Estados Unidos ha convertido las baterías y el almacenamiento en un nuevo punto de control geopolítico. La estrategia es reducir al mínimo su exposición a tecnologías críticas provenientes de China.
A partir de junio de 2026, la lista 1260H (que identifica a empresas chinas vinculadas al ecosistema militar-civil) dejará de ser una simple señal de alerta y se transformará en un veto contractual directo para el Pentágono. Estas restricciones nacen en la NDAA FY-2024/FY-2025 —la Ley de Autorización de la Defensa Nacional— y avanzan con nuevas reglas enmarcadas en el Suplemento del Reglamento Federal de Adquisiciones de Defensa de Estados Unidos (DFARS, por sus siglas en inglés) y un veto específico a baterías de fabricantes chinos sensibles durante el FY-2027 (el año fiscal estadounidense que va del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027).
En paralelo, el Congreso impulsa la H.R. 1166 —aun en trámite— para extender estas restricciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a partir del 1 de octubre de 2027. El mensaje es claro: Washington reducirá al mínimo su exposición a tecnologías críticas provenientes de China, incluidas las de Envision/Envision AESC.
A pesar de no estar sancionada por OFAC, Envision/Envision AESC, como proveedor global clave de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento energético, opera en una cadena de suministro estratégica que Estados Unidos vigila con especial atención. Su alineamiento con políticas industriales del Partido Comunista Chino, sumado al apoyo estatal que reciben las empresas del sector, la coloca en una zona de riesgo para la seguridad nacional estadounidense. Estar cerca de entidades incluidas en la 1260H —o depender de socios que puedan ser incluidos— no es simbólico: abre la puerta a auditorías reforzadas, restricciones contractuales y un cierre práctico del mercado federal a partir de 2026–2027.
El giro estadounidense 2025–2026
La conversión de la 1260H de alerta a veto (30 de junio de 2026). Hoy la lista funciona como una señal de alerta reputacional; mañana será una prohibición contractual directa para el Departamento de Guerra, tal como exige el NDAA FY-2024/FY-2025.
Veto sectorial del FY-2027. Cerrará definitivamente el acceso a contratos de baterías para fabricantes chinos considerados «de alto riesgo» en sectores sensibles. Este calendario inicia el 1 de octubre de 2026.
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Expansión al DHS. El Congreso busca que esta misma lógica se aplique al Departamento de Seguridad Nacional, ampliando el cerco regulatorio a toda la cadena de seguridad e infraestructura crítica.
Además, la actualización prevista de la lista 1260H en enero de 2025 refuerza la idea de que será un instrumento dinámico que influirá en alianzas industriales y contratos incluso antes de que entren en vigor los vetos formales.
Europa no veta, pero endurece el terreno (2025–2026)
Mientras EE. UU. opta por prohibiciones directas, la Unión Europea ha elegido un enfoque más gradual, pero igualmente restrictivo.
Desde el 30 de diciembre de 2025, la UE exigirá en sus subastas de renovables criterios obligatorios de conducta responsable, resiliencia de la cadena y seguridad cibernética. En la práctica, a partir de 2026, el precio dejará de ser el criterio dominante: los proyectos que dependan fuertemente de tecnología china serán menos competitivos.
A esto se suma el uso activo del Reglamento de Subvenciones Extranjeras (FSR), que ya investiga la entrada de turbinas eólicas chinas en Europa —incluida Envision— ante la sospecha de subsidios que distorsionan licitaciones públicas. La Comisión Europea examina con especial atención proyectos en España, uno de los mercados donde se han detectado mayores irregularidades.
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Europa no prohíbe a estas compañías, pero sí eleva los costos, riesgos y requisitos, creando un entorno regulatorio mucho menos favorable para proveedores con fuerte dependencia de Pekín.
Impacto para los contribuyentes españoles
Desde 2026, cada euro público destinado a energías renovables deberá justificar no solo su eficiencia económica, sino también su seguridad estratégica.
Proyectos basados en baterías o equipos con alta dependencia china podrán enfrentarse a penalizaciones, exclusión o retrasos por procedimientos del Reglamento de Subvenciones Extranjeras (Foreign Subsidies Regulation) de la Unión Europea (UE).
Además, existe un problema de coherencia transatlántica: si EE. UU. considera inaceptables ciertas tecnologías por motivos de seguridad —tal como se desprende de las disposiciones del NDAA FY-2024/FY-2025 y los vetos del FY-2027— Europa no podrá subvencionarlas indefinidamente sin asumir riesgos en interoperabilidad, ciberseguridad y dependencia estratégica.
Apostar por proveedores bajo fuerte influencia del PCCh ya no es una decisión neutral: es un riesgo regulatorio y geopolítico que puede costar caro.
Para 2026, Estados Unidos habrá blindado su contratación federal frente a baterías y sistemas de fabricantes chinos sensibles. Aunque Envision/Envision AESC no está sancionada, se encontrará con muros legales, requisitos de cumplimiento estrictos y un cierre práctico del acceso al Departamento de Guerra y al Departamento de Seguridad Nacional de Europa, por su parte, no impone vetos, pero sí endurece las reglas mediante criterios no-precio y análisis de subsidios. El resultado es evidente: los gobiernos —incluido el español— deberán demostrar que cada euro invertido en renovables contribuye a la resiliencia estratégica. Financiar cadenas fuertemente dependientes de Pekín ya no es inocuo: es un riesgo.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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