El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Estrategia España Turismo 2030, un ambicioso plan que incorpora por primera vez la emergencia climática como eje central y crea un Observatorio de Vivienda Turística para mapear la «intensidad turística» barrio a barrio.
Presentada el 8 de octubre en la V Convención de Turespaña en Cáceres, la iniciativa busca «conciliar turismo y convivencia», según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien alertó de que el auge de los pisos turísticos genera gentrificación —desplazamiento de la población original por personas de un nivel socioeconómico más alto—, expulsando al 27 % de los vecinos de los centros urbanos.
Sánchez, en su intervención, instó a «no morir de éxito» en un sector que representa el 12,3 % del PIB y el 13,2 % del empleo, con proyecciones de superar los 98 millones de turistas de 2025.
El Observatorio, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo, usará datos del INE, registros de viviendas turísticas e inteligencia artificial para elaborar un atlas que identifique zonas de alta presión, como aquellas donde los pisos turísticos multiplican por ocho la población residente.
Paralelamente, se está avanzando en la ordenación del alquiler temporal, tras la implementación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, puesta en marcha el 1 de julio, que obliga a registrar alquileres de corta duración.
Sin embargo, esta parafernalia regulatoria —observatorios, atlas y ventanillas— parece más un ejercicio de propaganda que una solución estructural.
El Gobierno, liderado por el PSOE, atribuye la crisis de vivienda al «impacto» de los pisos turísticos, pero ignora que estos representan —según analistas inmobiliarios— menos del 1 % del parque residencial.
En realidad, la escasez de oferta —con un déficit que supera las 700 000 unidades— responde a políticas fallidas del Ejecutivo: la Ley de Vivienda de 2023, controles de precios y una inmigración masiva que ha disparado la demanda sin vivienda para absorberla.
Precios al alza y oferta en picado
Aprobada el 24 de mayo de 2023 como la primera norma de este tipo en la democracia, la Ley por el Derecho a la Vivienda prometía frenar la especulación y garantizar acceso asequible.
Dos años después, ha sido un «fracaso absoluto», según la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez. Los datos lo confirman: el parque de alquiler se ha reducido un 17,5 % y los precios han subido un 26 % desde su entrada en vigor.
El control de precios, que limitó subidas al 2 % en 2023 y 3 % en 2024 —desvinculándolos del IPC—, ha desincentivado la oferta: en dos años, se han perdido 120 000 inmuebles en alquiler residencial, de acuerdo al Observatorio del Alquiler. El precio medio ha pasado de 906 euros en 2023 a 1146 euros en 2025.
El economista José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), lo resume así: «Ante una enorme demanda, sumado a la poca oferta, los precios van a subir siempre».
«Se legisló para proteger a los inquilinos y muchas veces se acaba perjudicándoles», lamentó Zurdo, asegurando que el mercado debe regularse según la Ley de la Oferta y la Demanda.
«El principal problema lo encontramos en las llamadas zonas tensionadas. En Baleares, el precio es cinco veces mayor que en Ciudad Real, que es la provincia más barata (…) en estos lugares no hay viviendas disponibles en el mercado y esto empuja los precios hacia arriba», explica por su parte el profesor de EAE Business School Javier Fernández-Pacheco.
Inquiokupación: la ley ampara la impunidad y ahuyenta a propietarios
La Ley de Vivienda agrava otro flanco que disuade a dueños de alquilar: la inquiokupación, es decir, los casos de aquellos que dejan de pagar su alquiler y no son desalojados alegando motivos sociales.
La ley vigente establece prórrogas obligatorias hasta cinco años para personas físicas y siete para jurídicas, más aplazamientos de hasta tres años en zonas tensionadas para vulnerables.
«Los datos de okupaciones que nosotros manejamos han ido en aumento de forma considerable», resalta Zurdo.
«Hay viviendas que no salen al mercado por el miedo y la inseguridad jurídica que hay», describe Roberto Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
En una entrevista con The Epoch Times España Bravo explica: «Un propietario no quiere poner a disposición del alquiler a sus viviendas si no tiene la seguridad de que puede echar a los okupas o a los inquiokupas en un plazo razonable».
«Como esto no está pasando y constantemente se están viendo en medios de comunicación que las recuperaciones de la posesión están tardando mucho, pues hay gente que prefiere no alquilar su vivienda, mantenerla hasta que se modifique la legislación y evitar que le puedan pasar a ellos las situaciones de inquiokupación», añade.
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Inmigración masiva: población al alza, viviendas estancadas
El detonante estructural es la inmigración descontrolada, que ha impulsado un crecimiento poblacional sin parangón con la construcción.
La población de España pasó de 47,4 millones en 2020 a 49,3 millones en julio de 2025, un aumento de 1,9 millones, impulsado por 6,85 millones de extranjeros (14 % del total).
Un trabajo de PwC basado en la opinión de expertos concluye que «la falta de oferta y una legislación inadecuada son las principales causas del problema de la vivienda en España».
La tensión no amaina: en 2025, con 19,5 millones de hogares y proyecciones a 23 millones en 2039, España necesita un viraje. El turismo genera prosperidad, pero culparlo de la crisis es miope. La verdadera apuesta está en construir: sin oferta real, ninguna estrategia turística salvará la convivencia.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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