Expertos en la práctica de la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia en China intervinieron recientemente en una cumbre celebrada en Bruselas. Dirigiéndose a legisladores de 28 países, expusieron la gravedad del problema y plantearon recomendaciones sobre cómo los gobiernos pueden hacer frente a estos atroces abusos.
La Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC, por sus siglas en inglés), una red internacional de cientos de legisladores que coordina esfuerzos para afrontar los desafíos que plantea Pekín, celebró en noviembre, en Bruselas, su quinta cumbre anual. Uno de los temas abordados durante el encuentro fue cómo prevenir la sustracción forzada y el tráfico de órganos.
Wayne Jordash, presidente de Global Rights Compliance, una organización especializada en derecho internacional, explicó a los legisladores que, de acuerdo con el derecho internacional —en particular el de los derechos humanos, el penal y el público—, los Estados tienen la «responsabilidad legal» de ejercer sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial para «prevenir, mitigar y remediar» la sustracción forzada de órganos mediante medidas nacionales y la cooperación internacional.
«La sustracción forzada de órganos no es solo un delito, sino una grotesca violación de la humanidad», declaró Jordash, según una transcripción de la Coalición Internacional para Acabar con el Abuso de Trasplantes en China (ETAC, por sus siglas en inglés).
«Los Estados y las empresas deben demostrar su determinación mediante una supervisión constante, leyes rigurosas y su aplicación efectiva. La transparencia ha de ser obligatoria. La actuación de la justicia no puede ser objeto de negociación. La colaboración debe ser inquebrantable».
En un llamamiento directo a los legisladores, Jordash afirmó que el asunto «pone a prueba su integridad moral colectiva».
«¿Permitirán que esta atrocidad persista en la sombra o arrojarán luz para acabar con la impunidad?», preguntó Jordash. «La respuesta debe ser la acción. Es hora de actuar».
Durante años, China ha sido un destino predilecto para el turismo de trasplantes porque los hospitales chinos pueden ofrecer tiempos de espera inusualmente cortos para encontrar órganos compatibles. En los países occidentales, en cambio, el tiempo de espera típico para un trasplante de órganos es de meses, si no años. El volumen de trasplantes en China es posible, según múltiples informes, incluido el del Tribunal de China de 2020, porque el régimen chino sustrae forzosamente órganos a presos de conciencia.
Tribunal de China
En 2020, el Tribunal de China —un tribunal popular independiente con sede en Londres— concluyó que el régimen chino llevaba años sustrayendo órganos a presos de conciencia y señaló a los practicantes de Falun Gong como las principales víctimas.
El tribunal estuvo presidido por Geoffrey Nice, conocido por liderar la fiscalía en el juicio de Slobodan Milosevic por crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia.
En la cumbre del IPAC, Nice explicó a los legisladores que las pruebas examinadas incluían llamadas telefónicas encubiertas a hospitales chinos y a su personal médico, cuyos interlocutores «ofrecieron órganos para la venta en cuestión de días o, aproximadamente, una semana», según una transcripción del ETAC.
«Esos órganos provenían de personas que estaban vivas en el momento de las llamadas, de modo que los hospitales podían ofrecer órganos a quienes les contactaban con poca antelación», declaró Nice.
El tribunal concluyó, asimismo, que los actos continuados de sustracción forzada de órganos por parte del régimen chino constituían crímenes de lesa humanidad, afirmó.
Falun Gong, o Falun Dafa, es una disciplina espiritual basada en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Presentada al público en China en 1992, se difundió rápidamente de boca en boca, hasta llegar a entre 70 y 100 millones de personas, según estimaciones oficiales, antes de que el Partido Comunista Chino lanzara en 1999 una brutal campaña para erradicar el grupo.
La persecución continúa, con numerosos practicantes recluidos en prisiones, campos de trabajo y centros de adoctrinamiento, donde se han reportado trabajos forzados, torturas y muertes.
El tribunal determinó que en China se llevaban a cabo de forma selectiva pruebas médicas, como ecografías y análisis de sangre, a ciertos prisioneros, en particular a practicantes de Falun Gong, aparentemente para evaluar la función de sus órganos.
Estos exámenes médicos seguían practicándose este año en China, según expuso Matthew Robertson, investigador de estudios sobre China en la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo, ante los legisladores reunidos en la cumbre del IPAC, citando casos documentados por Minghui.org, una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos que investiga la persecución de Falun Gong en China.
«Estos exámenes carecen de justificación médica, se realizan a personas detenidas por sus creencias y sin su consentimiento, y coinciden con las pruebas necesarias para determinar la salud de los órganos antes de un trasplante», declaró Robertson, según una transcripción del ETAC.
Un artículo de 2022, coescrito por Robertson y publicado en la revista American Journal of Transplantation, identificó 71 estudios chinos en los que se señalaba que médicos habían extraído corazones y pulmones de personas para trasplantes sin realizar pruebas para determinar la muerte cerebral, lo que indica que los pacientes fueron asesinados para obtener sus órganos.
Impulso a la legislación
Al concluir la reunión del IPAC, los legisladores acordaron varias acciones, entre ellas promover leyes destinadas a «prevenir la complicidad de individuos, instituciones y gobiernos» en lo que denominaron la «aborrecible práctica» de la sustracción forzada de órganos.
«Deploramos tales actos y reafirmamos nuestra solidaridad con las víctimas y los sobrevivientes», declararon los legisladores.
Para ello, consideraron que la legislación debería incluir la prohibición del turismo de trasplantes, la imposición de sanciones a quienes participen en la sustracción forzada de órganos, la obligación de notificar casos sospechosos por parte de profesionales médicos, la creación de registros de trasplantes para garantizar la transparencia, la restricción de la financiación pública a instituciones asociadas con entidades vinculadas a la sustracción forzada de órganos y la exigencia de la debida diligencia en la cooperación médica en el sector de los trasplantes.
El anuncio de los legisladores fue bien recibido por dos grupos de defensa con sede en el estado de Nueva York: el Instituto Consilium y el Centro de Información de Falun Dafa.
«Instamos a todos los gobiernos responsables a adoptar e implementar urgentemente estas medidas políticas», declaró Sean Lin, director ejecutivo del Instituto Consilium, en un comunicado el 12 de noviembre.
«Proteger la dignidad humana y detener la sustracción forzada de órganos debe ser una prioridad global para las comunidades médica y jurídica».
El Centro de Información de Falun Dafa exigió una «legislación urgente» para poner fin a la sustracción forzada de órganos, según una publicación en X el 14 de noviembre.
En una entrevista reciente con The Epoch Times, Lin afirmó que el anuncio de la IPAC sobre la sustracción forzada de órganos fue «significativo», ya que la alianza respaldó de forma efectiva las conclusiones del tribunal.
«Las conclusiones del Tribunal de China han sido reconocidas formalmente por legisladores de numerosos países», declaró Lin.
«La forma en que los legisladores decidan avanzar en este asunto variará, por supuesto, de un país a otro. Pero lo que la Alianza Interparlamentaria sobre China ha hecho es, en esencia, proporcionar un marco legislativo».
«Mientras los legisladores estén dispuestos a presentar proyectos de ley, el proceso repercutirá en toda la comunidad médica y de trasplantes. Al mismo tiempo, servirá como elemento disuasorio para el Partido Comunista Chino».
Lin añadió que la legislación sobre la sustracción forzada de órganos no solo expone una atrocidad contra los derechos humanos, sino que también busca proteger la integridad ética de los países en materia de trasplantes médicos y evitar que sus ciudadanos «se conviertan, sin saberlo, en cómplices de los delitos de sustracción de órganos».
Eva Fu y Sherry Dong contribuyeron a este informe.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times con el título «Experts Bring Focus to Forced Organ Harvesting at World Lawmaker Summit»
Cómo puede ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
