El Decreto de Seguridad ya es ley del Estado italiano. Una de las medidas destacables es que las ocupaciones abusivas de inmuebles ajenos serán punibles con hasta 7 años de prisión. La policía judicial podrá ordenar el desalojo inmediato sin orden judicial en caso de ocupaciones ilegales.
Con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención, el Senado ha dado luz verde definitiva al decreto ley n.º 48/2025, conocido como «Decreto Ley de Seguridad».
La medida, aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de mayo, y que entró en vigor el 12 de abril, recibió un apoyo «blindado» por el Gobierno con el voto de confianza tanto en Montecitorio como en el Palacio Madama.
Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia que examinaron el texto no aceptaron ninguna de las más de 130 propuestas de modificación presentadas por la oposición.
Qué novedades introduce
El decreto, compuesto por 34 artículos, introduce una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad pública, proteger a las fuerzas del orden, luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo, y regular aspectos relacionados con el orden público y el sistema penitenciario.
Entre las principales novedades figuran catorce nuevos delitos y varias circunstancias agravantes, entre ellos la posesión de material con fines terroristas (castigada con penas de prisión de 2 a 6 años), la difusión en línea de instrucciones para cometer actos violentos o sabotajes, y el delito de «revuelta» en prisiones o centros de internamiento para la repatriación. En este último caso las penas van de 1 a 5 años para los culpables y de hasta 18 años en caso de lesiones graves o muerte.
En caso de bloqueos u obstaculización de carreteras y ferrocarriles, que anteriormente era una sanción administrativa, pasa a ser un delito penal castigado con un mes de prisión o una multa de hasta 300 euros. Pero si es cometido por varias personas la pena se eleva, entre 6 meses-2 años).
En caso de ocupaciones abusivas, se introduce el delito de ocupación arbitraria de inmuebles ajenos (art. 634-bis del Código Penal), que será punible con hasta 7 años de prisión.
La policía judicial podrá ordenar el desalojo inmediato sin orden judicial en caso de ocupaciones ilegales.
La nueva ley también introduce algunas nuevas medidas de protección para las fuerzas del orden y refuerza la protección penal de los agentes de policía, con penas más severas por lesiones, resistencia y violencia contra un funcionario público.
Las fuerzas del orden podrán utilizar cámaras corporales, es decir, pequeñas cámaras fijadas al pecho que graban todo lo que ocurre durante el turno de servicio (como solicitaban desde hace tiempo los sindicatos policiales) y circular armados incluso fuera de servicio. Además, el Estado cubrirá los gastos legales hasta 10 000 euros por cada fase del proceso en caso de procedimientos por abusos cometidos en el servicio.
El Decreto Ley de Seguridad también ha introducido el delito de «resistencia pasiva», que castiga las conductas que impiden la actuación de las fuerzas del orden, incluso sin violencia. Además, incluye nuevas medidas contra la usura y la delincuencia organizada, por la que los operadores económicos víctimas de usura serán acompañados por expertos para su reinserción en el circuito legal. Se amplían los controles antimafia a las empresas en red y se refuerzan los controles sobre el alquiler de vehículos para prevenir delitos de mafia.
Por último, ante la detención de madres con hijos pequeños de entre 1 y 3 años, ellas podrán cumplir la pena en prisión en lugar de centros especializados.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times Italia con el título «Il Decreto Sicurezza è legge»
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