El expresidente y exministro de Economía de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz. Este jueves, la Fiscalía presentó una imputación formal en su contra por presunta malversación de fondos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso del Fondo Indígena.
El Ministerio Público solicitó que Arce permanezca detenido por tres meses en el penal de Qalauma, en Viacha, de acuerdo con el documento de imputación citado por El Deber, que describe al Fondo Indígena como uno de los mayores escándalos de corrupción del anterior Gobierno encabezado por el Movimiento al Socialismo (MAS).
La Fiscalía sostuvo que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, y que los indicios de participación del exmandatario en decisiones que derivaron en un desvío irregular de recursos públicos son suficientes para sustentar la medida.
La imputación señala que Arce, en su condición de miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), y en razón de su cargo como ministro, «sugirió, promovió y autorizó la canalización irregular de fondos públicos hacia cuentas particulares», en contravención de la normativa de creación del fondo.
Eduardo León, abogado denunciante del caso, dijo al medio de prensa que Arce en una reunión del directorio estableció «el mecanismo, la manera y la forma en cómo se puede trasferir los recursos del Estado a cuentas particulares, señalando que no está prohibido y tampoco está permitido».
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la detención y afirmó que Arce es investigado porque, cuando se desempeñaba como ministro de Economía, se autorizaron desde el Fondo Indígena traspasos de importantes sumas de dinero del Estado «a cuentas particulares», incluidas transferencias a proyectos fantasma o a proyectos que se ejecutaron de manera parcial, informó EFE.
Arce, que prestó declaración en presencia de una comisión de fiscales y asistido por su defensa técnica, decidió acogerse a su derecho al silencio, declaró a los medios el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. Tras esa diligencia, añadió, el exmandatario fue trasladado nuevamente a celdas policiales, donde permanece a la espera de su audiencia cautelar.
El expresidente pasó la noche bajo custodia en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde recibió la visita de su esposa, familiares, personal de la Defensoría del Pueblo y peritos forenses.
En relación con el proceso, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó este jueves que la justicia en Bolivia «no reconoce fueros ni privilegios», según declaraciones recogidas por el medio boliviano El Erbol.
Saucedo indicó que la detención de Arce se produjo dentro de las competencias de la Fiscalía, tras una denuncia presentada por la nueva administración del Fondo de Desarrollo Indígena, y aseguró que se garantizará el debido proceso, el derecho a la defensa y la posibilidad de que el imputado utilice todos los mecanismos legales que considere pertinentes después de la audiencia prevista para el 12 de diciembre.
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Un daño económico de 360 millones de bolívares
Oviedo informó que la investigación de la Fiscalía apunta a un daño económico de 360 millones de bolivianos (44,4 millones de euros), aunque advirtió que estimaciones preliminares elevan la cifra a un monto mucho mayor si se toman en cuenta los casos conexos.
«El daño económico es gigantesco», afirmó Oviedo, al señalar que los 360 millones de bolivianos son «apenas uno de los múltiples hechos irregulares descubiertos. Vamos a llegar hasta el final».
Uno de los puntos centrales de la investigación citados por El Deber, se refiere a la aprobación del proyecto presentado por la entonces dirigente campesina Lidia Patty Mullisaca, quien en 2010 recibió una importante suma de dinero para la construcción de invernaderos en la provincia Bautista Saavedra.
Según la investigación, el proyecto fue aprobado con una lista de beneficiarios dudosos y documentación incompleta, y el desembolso se realizó directamente a la cuenta personal de la dirigente, quien actualmente se encuentra detenida en el penal de Obrajes.
Los hechos ocurren un mes después de que Rodrigo Paz Pereira tomara juramento como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de cinco años, abriendo un nuevo ciclo político y económico en el país sudamericano, marcado por 20 años de gobierno de MAS, con las administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
«El país que recibimos está devastado, nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años. Nos dejan inflación, escasez, deuda, desconfianza; nos dejan un Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo».
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«No fue notificado», afirma su exministra de la Presidencia
Por otro lado, la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que Arce no fue notificado ni convocado formalmente a declarar antes de su aprehensión.
«Estaba solo, lo han metido a un minibús con vidrios negros, es lo que tenemos conocimiento», declaró Prada a los medios en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en la ciudad de La Paz, a donde acudió para obtener información sobre la detención del exmandatario.
El diario El Deber citó al abogado Martín Camacho, quien cuestionó el traslado de Arce al centro de reinserción Qalauma. Según explicó, este recinto fue creado en 2011 para jóvenes de entre 16 y 21 años, por lo que —a su juicio— Luis Arce, de 62 años, no encaja en los criterios legales establecidos para su ingreso en ese centro.
Con información de EFE
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