El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, presentó en Madrid el último Estudio Económico de España, un documento que celebra el liderazgo español en crecimiento —con un 2,9 % del PIB previsto para este año y un 2,2 % para 2026— pero que lanza una dura advertencia: sin reformas profundas, la deuda pública, que se sitúa alrededor del 103 % del PIB, se disparará por el envejecimiento poblacional, el gasto en pensiones y presiones como el cambio climático o la defensa.
De hecho, para algunos especialistas, este informe no es solo un diagnóstico técnico, sino un grito de alarma contra un Estado intervencionista que prioriza —cada vez más— el gasto clientelar sobre la eficiencia de los mercados.
El auge económico: ¿Realidad o ilusión inflada por el Estado?
España se presenta como la locomotora de Europa, con un crecimiento que supera la media de la UE y de la OCDE.
La OCDE atribuye este vigor a la resiliencia del sector privado —turismo, exportaciones y consumo— pese a la desaceleración global.
Pero economistas como Daniel Lacalle cuestionan este «milagro» alertando que el PIB se «infla con gasto político, inmigración y fondos europeos», mientras el PIB per cápita —ajustado por inflación— se estanca en niveles inferiores a los de 2008.
De hecho, un trabajo reciente del centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, muestra que en el período 2019-2024 —prácticamente todo el Gobierno de Pedro Sánchez—, si bien el PBI —descontando la inflación— creció un 6,6 %, esto se debió fundamentalmente al crecimiento poblacional —inmigración— (3,7 %) y al consumo público —básicamente salarios estatales— (2,6 %). El sector privado, en su conjunto, prácticamente no creció.
El informe de la OCDE corrobora este diagnóstico al advertir de «presiones fiscales a largo plazo». Según los cálculos de la organización, el envejecimiento demográfico impulsará el gasto en pensiones, sanidad y dependencia en 5,2 puntos del PIB hasta 2050.
La trampa de las pensiones
El núcleo del informe es el capítulo sobre pensiones, donde la OCDE diagnostica una «brecha creciente entre gasto e ingresos» que podría devorar las finanzas públicas.
El gasto en jubilaciones se elevará en 3,2 puntos del PIB de aquí a 2050, agravado por la indexación a la inflación —que ha elevado las pensiones un 8,5 % en 2023 y un 3,8 % en 2024— y la ausencia de ajustes automáticos por longevidad.
Cormann fue tajante en Madrid: «Se prevé que la brecha entre el gasto y los ingresos en pensiones se amplíe en las próximas décadas».
La organización recomienda ampliar el período de referencia para calcular pensiones o vincularlas a la esperanza de vida, evitando subidas en cotizaciones que «aumentarían aún más la cuña fiscal del trabajo y podrían perjudicar el empleo».
Daniel Lacalle, columnista habitual de The Epoch Times, ha advertido repetidamente que los sistemas de reparto como el español son «insostenibles» y generan «deuda disparada e impuestos asfixiantes».
Lacalle, consultado por este medio sobre las propuestas de la OCDE, considera que son claramente insuficientes: «La situación del Sistema de Pensiones de España es extremadamente compleja porque se ha multiplicado por cuatro la deuda de la Seguridad Social con unas políticas en las que se han aumentado masivamente los impuestos y se ha empeorado significativamente la sostenibilidad del Sistema de Pensiones».
Para el economista, la solución pasa por «el cambio a un modelo mixto, como el que tienen todos los países líderes de la Unión Europea», pero va más allá: «No solamente hay que hacer eso, sino que lo que hay que llevar a cabo es un proceso en el que se incentive la creación de riqueza, la atracción de capital y el aumento del tamaño empresarial, en vez de aumentar constantemente los impuestos y empeorar la situación, que es lo que hace el Gobierno de España».
Muestra de la insostenibilidad del sistema de pensiones español es que recientemente requirió un préstamo estatal de 10 000 millones de euros para evitar colapso navideño.
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El peso del Estado
La OCDE propone desplazar la carga del trabajo —que genera alrededor del 40 % de los ingresos fiscales españoles— hacia el consumo y lo verde.
Cormann subrayó que hay que «reequilibrar la composición impositiva hacia impuestos menos distorsionantes».
Lacalle, sin embargo, rechaza que la solución sea seguir aumentando la presión fiscal: «Lo que yo propongo para reducir el peso del Estado en la economía es bien sencillo. El exceso de normativismo y de regulación es uno de los grandes problemas que la propia Comisión Europea certifica que le cuesta a la Unión Europea un billón de euros anuales. Además, España tiene un nivel de impuestos que son extremadamente elevados para la realidad de la economía».
El especialista de 58 años recuerda que «la inmensa mayoría de las empresas de España son muy pequeñas y tenemos que ser conscientes del elevadísimo nivel de paro».
Por eso —subraya— «lo que tiene que hacer el Estado simplemente es ser más eficiente, reducir la carga burocrática, reducir la carga administrativa y reducir la carga fiscal para que la inversión, el empleo y el crecimiento sean más robustos en vez de extensivos y liderados por gasto público e inmigración».
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) situó a España como uno de los países de la OCDE con menor libertad económica —posición 31 de 38—, precisamente por un gasto público del 45 % del PIB y regulaciones que asfixian a las pymes.
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El antídoto
Más allá de números, la OCDE aboga por desregular: liberalizar el suelo para abaratar vivienda, reducir cargas a pymes y acelerar descarbonización vía mercados, no subsidios.
El Gobierno, sin embargo, ha estado optando por parches y por mantener un gasto público que mantiene la deuda por encima del 100 % del PIB.
El informe de la OCDE no es un veredicto final, sino una hoja de ruta para alcanzar un crecimiento genuino y sostenido: menos regulación, menos impuestos, menos gasto público clientelar y más libertad económica.
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