fue aceptado la semana pasada.
A continuación, las plataformas ciudadanas presentaron la demanda por trámite irregular.
«Esto se fundamenta en las leyes del sector eléctrico, las leyes de participación ciudadana y las leyes de evaluación ambiental. Fundamentalmente, estos tres tipos de leyes que a veces son muy variadas porque tienen la ley, el decreto y las correcciones», dijo el portavoz.
«Lo que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite ahora es esta demanda con argumentos jurídicos muy sólidos para afirmar que el procedimiento se ha hecho de forma incorrecta. Ahora hay que esperar a que el juez decida. También se solicitaron medidas cautelarísimas, es decir, medidas cautelares de carácter urgente.
«Aunque el juez no las estimó, ya que no consideró que existiera un peligro inminente de un mal mayor. Sí, reconoció que hay un daño ambiental, pero no lo calificó como inminente».
«El juez concedió 10 días a la parte demandada, que son el Ministerio y la empresa, para que presentaran sus contra alegaciones, por tanto, el 10 de septiembre el juez deberá tener ese escrito y decidir si aplica las medidas cautelares lo que significa que se paralice el proceso hasta que decida él o el juzgado».
Estas medidas se aplicarían «hasta que la sala número tres del contencioso-administrativo del Tribunal Supremo decida qué es lo que hace con el proyecto, si considera que realmente se ha tramitado mal y, por tanto, lo rechaza o si considera que se ha tramitado bien y sigue el curso».
«Hasta ese momento estaría paralizado porque los daños ambientales que se van a producir son muy importantes y por el principio de cautela que es un principio que la propia Unión Europea recomienda, pues exige o pide que hasta que no se analice bien, pues no se haga nada que pueda luego ser irreversible y que no se pueda mejorar ese daño que se ha producido».
El Ministerio de Política Territorial dice que el Cluster Maestrazgo afecta a los siguientes términos municipales: Fortanete, Mosqueruela, La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Villarluengo, Tronchón, Mirambel y Puertomingalvo (Teruel).
Además, la Infraestructura de evacuación, en su alternativa A, afecta a Cantavieja, La Iglesuela del Cid (Teruel); Portell de Morella, Cinctorres y Morella (Castellón) y en su alternativa B, a Cantavieja, Mirambel y La Cuba (Teruel); La Mata de Morella, Todolella, Cinctorres y Morella (Castellón).
Copenhagen Infrastructure Partners busca resarcir daños con 2 millones euros por municipio
El proyecto se formó con 20 empresas sociedades limitadas que pertenecían a una sola empresa del grupo Forestalia, aunque ahora el responsable es el fondo Copenhage Infrastructure Partner. Las infraestructuras de evacuación de los 20 parques incluyen 10 subestaciones eléctricas y 14 líneas de alta tensión.
Según datos publicados por el Ministerio, el proyecto obtuvo permisos de Red Eléctrica España en 2019 y 2020, una declaración de impacto ambiental en conjunto en 2022, y una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 2023.
El 4 de mayo de 2023, el promotor solicitó la acumulación de los complejos eólicos autorizados en un mismo expediente y a continuación la solicitud de una serie de modificaciones.
El director de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) en España, Javier Prados, dijo en marzo a Energías renovables que esperaban iniciar las obras de construcción en semanas, y que los primeros parques puedan comenzar a verter energía a la red a finales de 2026
«Es un proyecto que generará entre 120 y 140 millones de euros en tributos y otras contribuciones locales, redundará en mejorar la vida de los vecinos a través de la aprobación de medidas de carácter social y económico, pero también de la comarca, gracias al fondo de solidaridad territorial acordado por la asociación», según Prados.
El director de CIP afirmó que el 100 % de los municipios en los que se instalarán los aerogeneradores apoyan el proyecto y están aprobando ya en los plenos municipales medidas de todo tipo, social, económicas, impositivas, sanitarias, a las que destinarán los ingresos, lo que se contradice con el recurso de la Comunidad Valenciana, en particular el Ayuntamiento de Morella.
Con dos millones de euros, dijo Prados se pretendería compensar a cada municipio, la pérdida del sector agrario, social y paisajístico.
El director también sostuvo que «ningún aerogenerador del Proyecto se ubica sobre la Red Natura 2000 en Zonas de Especial Protección para la Avifauna (ZEPA), como tampoco lo hacen sus plataformas y líneas internas. La única afección del proyecto en zona ZEPA es una que ya existe con la actual línea de evacuación propiedad de Renomar y que sustituiremos por otra más moderna».
«Cuando Prados afirma que el Clúster no afecta a la Red Natura, contradice estudios rigurosos que muestran las graves afecciones del Clúster a dicha red y, por tanto falsea la realidad», responde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel.
Morella: pérdida del paisaje, agricultura y ganadería«potenciará la despoblación»
A pesar de que ninguno de los 125 aerogeneradores de las 20 instalaciones eólicas ni ninguna de las dos megaplantas solares que constituye el Clúster del Maestrazgo están en Morella ni en la comarca de Els Ports, «su línea de evacuación supone un gran impacto ambiental para los territorios de Teruel y Castelló».
«La instalación de los aerogeneradores generará la deforestación de 125 hectáreas de terreno, además de la construcción de 300 kilómetros de pistas forestales de gran ancho. Además, los 173 kilómetros de líneas eléctricas, que atraviesan la comarca dels Ports, también suponen la deforestación de 90 metros de ancho por donde pasan», informó el Ayuntamiento de Morella el 13 de septiembre de 2024.
Los datos indican que se talarán más de dos millones de árboles, sobre todo pinos, pero también ginebros, chopos, y muchas especies protegidas como los distintos tipos de sabina de esta zona. Además, existen tres Zonas Especiales de Conservación (ZEC), incluidas en la Red Natura 2000 y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Con este argumento, el ayuntamiento interpuso un recurso, pero el alcalde Bernabé Sangüesa advirtió que «es curioso que, justo el parque que tiene la línea y que nos afecta directamente, es lo que no permite presentar recurso de alzada, por lo que la hemos tenido que presentar al inmediato colindante».
El edil manifestó su «rechazo frente a esta decisión, ya que se cierran las puertas a protestar y recurrir tanto a las personas particulares afectadas como a los ayuntamientos de los pueblos de Portell, Cinctorres y Morella». El alcalde también expuso los daños en la región.
«Ni la empresa ni el Gobierno de España ha escuchado las razones por las que no queremos que estos macroproyectos energéticos estén en nuestro territorio, porque impiden la vida y trabajo del territorio basado en el agricultura y la ganadería», dijo Sangüesa.
«Creemos que la decisión de darle la utilidad pública al proyecto no tiene ningún fundamento legal y es un atropello a los derechos de vecinos y ayuntamientos».
«Este proyecto es incompatible con la vida de los morellanos», que viven del turismo o que viven de las tierras, con dos motores económicos de la comarca, la agricultura y la ganadería, dijo Sangüesa a Castellón del Día.
Si el Clúster del Maestrazgo se materializa, «favorecerá y potenciará la despoblación».
El ayuntamiento informó el 3 de agosto que desde el miércoles representantes y personal comercial de la empresa Forestalia ha estado visitando las casas de algunos de los afectados por las líneas de muy alta tensión que la empresa quiere ubicar en Els Ports. «En estas visitas hablaron con vecinos y vecinas y además entregaron unas cartas en las que se les explica las condiciones impuestas por la empresa de cesión de sus terrenos».
«Desde los Ayuntamientos de Portell, Cinctorres y Morella se tiene la convicción de que estas visitas enfrentan a los ciudadanos, les presionan y no les dejan decidir en libertad (…) Cada vecino o vecina puede, libremente, firmar o no este documento, pero desde los ayuntamientos recomendamos que antes de firmar ningún documento se informen con técnicos o expertos jurídicos para no suscribir ninguna cláusula abusiva».
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