En el gran circo de la política internacional, España ha perfeccionado el arte de pagar por promesas que nunca se cumplen. Desde que Pedro Sánchez tomó las riendas en 2018, nuestro país ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en un mercadillo de lujo, donde los euros fluyen como el champán hacia Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, todo bajo el pretexto de controlar las fronteras. El saldo: unos 142 millones de euros entre 2019 y 2023 y una promesa europea de 500 millones más para Marruecos hasta 2027. El resultado: pateras y cayucos que llegan a territorio español como si fueran barcos turísticos, mientras los contribuyentes españoles financiamos este espectáculo de fuegos artificiales sin final. Bienvenidos al bazar de la estafa migratoria, donde el dinero compra titulares, pero no soluciones.
El protagonista estelar de este mercado es Marruecos, que se lleva la palma con 134 millones de euros entre 2019 y 2023. En 2019, el gobierno español soltó 32 millones para que las autoridades marroquíes lucharan contra las mafias migratorias, 26 millones para 384 todoterrenos y 10,6 millones para cámaras de visión nocturna. En 2021, 30 millones para más patrullas, y otros 30 más en 2022. En 2023, 5,4 millones adicionales para vehículos todoterreno. Como guinda, Bruselas ha prometido 500 millones de euros entre 2021 y 2027 para que Marruecos siga siendo el portero de Europa. Y qué hemos recibido a cambio: un control fronterizo inexistente.
En 2023, España registró 56 852 llegadas ilegales, un 82 % más que en 2022, según el Ministerio del Interior. En 2024, las llegadas a Canarias se dispararon un 197 %. Cada vez que Rabat quiere negociar un nuevo cheque o presionar por el Sáhara Occidental, las vallas de Ceuta y Melilla, y las Canarias, se convierten en una jornada de puertas abiertas para la inmigración ilegal sin que España haga nada por remediarlo. Es un chantaje de manual: pagas o abre el grifo migratorio. Y mientras Sánchez presume de cooperación estratégica, Marruecos nos demuestra que el dinero no compra lealtad, sino pausas publicitarias. ¿No es fascinante? Le entregamos 134 millones, 384 todoterrenos, 130 vehículos de rejilla, 98 cámaras térmicas y hasta motos quad, y ellos nos responden con un guiño y una patera más.
No contentos con regalar fortunas a Marruecos, España ha extendido su generosidad a Mauritania, el nuevo epicentro de la ruta atlántica hacia Canarias. En 2022, desembolsamos 10 millones de euros para equipar a los guardacostas mauritanos con lanchas patrulleras y sistemas de comunicación. En 2024, la Comisión Europea y España anunciaron 522 millones de euros más para control migratorio y desarrollo. El impacto: los cayucos siguen llegando a El Hierro y Tenerife como si fueran la flota de una regata veraniega.
Es cuando menos abrumador, pagamos para que Mauritania vigile el mar, pero las llegadas a Canarias crecen sin freno. Uno se pregunta si esos 10 millones se gastaron en lanchas de verdad o en un decorado para las fotos de Sánchez en Nuakchot. Mientras los titulares celebran acuerdos históricos, los canarios lidian con hospitales desbordados y macro centros de acogida al límite. Pero no os preocupéis: esto es gestión humanitaria.
Senegal, en cambio, parece el invitado que se conforma con las migajas. En 2022, la Gendarmería senegalesa recibió 70 000 euros para radios y formación, según el Ministerio de Hacienda. Es una cantidad ridícula comparada con los millones de Marruecos, pero suficiente para que Sánchez pueda presumir de cooperación en sus giras africanas. El problema es que los cayucos siguen saliendo de Dakar y esos 70 000 euros parecen haberse perdido en algún taller de retórica diplomática. El Gobierno ha vendido además «programas de migración circular» con Senegal, prometiendo empleo para que los jóvenes no se lancen al mar. Suena idílico, pero mientras tanto los cayucos siguen llegando a Canarias.
Gambia y otros países como Mali o Guinea son los figurantes de este circo, conformándose con amables declaraciones de intenciones. Estos países son la comparsa perfecta: reciben lo justo para aparecer en la foto, pero no lo suficiente para cambiar nada. Mientras tanto, los flujos migratorios desde el Sahel no se detienen y España sigue pagando por un decorado que se desmonta con cada marea de inmigración ilegal.
Este bazar migratorio revela una verdad que escuece: la inmigración ilegal es un negocio redondo para todos, menos para los españoles. Marruecos ha perfeccionado el arte del chantaje, abriendo la espita migratoria cada vez que necesita un cheque más gordo. Mauritania y Senegal juegan a la lotería de los fondos europeos, y Gambia aplaude desde el banquillo. España, mientras tanto, ha gastado 144 millones de euros, ha entregado cientos de vehículos, lanchas, cámaras térmicas y hasta motos quad, y recibe a cambio un aumento del 197 % en las llegadas a Canarias. Y como si fuera poco, Bruselas promete más de 1000 millones más a Marruecos y Mauritania, de los cuales España ya gestiona una parte, mientras las pateras siguen llegando.
El gobierno nos vende este despropósito como una mezcla de humanitarismo y estrategia geopolítica, pero la realidad es menos glamurosa. Los 134 millones a Marruecos incluyen una inversión millonaria en material logístico, desde 384 todoterrenos hasta 188 cámaras térmicas, mientras la Guardia Civil española se conforma con una logística cada vez más precaria. Mauritania recibe lanchas, Senegal radios, y el resto migajas. Pero la presión migratoria no cede: en 2023, las llegadas crecieron un 82%, y en 2024, Canarias se convirtió en el epicentro de una crisis que Sánchez maquilla con discursos de solidaridad. Los hospitales de El Hierro colapsan, los vecinos de Tenerife protestan y los españoles pagamos impuestos para financiar un sistema que perpetúa el caos.
En el bazar del chantaje migratorio, todos ganan, menos los de siempre. Marruecos se lleva el botín, Mauritania las sobras, Senegal el aplauso y Gambia la foto. España, en cambio, se queda con el título de pagador oficial y un flujo migratorio que no para. Es una tragicomedia donde los euros compran promesas, pero no fronteras seguras. Mientras Sánchez recorre África firmando acuerdos y sonriendo, los cayucos llegan, las vallas tiemblan y los españoles nos preguntamos: cuánto más vamos a pagar por este desastre.
Quizá la solución no esté en seguir regando millones a países que han hecho de la inmigración ilegal una industria. Tal vez sea hora de mirar hacia dentro, reforzar nuestras fronteras y exigir que el dinero sirva para algo más que titulares. Porque, en este bazar, el sentido común es el único producto que no está a la venta. Y, por desgracia, parece que se agotó hace tiempo.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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