En los últimos años, España se ha consolidado como un líder europeo en energía solar fotovoltaica, con una capacidad instalada que —según datos oficiales— creció de 7 GW en 2018 a 32,3 GW en 2024.
Este auge, impulsado por las políticas del gobierno de Pedro Sánchez y los objetivos de descarbonización de la Unión Europea, ha transformado el paisaje energético, pero a un coste —que muchos consideran— insostenible: la pérdida de tierras agrícolas, especialmente olivares.
La narrativa oficial celebra la transición energética como un paso hacia la sostenibilidad, pero en regiones como Jaén, Córdoba, Granada y Extremadura, los agricultores denuncian que las plantas fotovoltaicas están arruinando el campo.
¿Qué está pasando con el mercado renovable español? ¿Por qué los megaproyectos están «desapareciendo» en favor de proyectos más pequeños? Y, sobre todo, ¿por qué las expropiaciones forzosas parecen implacables en su avanzada?
La caída de los megaproyectos y la fragmentación estratégica
Desde hace un par de años, el mercado de energías renovables en España ha experimentado un cambio drástico. Según datos de la consultora TTR Data, las transacciones de activos renovables cayeron un 68% y la inversión movilizada se redujo un 62% en comparación con 2023.
La era de los megaproyectos fotovoltaicos, como la planta Núñez de Balboa (Badajoz, 500 MW, 525 hectáreas), parece haber terminado. En su lugar, los fondos de inversión están «troceando» cientos de activos en proyectos más pequeños, generalmente de menos de 50 MW.
Esta fragmentación responde a varias ventajas estratégicas.
Una de las claves de este cambio es que los proyectos menores de 50 MW se tramitan a nivel autonómico, enfrentando menos regulaciones que los gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
El apagón del 28 de abril pasado, que dejó a España, Portugal y parte de Francia sin electricidad, aceleró esta tendencia.
El incidente, causado por la alta penetración de fuentes renovables no síncronas (66% de la generación) y la falta de inercia en el sistema, generó incertidumbre sobre la regulación futura del sector.
Es por ello que los fondos de inversión están optando por proyectos más pequeños para mitigar riesgos técnicos y regulatorios, especialmente tras las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la volatilidad de la red.
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Los proyectos de 50-100 MW, al tener un impacto más limitado en la red, son menos propensos a desequilibrios como los observados en el apagón, lo que los hace más atractivos para los inversores.
Por ejemplo, en Granada, el proyecto Ence Atarfe se dividió en tres fases de menos de 50 MW, lo que permitió a la Junta de Andalucía agilizar las autorizaciones y expropiaciones de 76 hectáreas en 2024. En León, proyectos como La Llanada y Caelum IV siguieron un patrón similar, con 83 fincas expropiadas en 2024 para plantas fragmentadas.
No obstante, en diálogo con The Epoch Times España, Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, denuncia que esta práctica constituye un «indudable fraude de ley», ya que «la evaluación de la idoneidad ambiental para instalar estas plantas se tiene que llevar a cabo en su conjunto»
«Si aplicas una fragmentación intencionada estás falseando el verdadero impacto que va a suponer una instalación de esta naturaleza en el medio natural», afirma la representante del movimiento que nuclea a cientos de organizaciones rurales en España.
De hecho, la justicia acaba de tumbar una megaplanta en la provincia de Córdoba por un fraude de ley. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la autorización concedida previamente a Calentona Servicios y Gestiones S.L. ya que considera que la empresa incurrió en un fraccionamiento artificial del proyecto, dividiéndolo en tres partes (Caballo I, II y III) con el objetivo de mantener cada instalación por debajo de los 50 MW y así eludir la competencia del Estado y los requisitos ambientales más exigentes.
El Real Decreto-ley 7/2025
En respuesta al apagón, el gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2025, publicado en el BOE el 25 de junio, con medidas para reforzar el sistema eléctrico, incluyendo la simplificación de autorizaciones para almacenamiento híbrido y la ampliación del autoconsumo a 5000 metros para plantas <5 MW.
Aunque el decreto buscaba agilizar trámites administrativos, incluidas las declaraciones de utilidad pública que facilitan expropiaciones, fue derogado por el Congreso de los Diputados el pasado martes, tras el rechazo de partidos como PP, VOX y Podemos.
Desde SOS Rural, agrupación que defiende la actividad económica y social del medio rural, celebraron esta decisión, afirmando que se trata de «una muy buena noticia». Sin embargo, la derogación no detiene la tendencia de expropiaciones, ya que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico sigue permitiendo declarar proyectos energéticos como de utilidad pública, facilitando la ocupación de tierras agrícolas.
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El mecanismo de expropiación: utilidad pública como arma legal
Bajo la Ley 24/2013, los proyectos energéticos con potencia superior a 3 MW pueden ser declarados de «utilidad pública».
Una vez otorgada esta declaración, si los propietarios no aceptan arrendar (por ejemplo, a 1500-3000 euros/ha al año en Jaén) o vender, las parcelas son expropiadas forzosamente.
El proceso, regulado por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, comienza con una notificación en el BOE o ayuntamientos, seguida de un periodo de alegaciones de 30 días.
Si las alegaciones son desestimadas, se fija un justiprecio, que puede ser apelado ante el Jurado Provincial de Expropiación.
Las expropiaciones son más rápidas en proyectos pequeños (<50 MW) porque se tramitan a nivel autonómico, donde las regulaciones son menos estrictas y el escrutinio público es menor.
Solo en la provincia de Granada (Andalucía) se han expropiado más de 2200 parcelas en los últimos dos años.
Casos controvertidos: olivares en el punto de mira
Las expropiaciones han generado conflictos en regiones agrícolas clave.
Según reportes, en Jaén y Córdoba, un proyecto fotovoltaico de 4000 hectáreas, promovido por una multinacional británica, afecta a 1000 agricultores y obligará a talar 100 000 olivos.
Los agricultores denuncian que las indemnizaciones no compensan el valor económico y sentimental de sus olivares, ni la pérdida de subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC).
«Hay ciertas cosas que carecen de precio, tienen tanto valor histórico, familiar, sentimental…, que no hay dinero suficiente que lo compense», sintetiza Corbalán de SOS Rural.
En este caso, los agricultores rechazaron los contratos de arrendamiento con Greenalia, compañía que ofrecía 3000€/ha, «un precio ridículo —afirma Corbalán— si lo comparamos con los beneficios que le deja la venta de la aceituna y su posterior transformación en un aceite de oliva de extraordinaria calidad».
En Extremadura, la planta Núñez de Balboa (500 MW) fue declarada parcialmente ilegal en mayo de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia, que ordenó devolver 500 hectáreas expropiadas a sus dueños. Sin embargo, la planta, operada por Iberdrola, sigue funcionando mientras se resuelven recursos legales.
En Granada, el proyecto Ence Atarfe expropió tierras, generando protestas por la falta de transparencia, ya que muchos propietarios se enteraron por notificaciones en el BOJA tras procesos avanzados.
Estos casos ilustran cómo las expropiaciones suelen beneficiar a grandes corporaciones como Iberdrola, Ence Energía, o multinacionales extranjeras, alimentando críticas de especulación.
El abogado José Guiote señala que, de esta forma, la figura de utilidad pública, heredada de normativas preconstitucionales, favorece a grandes empresas privadas «cuyas rentas y tributaciones se marchan al extranjero» en detrimento de los dueños de esas tierras que son despojados forzosamente de las mismas.
La resistencia del campo: «Renovables sí, pero no así»
La oposición ciudadana, liderada por plataformas como STOP Megaplantas Solares y Campiña Norte, ha crecido desde 2021, intensificándose tras el apagón de 2025.
En Jaén, los agricultores denuncian que las plantas fotovoltaicas destruyen olivares centenarios, esenciales para la economía local. «No quiero dinero ni placas, lo que quiero son mis olivos», afirmó un agricultor local.
Corbalán comparte esta postura y aclara que la organización que representa «no está en contra de las energías renovables, está en contra de la manera desordenada y especulativa en cómo se está llevando a cabo este avance».
De hecho, SOS Rural no se queda solo en la denuncia sino que propone alternativas como «priorizar suelos degradados, zonas industriales, cubiertas de edificios, márgenes de infraestructuras» y urge un «mapa de zonificación nacional que determine en qué zonas sí y en cuáles no», siguiendo el ejemplo de Italia y Francia.
En este marco, el 22 de julio SOS Rural, junto a Ecología y Libertad, ha anunciado una «macrocausa judicial» para frenar las expropiaciones en Jaén.
«Antes de que finalice el mes de julio emprenderemos acciones legales, empezando por la vía administrativa, para instar la revisión de oficio de todos los proyectos del municipio de Lopera, los que están ya en funcionamiento y los que todavía están en tramitación», detalla Corbalán en diálogo con este medio.
Estas acciones buscan suspensiones cautelares y no descartan la vía contencioso-administrativa.
La plataforma ha recaudado más de 132 000 firmas para detener la tala de olivos, con el objetivo de llegar a 300 000 antes de fin de año.
ASAJA, por su parte, denunció que los proyectos fragmentados en León, como La Llanada, afectan cultivos tradicionales y amenazan la viabilidad de las explotaciones familiares.
«Se están desmantelando miles de hectáreas de S.A.U (superficie agraria útil) tanto de secano como de regadío, que nos dejarán sin soberanía y seguridad alimentaria», advierte Corbalán.
Un futuro incierto para el campo español
El auge de las energías renovables en España, impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez desde 2018, ha transformado el sector energético, pero a un coste elevado para el campo.
Aunque el Real Decreto-ley 7/2025 fue derogado, la fragmentación de proyectos y las expropiaciones persisten bajo la Ley 24/2013, afectando miles de hectáreas de olivares y cultivos tradicionales.
Es por ello que muchas de las organizaciones que defienden los intereses rurales pugnan por un cambio estructural: «Queremos ir a la raíz; que, desde los gobiernos, tanto central como autonómico, se legisle para impedir que estas tierras puedan verse en riesgo de destrucción por la especulación», concluye Corbalán.
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