Comentario:
En la actual Europa de disoluciones fronterizas promovidas por relatos oportunistas, el tráfico de personas se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos y crueles del planeta. Sin embargo, la realidad dista mucho de relatos buenistas, la inmigración descontrolada no es solo un flujo humano, sino un vector de tensiones que pone a prueba la soberanía de las naciones. Echando la vista atrás, en octubre de 2018, España registró un récord mensual de más de 10 000 entradas de inmigrantes ilegales, un pico que coincidió con la reciente llegada al poder de Pedro Sánchez y que marcó el inicio de una tendencia al alza en las rutas marítimas hacia las costas españolas. Aquel año, el total de entradas ilegales en España superó las 64 000, con más del 80 % ocurriendo tras el cambio de gobierno.
Pero los números de entonces palidecen ante la magnitud actual. Desde 2017, las rutas marítimas del Mediterráneo Occidental —principalmente desde Marruecos, Argelia y el norte de África hacia España, Italia y Grecia— han visto la llegada de más de 1 200 000 de desplazados, según estimaciones actualizadas de organizaciones como ACNUR y FRONTEX. Estas cifras no solo reflejan el sufrimiento de miles de inmigrantes que arriesgan su vida en embarcaciones precarias, sino también el vasto mercado de trata de personas que las mafias han perfeccionado hasta convertirlo en una industria global. Cada trayecto no es un acto de solidaridad fallida, sino un pago que enriquece a redes criminales, mientras gobiernos europeos miran hacia otro lado, priorizando agendas políticas sobre la seguridad fronteriza y la dignidad humana.
Las rutas del crimen organizado: de Nuadibú a las Baleares
Las mafias operan con precisión quirúrgica desde enclaves como Nuadibú en Mauritania, El Aaiún en el Sáhara Occidental, Cabo Espartel en Marruecos o las costas argelinas, dirigiendo flujos hacia Andalucía, Levante, las Islas Canarias y Baleares. Un caso ilustrativo ocurrió en 2018, cuando un grupo de 44 argelinos desembarcó en Formentera tras pagar 80 000 euros en total a las redes —unos 1800 euros por cabeza, equivalente a más de medio año de salario medio en Argelia (alrededor de 238 euros mensuales). Hoy, las tarifas han escalado: dependen de la distancia, los pasos fronterizos, las condiciones geográficas, el tipo de embarcación y la falsificación de documentos. Un cruce corto desde Argelia a Almería puede costar 2900 euros, mientras que rutas más complejas, como las del Atlántico occidental hacia Canarias, superan los 4000 euros por persona.
Para entender este negocio, basta desglosarlo. Una patera neumática de siete metros, con motor fuera de borda, transporta a 15-20 personas en un viaje de 4-6 horas. El patrón cobra directamente, pero el grueso del dinero va a intermediarios en origen, que son los encargados de reclutar a los pasajeros. No es un acto de inmigración espontánea; es un servicio premium de trata, donde la muerte en el mar —más de 1700 solo en lo que va de 2025, según el proyecto Missing Migrants de Naciones Unidas— es un riesgo calculado por las víctimas, pero una mera estadística para los traficantes.
Operativos policiales: golpes puntuales a un gigante invisible
Las fuerzas de seguridad españolas han intensificado sus esfuerzos, pero los éxitos son gotas en un océano de impunidad. En febrero de 2021, la Guardia Civil y la Policía Nacional desarticularon en Melilla un entramado con ocho detenidos que cobraba 2000 euros por inmigrante para traslados a costas andaluzas, en el marco de la operación Limestone que también afectó rutas argelinas. Ese mismo junio, en Canarias, la operación Sparrow detuvo a dos cabecillas de una red marroquí que exigía 2.000 euros por plaza desde el continente africano. Y en Almería, el 15 de junio de 2021, tres argelinos fueron arrestados tras patronear dos pateras con 28 inmigrantes (4.900 euros por pasajero) y otra con 16 personas (2.900 euros por pasajero).
Los años posteriores han visto operaciones más ambiciosas, revelando la evolución de estas mafias hacia modelos híbridos que combinan drogas y personas. En mayo de 2024, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional desmantelaron una organización criminal argelino-marroquí-española que usaba «narcolanchas» semirrígidas de alta velocidad para transportar cocaína y pastillas sintéticas desde Alicante a Argelia, y en el retorno, inmigrantes ilegales a costas españolas. Siete detenidos, 25 inmigrantes argelinos interceptados en Almería, y tarifas de entre 6000 y 10 000 euros por persona. Se decomisaron tres embarcaciones, 41 garrafas de gasolina y componentes químicos para estupefacientes, exponiendo una red con ramificaciones en Francia para financiación y logística.
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Más reciente, el 16 de noviembre de 2025, en Almería, un patrón argelino fue detenido tras interceptar una patera con 16 inmigrantes (13 varones, 2 mujeres y 1 menor) que habían pagado hasta 7.500 euros cada uno por el trayecto desde Argelia. El detenido instruyó a los ocupantes para falsear declaraciones, un truco común que subraya la profesionalización de estas redes criminales. Estos golpes policiales salvan vidas y desbaratan células, pero la ausencia de cooperación internacional plena —con países de origen que a veces cierran los ojos por remesas o presiones geopolíticas— permite que las mafias se regeneren rápidamente.
La ruta argelina: un boom en 2025 que genera millones de euros de beneficio
En lo que va de 2025, la ruta desde Argelia hacia España ha explotado, con casi 9000 llegadas ilegales registradas hasta noviembre, según datos de ACNUR y Frontex. Representa el 53 % de las entradas por el Mediterráneo Occidental. Este incremento —más de un 40 % solo en Baleares, según el Ministerio del Interior— responde a tensiones internas en Argelia y la laxitud en controles marítimos, fruto de la tensión diplomática entre España y el país magrebí.
Tomando una cifra conservadora de 5000 euros por trayecto (por debajo de las tarifas reales de 6000-10 000 euros vistas en operaciones recientes), estas 9000 personas habrán inyectado al menos 45 millones de euros en las arcas de las mafias solo en 2025. Es un flujo que no solo satura recursos en islas como Baleares (6688 llegadas ilegales hasta noviembre), sino que evidencia cómo la inacción de gobiernos argelinos y europeos alimenta un ciclo vicioso: más muertes, más ganancias criminales y más presión sobre sistemas de acogida ya colapsados.
El mapa global: un crimen que eclipsa la ayuda humanitaria
Un informe de la UNODC de junio de 2018 ponía cifras al entramado criminal: en 2016, 2,5 millones de inmigrantes desplazados generaron entre 5500 y 7000 millones de dólares en ganancias para las mafias. Desglosado por rutas:
-África Occidental a Norte de África: 380 000 inmigrantes, 760-1000 millones de dólares al año.
-Cuerno de África a Libia y Egeo: 100 000 personas (2013-2015), 300-500 millones.
-Mediterráneo central: 375 000, 320-550 millones.
-Desde Yemen: 110 000, 9-22 millones.
-Asia a Europa: más de 160 000, 300 millones.
Además, 34 000 menores extranjeros no acompañados llegaron solo a Grecia, Italia, Bulgaria y España en 2016. Jean-Luc Lemahieu, de la UNODC, lo definía por aquel entonces como un «crimen global transnacional» que exige una respuesta coordinada, más allá de parches.
Actualizado a 2025, las tarifas medias por el Mediterráneo han subido a 2500-3000 euros por inmigrante embarcado. Con 2 876 000 desplazados desde 2015 en estas rutas marítimas clave en Europa hacia España, Italia y Grecia —según datos de ACNUR—, y asumiendo un promedio conservador de 2500 euros por trayecto (ajustado según datos de operaciones policiales), las mafias se habrían embolsado más de 7000 millones de euros en la última década. Un cálculo simple en el que multiplicas llegadas por tarifa media y obtienes un imperio criminal que financia no solo pateras, sino armas, corrupción, terrorismo y expansión global. Mientras, los verdaderos perdedores —los inmigrantes que mueren ahogados y los ciudadanos europeos que pagan el coste social— ven cómo este mercado de trata prospera en la sombra.
Conclusión: ¿quién gana en este tablero?
En última instancia, las mafias —y, en menor medida, ciertas ONG que facilitan el flujo sin cuestionar su origen— emergen como los grandes beneficiarios de esta tragedia. Los gobiernos que optan por la complacencia, delegando en «acuerdos bilaterales» que rara vez se cumplen, no solo fallan en proteger fronteras, sino que perpetúan un sistema donde la vida humana se cotiza en euros. Combatir el tráfico ilegal no es xenofobia, sino defensa de la legalidad y la compasión verdadera: vías ordenadas para quienes huyen verdaderamente de una guerra y mano dura contra quienes lucran con el caos. Solo así se desmantelará este gigantesco engranaje de explotación, devolviendo la esperanza a quienes la merecen y la justicia a quienes la reclaman.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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