El Parlamento Europeo ha marcado en su agenda el 28 de enero como fecha clave para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rinda cuentas ante la Comisión de Peticiones (PETI).
La citación, aprobada este martes 2 de diciembre en una reunión de coordinadores, surge de las sombras de la tragedia de Barbate, donde dos guardias civiles perdieron la vida el 9 de febrero de 2024 arrollados por una narcolancha durante una operación contra el narcotráfico.
Pero no es solo un recuerdo doloroso: eurodiputados de diversos grupos políticos acusan al Gobierno de obstruir la investigación al retirar pruebas clave antes de la llegada de una misión parlamentaria en mayo de este año.
La decisión, impulsada por los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), Patriotas por Europa (Vox), Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN), pone el foco en la presunta «retirada de material y pruebas» durante esa visita a Barbate y Algeciras.
Según el informe adoptado por PETI el 4 de noviembre, la patrullera implicada en los asesinatos —una zódiac de la Guardia Civil— fue apartada del puerto gaditano justo antes de que los eurodiputados pudieran inspeccionarla.
«¿Por qué se retiró la patrullera implicada en los asesinatos antes de la llegada de la misión? ¿Quién ordenó esa retirada y bajo qué criterios? ¿Qué documentación o pruebas fueron apartadas?», se pregunta el documento, que también denuncia dificultades para acceder a información sensible.
Esta no es una mera formalidad. La misión, solicitada por la Confederación Española de Policía (CEP) ante la «inacción» del Ministerio del Interior, buscaba analizar las condiciones laborales de agentes en el Estrecho y explorar si las agresiones a policías deben tipificarse como «eurodelitos».
El informe final, consensuado por eurodiputados como el polaco Bogdan Rzońca (Ley y Justicia), concluye que profesiones como la de policías, guardias civiles, militares y funcionarios de prisiones deben reconocerse como de «alto riesgo» en toda la UE.
Propone, además, armonizar sanciones por agresiones o intimidaciones a agentes y reforzar la cooperación contra el narcotráfico, incluyendo más medios para la región andaluza.
Vox no ha tardado en reaccionar. «Marlaska debe dimitir o ser cesado inmediatamente, ya que un ministro que oculta pruebas, obstaculiza una investigación europea y abandona a policías y guardias civiles no puede continuar en el cargo», declaró el partido en un comunicado remitido desde Vox Andalucía.
El PP, por su parte, ha registrado preguntas en el Congreso para que Marlaska aclare las conclusiones del informe. Su coordinador provincial en Cádiz, Nacho Román, acusó al ministro de llevar «siete años ignorando la magnitud que está tomando el narcotráfico en la provincia y despreciando las reivindicaciones de los Cuerpos de Seguridad».
El fantasma de Barbate
Todo remite al fatídico 9 de febrero de 2024, cuando los guardias civiles Miguel Ángel González Gómez (39 años) y David Pérez Carracedo (43 años) murieron en aguas de Barbate mientras perseguían una narcolancha cargada de hachís.
La zódiac en la que navegaban no pudo competir con la velocidad y potencia de la embarcación narco, que los embistió a toda máquina.
La investigación judicial, aun en curso, ha revelado que los agentes carecían de chalecos salvavidas adecuados y que la operación se lanzó sin el respaldo de medios suficientes, como helicópteros o unidades rápidas.
La misión europea de mayo, compuesta por una docena de eurodiputados, se reunió con las familias de las víctimas —encabezadas por la viuda de González, embarazada en ese momento— y con agentes involucrados en la lucha contra el crimen organizado. Descubrieron no solo la retirada de la patrullera, sino también la ausencia de documentación clave sobre las condiciones de la operación.
«Las penas actuales no están a la altura del delito», apuntó Rzońca en el informe, subrayando la necesidad de restituir la unidad OCON-Sur, desmantelada en 2022 por el Gobierno pese a su especialización en narcotráfico andaluz.
El CEP celebra la citación como «un avance esencial para que el ministro del Interior más reprobado de la democracia dé explicaciones».
Su secretario general, José María Benito, ha insistido en que bajo Marlaska se han registrado «las cifras más altas de agresiones a agentes en democracia». En 2024, las agresiones alcanzaron la cifra récord de 16 878.
Sindicatos en pie de guerra
Los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil no ocultan su frustración. JUCIL y AUGC, las dos organizaciones mayoritarias en la Benemérita, han sido especialmente contundentes tras la citación europea.
«No se trata de si debería dimitir antes del 28 de enero, sino de por qué no lo ha hecho aún. La situación es insostenible y su comparecencia no exime de la responsabilidad política que debería haber asumido hace casi dos años», destacan desde JUCIL ante la consulta de The Epoch Times España.
En caso de elusión, JUCIL intensificará movilizaciones y recurrirá a todas las vías parlamentarias y jurídicas nacionales y europeas «para que se depuren todas las responsabilidades, incluida la del cese del ministro».
En diálogo con este medio, Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), coincide: «Un ministro que ha perdido la confianza de quienes están sobre el terreno debería haber asumido responsabilidades antes incluso de ser citado en Europa».
Para ella, la comparecencia del 28 de enero «es la ocasión definitiva para que ofrezca explicaciones completas, creíbles y verificables sobre la posible retirada de pruebas en Barbate».
Si Marlaska la evita, «entenderemos que no existe voluntad real de transparencia, y defenderemos que se exijan de inmediato responsabilidades políticas al más alto nivel».
Respecto a las medidas urgentes a tomar fuentes de JUCIL enumeran: reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, reforma del Código Penal para endurecer el delito de atentado, actualización de flotas navales y aéreas de alto rendimiento, dotación de fusiles de asalto, chalecos de alta protección y visión nocturna, cobertura urgente de las más de 17 000 vacantes existentes, restitución de la unidad OCON-Sur y declaración de «Zona de Especial Singularidad» con incentivos salariales.
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Sobre el Plan Especial del Campo de Gibraltar, el sindicato lo califica de «completo fracaso»: «El hecho de que haya sido prorrogado cinco veces sin una evaluación seria de su efectividad y con las agresiones y la actividad criminal en aumento es la prueba de su inoperancia. Ha sido una herramienta de maquillaje político y no de solución estructural».
Salardón (AUGC) añade: «Cinco prórrogas después, no ha logrado frenar la violencia ni la capacidad operativa de los narcos; desde nuestra perspectiva en el terreno, el plan ha fracasado y debe ser sustituido por una estrategia integral y dotada de recursos reales».
La grieta entre Marlaska y sus agentes
El Ejecutivo rechaza las acusaciones.
El 12 de noviembre, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, negó «radicalmente» cualquier obstrucción a la investigación y calificó el informe europeo de «politizado».
Marlaska, en el Senado el 24 de noviembre, tildó el informe de tener un «claro sesgo político» por estar encabezado por el PPE, Patriots y ECR. «Es un juego sucio partidista», dijo, defendiendo su gestión.
La tensión entre el ministro y los agentes estalló visiblemente el 3 de diciembre en Caudete (Albacete), durante la inauguración de un nuevo cuartel de la Guardia Civil.
Marlaska fue recibido con abucheos desde su llegada: «¡Corrupto! ¡Traidor! […]», gritaron vecinos y agentes, mientras la delegada del Gobierno era increpada como «traidora».
El alcalde de Caudete, de Vox, José Miguel Mollá, intervino con dureza: «Te compras una casa y te la ocupan. Eso, señor ministro, no es justicia, usted lo sabe. O pasa una cuadrilla de macarras, te dan una paliza y al día siguiente los tienes debajo de casa fumando porros. ¿Eso es normal, señor ministro?».
Marlaska, visiblemente tenso, replicó: «No puedo dejar algunas cuestiones sin contestar. Han disminuido entre un 5 % y un 10 % todos los tipos de robos. Se hace con hechos, no con palabras».
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Mientras el 28 de enero se acerca, el eco de las sirenas sindicales y los informes europeos resuena en Madrid. Las dos principales asociaciones de la Guardia Civil, JUCIL y AUGC, coinciden en que Marlaska ya debería haber dimitido y que, si elude Bruselas o sus explicaciones no son creíbles, la presión social y jurídica será implacable.
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