El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), una reforma que marca el cambio más profundo en el proceso penal español desde su promulgación en 1882.
Con una entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2028, la norma sustituye la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y redefine roles clave: los fiscales asumirán la dirección de las investigaciones, los jueces se limitarán a funciones de garantía y control, y la acusación popular quedará restringida de manera que excluye a partidos políticos y sindicatos.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió el texto durante una comparecencia la semana pasada, argumentando que busca adaptar España al modelo europeo de modo que «los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado, y la investigación la lleve la Fiscalía».
Sin embargo, esta justificación choca con el rechazo frontal de asociaciones judiciales, fiscales y asociaciones civiles que ven en el proyecto un riesgo de politización inminente y una maniobra para blindar casos de corrupción que salpican al entorno del presidente Pedro Sánchez, tales como las investigaciones contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; y el exministro José Luis Ábalos, entre otros.
El nuevo modelo: fiscales al frente, jueces relegados
El núcleo de la reforma divide el proceso penal en tres fases claras: investigación dirigida por el fiscal, audiencia preliminar para depurar pruebas y juicio oral ante un tercer juez.
Los fiscales, que hasta ahora solo ejercían la acción penal pública, tomarán las riendas de las diligencias, decidiendo a quién investigar, qué plazos aplicar y si archivar o elevar el caso.
Para supervisar esta fase, se crea la figura del juez de garantías, quien autorizará medidas invasivas como interceptaciones telefónicas, entradas y registros o prisiones provisionales, y velará por el secreto de sumario y la duración razonable de las pesquisas.
La Policía Judicial —incluidas unidades especializadas como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional— dependerá funcionalmente de los fiscales durante las investigaciones.
Lea también: ¿Por qué se le impide a la UCO saber quién visita a Santos Cerdán en prisión?
El texto incorpora avances tecnológicos, como el análisis de ADN, toxicología digital, huellas biométricas remotas e inteligencia artificial para evidencias electrónicas, y fortalece garantías para víctimas —con medidas contra la revictimización y justicia restaurativa voluntaria— y acusados, como revisiones semestrales de prisiones provisionales.
También integra la regulación del tribunal del jurado en la LOECrim, excluyendo el allanamiento de morada de sus competencias para agilizarlo vía juicio rápido.
Además, reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF): extiende el mandato del fiscal general de cuatro a cinco años —desvinculándolo de la legislatura—, prohíbe al Gobierno dar instrucciones sobre casos concretos (con comunicaciones públicas y registradas) y traslada nombramientos, ascensos y sanciones graves al fiscal general, no al ministro de Justicia.
La Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio con el apoyo de tres quintos de sus miembros. El cese del fiscal general será solo por incumplimiento grave, previo informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Un «despropósito» inconstitucional
A pesar de estas novedades, la reforma ha desatado una tormenta de críticas.
El fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, en el debate «Reflexiones desde la Justicia» organizado por La Razón en Madrid el lunes, la tildó de «despropósito» y «torpedo en la línea de flotación de la independencia judicial».
Zaragoza subrayó: «No estamos en los mejores momentos para abordar» estos cambios, ya que «la independencia judicial tiene que ser efectiva» y no se pueden aceptar proyectos que la menoscaben.
«Tengo una preocupación enorme por la situación que estamos viviendo en estos momentos. La independencia judicial está cuestionada por la presentación o por el intento de poner en marcha una serie de reformas», advirtió, insistiendo en que requiere «un consenso político amplísimo» y no satisface «los estándares mínimos que exige la Unión Europea».
Las asociaciones judiciales comparten este diagnóstico.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) alertó que la limitación de la acusación popular no busca restringirla, «sino más bien buscar la impunidad».
«La impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley», denunció.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), a través de su portavoz nacional, Sergio Oliva, advirtió de un «riesgo de politización» «enorme» en un país «tan polarizado como España».
«Sin garantizar una verdadera autonomía del Ministerio Fiscal, esta medida no moderniza la justicia, la politiza», afirmó Oliva, apostando por blindar la imparcialidad antes de avanzar.
La oposición política ha sido unánime en su rechazo al proyecto.
La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la inauguración del Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz el martes, calificó la propuesta de «atentado al Estado de derecho» y «riesgo de deriva bolivariana».
«Es un asalto y un enorme peligro», dijo, alertando de una «obsesión por socavar la independencia judicial y por tomar control sobre la justicia».
Ayuso defendió que «es la pesadilla del Estado de derecho y el sueño de los totalitarios que haya una justicia sin jueces», ya que los fiscales «están sujetos a jerarquía» y designados por el Gobierno.
Un recorte que silencia a la sociedad civil
Uno de los pilares más controvertidos es la restricción de la acción popular, que permite a ciudadanos o entidades actuar como acusación en procesos penales.
La LOECrim la delimita a delitos específicos —corrupción, contra derechos de consumidores, odio, violencia contra la mujer y financiación ilegal de partidos— y excluye a «personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos».
Solo entidades con «vínculo legítimo» con la causa podrán personarse.
Los críticos ven aquí un intento de impunidad selectiva.
La APM lo califica de búsqueda de «impunidad» para «ciudadanos concretos», en alusión a casos como el de Begoña Gómez —investigada por tráfico de influencias— o la trama Koldo, donde los partidos políticos Vox y PP, organizaciones civiles como Hazte Oír y sindicatos como Manos Limpias ejercen acusación popular.
Lea también: El Caso Koldo aprieta el cerco: Pedro Sánchez deberá comparecer ante el Senado el 30 de octubre
Hazte Oír, que es acusación popular en las principales causas contra Sánchez y su entorno, ha liderado una campaña viral bajo el lema «No a la Ley Bolaños».
En un comunicado oficial, alertaron «sobre los planes de Pedro Sánchez y el PSOE para someter el Poder Judicial al control político». Calificaron la norma de «ataque a la democracia» y criticaron la «burda mentira» de «acercarnos a Europa», ya que «en muchos Estados miembros la fiscalía instruye, sí, pero porque es independiente del poder político. En España, todos sabemos que no lo es».
Hazte Oír activó una «movilización total», llamando a «divulgar lo que está ocurriendo» y «no permanecer en silencio». Su letrado, Javier María Pérez-Roldán, tuiteó el 28 de octubre: «Movilización nacional urgente. Hoy, sin falta».
«¡Hay que parar la Ley Bolaños! […] que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales y pone a la UCO a sus órdenes. La Ley Bolaños es el jaque mate de Sánchez al Estado de derecho», urgió la entidad en otro tuit.
La campaña «¡No a la ‘Ley Bolaños’! Pide a Europa que condene la ley que consuma la dictadura de Sánchez» en CitizenGO, la plataforma asociada de Hazte Oír, ya ha superado las 100 000 firmas.
Hacia un futuro incierto
Mientras el Ejecutivo celebra una «justicia del siglo XXI —ágil, protectora y moderna»—, el eco de las críticas resuena en despachos judiciales y en las calles.
El proyecto llegará al Congreso para tramitación como ley orgánica, requiriendo mayoría absoluta en primera votación. Allí vendrá la verdadera prueba, donde el futuro del Estado de derecho español penderá de un hilo tejido con intereses políticos y conteos de voto por voto, ya que con una aritmética parlamentaria frágil —el PSOE necesita a Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu— el proyecto podría ser tumbado.
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
