Cuando se le preguntó al Gobierno por qué está utilizando tecnología de Huawei en la gestión del almacenamiento cifrado de las escuchas telefónicas judiciales y en las redes 5G, respondió que aplica el Esquema Nacional de Seguridad. Sin embargo, dicho esquema, establecido por decreto en 2024, se rige por las recomendaciones de la Comisión Europea de 2020, y no por las recomendaciones vigentes desde 2023, en las que se anunciaron restricciones para la empresa multinacional controlada por el Partido Comunista Chino.
Si el esquema del decreto publicado el 30 de abril de 2024 se hubiera basado en la evaluación europea disponible en ese momento contenida en el documento «Despliegue seguro de la 5G en la UE: Aplicación de la caja de herramientas de la UE» —vigente desde junio de 2023—, España posíblemente habría tenido que descartar a las empresas chinas Huawei y ZTE de sus redes 5G y más aún del sistema de interceptación de telecomunicaciones (SITEL), el sistema informático donde se almacenan las sensibles escuchas telefónicas que se realizan en el marco de las investigaciones judiciales, como ya hacían otros países europeos desde 2023.
Y es que la Caja de Herramientas europea vigente dice que «debido a estos altos riesgos, y basándose en una evaluación de los criterios establecidos en el conjunto de herramientas para identificar a los «proveedores de alto riesgo», la Comisión [Europea] considera que las decisiones de los Estados miembros de restringir o excluir a Huawei y ZTE están justificadas y cumplen con el conjunto de herramientas 5G».
En este contexto, tanto Agentes de la Policía Nacional como de la Guardia Civil están preocupados por que el sistema de escuchas telefónicas que se realizan en el marco de las investigaciones judiciales, «opere actualmente con servidores de cifrado de datos fabricados por la multinacional china Huawei. Una compañía que los servicios de inteligencia occidentales vinculan al espionaje estatal chino, lo que ha encendido las alertas en los cuerpos policiales por el tratamiento de datos considerados de muy alta sensibilidad», dijeron parlamentarios de VOX el 22 de abril en un comunicado al Gobierno.
El 28 de abril, el Gobierno respondió a las inquietudes del Congreso insistiendo en que cumple con la normativa al aplicar el Esquema Nacional de Seguridad. Pero el Real Decreto que estableció el Esquema Nacional de Seguridad el 30 abril de 2024 se basó en las recomendaciones que ya estaban obsoletas de la caja de herramientas de 2020, donde no se mencionaba ni a Huawei ni a ZTE.
En otra respuesta al Congreso, emitida el 4 de marzo, e Gobierno insistió que «ha adoptado una postura firme y proactiva para garantizar la seguridad de las redes de telecomunicaciones 5G, en línea con la normativa europea», y de nuevo menciona dos decretos basados en las recomendaciones obsoletas de 2020: el Real Decreto del 29 de marzo de 2022, sobre los requisitos de seguridad de las redes 5G, así como el decreto del 30 de abril de 2024.
Incluso aunque España no aplique la caja de herramientas de seguridad europea de 2023, su propio real decreto de 2022 ya establece prohibir o limitar la actividad en el mercado de aquellos suministradores que hayan sido considerados de alto riesgo o riesgo medio por el Gobierno, basándose en criterios técnicos y aspectos estratégicos que pueden tener impacto en la seguridad, como el nivel de exposición a injerencias de terceros países. Incluso se contempla la posibilidad de identificar usuarios específicos o funciones restringidas de las redes donde no puedan actuar estos suministradores calificados como de alto o medio riesgo.
«La normativa actual no solo está en vigor, sino que se aplica mediante un enfoque preventivo, flexible y adaptado a las necesidades de seguridad nacional», sostuvo el gobierno en su respuesta al Congreso.
En el último Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 24 de abril de 2025, que aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad, dice que «se alineará con el resto de la normativa general y en especial con aquella con implicaciones en ciberseguridad, tanto a nivel nacional, como la Ley de Ciberseguridad 5G y la que aprueba el Esquema Nacional de seguridad de las redes y servicios 5G, como europeo», sin embargo el actual Esquema Nacional de Ciberseguridad, vigente desde 2024 se remite a la caja de herramientas de 2020.
Huawei avanza sin cortapisas
En medio de la preocupación por el avance de las compañías chinas en sectores estratégicos en europeos y españoles, recientemente Huawei y ZTE fueron los grandes invitados de 5G Forum de Sevilla en mayo.
También, y pese a las alertas de seguridad de la UE y EE. UU., la fabricante de baterías CATL prevé trasladar a Zaragoza alrededor de 2000 trabajadores chinos entre 2025 y 2026 para la nueva fábrica que suministrará las baterías de los vehículos eléctricos de Stellantis.
El régimen chino y Huawei han buscado maneras de acercarse al Gobierno español en los últimos años. En 2022 contrató a Therese Jamaa, pareja de José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores desde el año 2021, como vicepresidenta de Huawei España. Según la compañía, su labor contribuiría a reforzar la reputación de la compañía entre los diferentes públicos e impulsaría la estrategia por la digitalización y el desarrollo local.
El exministro de Fomento y exportavoz del Gobierno del PSOE, José Blanco, es socio fundador y CEO de la consultora Acento, que se dedica a defender los intereses de la controvertida empresa en las instituciones europeas. La firma de asuntos públicos también está liderada por Alfonso Alonso, quien fuera portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y ministro de Sanidad en sustitución de Ana Mato. Acento cerró 2024 con un crecimiento del 21,9%, y alcanzó una cifra de negocio de 9,57 millones de euros, según datos del Registro Mercantil. El equipo también creció más del 10% y emplea a unos 50 profesionales entre Madrid, Barcelona y Bruselas.
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Mientras en España las instituciones y los grandes partidos políticos abren de par en par las puertas a los funcionarios y empresas del régimen del PCCh, muy especialmente a Huawei, en Europa la tendencia es la contraria.
En los últimos dos años, Huawei ha perdido parte de su influencia en Bruselas, a medida que los gobiernos europeos adoptan una estrategia más cautelosa en el uso de los equipos 5G de Huawei en sus redes. Así que en octubre, además de las empresas intermediarias, Huawei declaró tener contratados a 11 lobistas de la UE a tiempo completo, nueve de los cuales estaban acreditados para acceder al Parlamento Europeo, donde recientemente protagonizó un escándalo de corrupción. La sede de la gran compañía de tecnología china fue allanada la mañana del 13 de marzo y las oficinas de dos asistentes europarlamentarios en Bruselas fueron precintadas por un juez, a raíz de una nueva investigación por presuntos sobornos a europarlamentarios.
Una compañía militar china
Huawei es una empresa china que Estados Unidos comenzó a restringir en 2017, en 2019 fue sancionada y se presentaron cargos penales contra ella. En 2021 , Washington aprobó una ley para prohibir a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) el uso de equipos de Huawei y actualmente la tecnológica está incluida en la lista del Ministerio de Defensa como una compañía militar china, que opera directamente bajo las órdenes del Partido Comunista Chino.
Por su parte, el Ministerio de comercio y la Oficina de Industria y Seguridad prohibió en enero de 2025 cualquier tecnología, servicios de información y comunicaciones diseñadas, desarrolladas, fabricadas o suministradas por personas controladas por un adversario extranjero como China, Cuba, Rusia, Irán, Corea del Norte y Nicolás Maduro, o integradas en los vehículos conectados a redes.
Además, la Comisión Especial de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino (PCCh) de EE. UU. también instó al Departamento de Estado, al Departamento de Comercio y a la Comisión Federal de Comunicaciones a bloquear la difusión del sistema operativo HarmonyOS del gigante tecnológico chino Huawei en todo el mundo, recordando el proceso de los varios años que se tardó en eliminar la tecnología de Huawei de la infraestructura gubernamental.
China y España
Las relaciones bilaterales entre España y China comenzaron en 2005 con la visita a España del entonces presidente de China Hu Jintao, tras la invitación del Rey Juan Carlos. Jintao se entrevistó con el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de España, y se emitió una Declaración Conjunta entre ambos países.
Zapatero sigue manteniendo una estrecha relación con China. A través de la empresa Gate Center, habría recibido apoyo financiero de figuras vinculadas al régimen chino, como Fangyong Du, un empresario bajo investigación del CNI por sus presuntos lazos con los servicios de inteligencia de Pekín, según informó Tele Madrid.
A su vez Pedro Sánchez, como presidente, ha realizado tres viajes a China en dos años: en marzo de 2023, septiembre de 2024 y abril 2025 y ha abierto las puertas a sus productos e inversiones.
Las estrechas relaciones entre España y China han dado paso a acuerdos «estratégicos» que interesan a China, que incluyen establecimientos de Centros Culturales chinos en el territorio español. Tras la asunción de Sánchez al gobierno, esta estrategia de influencia china a nivel cultural, fue impulsada con el Protocolo de Anejo de 2018, y el acuerdo de Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral en un Cambio de Época, firmado el 28 de noviembre de 2018.
La Universidad de Extremadura inauguró el 7 de mayo el Instituto Panda en el Espacio Uex de Cáceres, fruto de un convenio firmado con la Universidad de Educación de Chongqing, que se suma a los Institutos Confucio presentes en el país.
Mientras más de cien de Institutos Confucio han sido clausurados en occidente en los últimos diez años por problemas de seguridad, España los sigue abriendo. Existen al menos ocho IC asociados a Universidades y trece Aulas Confucio asociados a escuelas y colegios y todos ellos están dirigidos por un exmiembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) en Pekín, según la plataforma Stop Instituto Confucio de España.
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Además, la relación España-China muestra un histórico déficit comercial para España, que no beneficia al país. Las importaciones españolas desde China sumaron, en 2024, 20 746 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas a China sumaron, en el mismo periodo, 7467 millones de euros. La tasa de cobertura de España con China fue del 16,53 % en 2024. Esto significa que por cada 100 euros que España importó desde China, solo exportó 16,53 euros a ese país.
Según las cifras, «España acusa un histórico déficit comercial con China, que se acentuó a partir de 2022», dice la Fundación Consejo España China, al publicar «España y China en Cifras», con datos actualizados hasta el 18 de febrero.
En 2024, China vendió a España un 10 % de sus importaciones totales. Sin embargo, el mercado chino solo adquirió un 2 % de las exportaciones españolas.
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