Las recomendaciones del Banco de España y la Comisión Europea han reavivado el debate sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), un tributo que podría endurecerse próximamente para «armonizar» su aplicación y aumentar la recaudación.
Bajo el manto de la «resiliencia fiscal» y la «desfinanciarización» de la vivienda, estos organismos sugieren recortar bonificaciones regionales y redirigir ganancias heredadas hacia fondos públicos, lo que críticos perciben como un asalto a la propiedad privada y al esfuerzo familiar.
Con una recaudación actual de 3200 millones de euros —apenas el 0,23 % del PIB—, el potencial de elevarla hasta 10 200 millones (0,74 % del PIB) genera alarma: no resolvería en absoluto la elevada deuda del país (que ronda el 103 % del PIB) y además desincentivaría el ahorro beneficiando a especuladores.
El Banco de España abrió el debate en julio, con la publicación en su Boletín Económico del tercer trimestre de 2025 del artículo «El posible impacto recaudatorio de algunas reformas hipotéticas del impuesto sobre sucesiones y donaciones».
Basado en un modelo de microsimulación propio, el informe calcula que eliminar bonificaciones autonómicas y aplicar la escala estatal de referencia podría triplicar los ingresos fiscales.
«Los tributos sobre la riqueza tienen potencial para reforzar la suficiencia del sistema tributario», se indica en el documento.
Añade: «Incrementar la imposición sobre la riqueza permitiría reforzar la resiliencia fiscal sin penalizar tanto el trabajo o el consumo».
La propuesta de la entidad apunta a comunidades como Madrid, donde, por ejemplo, una herencia de 200 000 euros entre padres e hijos cuesta solo 1586 euros gracias al 99 % de bonificación. En tanto, en Asturias, el impuesto se eleva a 103 000 euros.
Los partidarios de homogeneizar la carga del impuesto a nivel nacional sostienen que esa brecha fomenta el «turismo fiscal interno», con familias optando por donaciones en vida para evadir la carga.
Sin embargo, el informe ignora el impacto que tiene elevar el impuesto a la herencia en los hogares. Solo el año pasado, se registraron 54 837 renuncias, es decir, un 15,7 % del total de herencias. Esto ha sucedido en buena parte porque a los herederos se les hace imposible afrontar el pago del gravamen. Finalmente, los especuladores aprovechan para comprar esas viviendas a precio de saldo.
Para economistas como Juan Ramón Rallo, el impuesto a la herencia se trata simplemente de un «robo injusto e ineficiente».
«El caudal relicto resulta de ingresos ya gravados», señala Rallo, recordando que el causante ya pagó IRPF, plusvalías e IBI.
El decano de la Universidad Hespérides argumenta que, además, la recaudación es relativamente insignificante, mientras que el daño social es considerable—renuncias que fragmentan familias y empresas—.
Por eso propone su abolición, como en nueve países de la eurozona (Austria, Chipre, Estonia, Letonia, Malta, Rumanía, Eslovaquia y Suecia), donde no existe.
«El Impuesto de Sucesiones está de capa caída. Pero la izquierda, sobre todo la más extrema, lo aplaude», coincide Carlos Rodríguez Braun, economista y excatedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid.
Bruselas amplifica la presión
El 20 de noviembre, la Comisión Europea recibió las recomendaciones del Consejo Consultivo de la Vivienda (Housing Advisory Board), creado en junio de este año para el Plan de Vivienda Asequible. Presidido por Eamon Ryan, exministro irlandés, el informe de 40 páginas urge reformas fiscales en los 27 Estados miembros para combatir la «financialización» inmobiliaria.
«Los cambios en las normas del impuesto sobre sucesiones podrían garantizar que parte de las ganancias patrimoniales derivadas del aumento del valor de los inmuebles se redirijan para financiar la oferta de viviendas más asequibles con fondos públicos.», reza el documento, entregado al comisario Dan Jørgensen.
El consejo propone ajustes al ISD para canalizar ganancias heredadas hacia un millón de viviendas asequibles anuales.
Incluye impuestos al valor del suelo (gravando la tierra, no el edificio, para desincentivar especulación) y penalizaciones por «acaparamiento» de terrenos sin construir.
Entre 2010 y 2024, los precios de vivienda en la UE subieron 55,4 % y los alquileres 26,7 %, mientras los salarios avanzaron solo 20 %.
Aunque no cita el caso de España, el llamado del consejo a la «convergencia fiscal» coincide plenamente con las sugerencias del Banco de España.
La resistencia autonómica
El debate calienta autonomías.
Madrid, bajo Isabel Díaz Ayuso (PP), extendió en febrero bonificaciones del 50 % para Grupo III (hermanos, tíos, sobrinos) y 100 % en donaciones bajo 1000 euros, manteniendo el 99 % para directos.
Estas medidas, a contracorriente de Bruselas y Moncloa, han sido celebradas por economistas como Daniel Lacalle, quien ha calificado al impuesto a la herencia como el «impuesto a la muerte».
Lacalle advierte, además, que el ISD beneficia a las élites, mientras castiga a la clase media.
«Obliga a muchas familias a renunciar a la herencia porque no pueden pagar, el inmueble se lo queda la administración y lo subasta. Y ¿quién lo compra? Los ricos», explica.
«El impuesto de sucesiones es de lo más regresivo que hay. Arruina a miles de familias», sentencia.
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El coste humano
El ISD no es teórico. En 2024, impulsó más de 50 000 renuncias.
Familias medias, con herencias de 200 000-300 000 euros en inmuebles, enfrentan —en muchos casos— valoraciones catastrales infladas, forzando ventas en pleno duelo.
La situación se agrava en regiones como Asturias o Extremadura, donde el gravamen es más alto. En estos lugares, una herencia de 800 000 euros se lleva unos 200 000 euros.
«Un asturiano que recibe 200 000 euros de herencia tendría que tributar 103 000; en Madrid pagaría 1586 y, en Andalucía, cero», ejemplifica la economista Pilar García de la Granja».
En una entrevista en COPE, la especialista ha insistido en el carácter ideológico del tributo, afirmando que «tiene mucho que ver con la envidia»: «Ah, que tu padre te deja, pues pagas».
Queda pendiente ver si el Ejecutivo de Pedro Sánchez avanzará sobre la «armonización» del impuesto propuesta por el Banco de España y Bruselas. En caso de ser así, habrá que esperar las respuestas de las autonomías. Si estas resisten con éxito, el «impuesto a la muerte» podría desvanecerse, tal como ha ocurrido en muchos otros lugares del continente.
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