La Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación minoritaria dentro del Ministerio Fiscal, ha solicitado este viernes la intervención de la Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, por lo que califica de «sucesión de irregularidades institucionales» y «graves anomalías» en el procedimiento que ha culminado con la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La petición se produce antes incluso de que el Tribunal Supremo haya hecho pública la sentencia completa, que todavía no incluye la motivación del fallo condenatorio a dos años de inhabilitación especial por un delito de revelación de secretos.
En un comunicado difundido este viernes, la UPF justifica el «paso excepcional» —que asegura no haberse dado nunca antes en democracia— por la existencia de «problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene».
Entre las anomalías señaladas figuran:
– Intervenciones en sala «incompatibles con la neutralidad».
– Un curso remunerado impartido por uno de los magistrados en pleno periodo de deliberación a una de las acusaciones populares.
– «Comentarios jocosos» del presidente del tribunal sobre la sentencia antes de adoptarla.
– Vínculos académicos recientes entre magistrados y letrados de la acusación.
La asociación también critica la acumulación de funciones en el mismo grupo reducido de magistrados —admisión de querellas, instrucción, revisión y enjuiciamiento—, algo que, a su juicio, «compromete la apariencia de imparcialidad» exigida por los principios de la ONU.
Otro punto destacado es la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado, que incluyó el volcado masivo de datos personales durante casi ocho meses pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas, así como las posteriores filtraciones a medios de comunicación sin investigación judicial.
La UPF solicita a la Relatora que analice los hechos, inste al Estado español a revisar prácticas contrarias a estándares internacionales y considere una visita oficial a España para evaluar el impacto institucional del caso.
«Acudir a este mecanismo internacional no es un gesto político: es un mecanismo de protección institucional, amparado en los tratados de derechos humanos suscritos por España», subrayan.
La Unión Progresista de Fiscales es la asociación menos representativa en la carrera fiscal.
Fuentes judiciales consultadas por EFE han declinado comentar la iniciativa al considerar que se trata de una actuación de parte en un procedimiento aún no concluido con sentencia firme.
El Tribunal Supremo tiene pendiente notificar el texto íntegro de la resolución, paso imprescindible para que la defensa del fiscal general pueda presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El juicio
El Tribunal Supremo dictó el 20 de noviembre la sentencia condenatoria contra el fiscal general, imponiéndole dos años de inhabilitación especial para el cargo y una multa de 7200 euros por un delito de revelación de datos reservados.
La resolución, hecha pública apenas una semana después de que concluyera el juicio —el primero que sentó en el banquillo a un fiscal general en democracia—, declara probado que García Ortiz filtró a la prensa información reservada sobre la investigación al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Cinco de los siete magistrados de la Sala de lo Penal han considerado acreditado el delito tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. Solo las juezas Ana María Ferrer y Susana Polo, de conocida sensibilidad progresista, han emitido voto particular discrepante.
Además de la inhabilitación y la multa, García Ortiz deberá indemnizar con 10 000 euros a González Amador por daños morales y hacerse cargo de todas las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
El fallo es firme y supone la salida inmediata del aún fiscal general del cargo que ocupa desde julio de 2022, tras ser nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los hechos juzgados giran en torno a la filtración, el 13 de marzo de 2024, de un correo del abogado de González Amador en el que este reconocía dos delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Aquel documento sirvió al equipo de García Ortiz para emitir una nota de prensa que desmentía la versión de la Comunidad de Madrid.
Durante el juicio, el fiscal general negó rotundamente ser el autor de la filtración y afirmó: «La verdad no se filtra; la verdad se defiende». Sin embargo, la mayoría de la Sala ha considerado probada su responsabilidad.
Siete acusaciones —entre ellas la particular del propio González Amador, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y el Colegio de la Abogacía de Madrid— habían pedido penas de hasta 12 años de inhabilitación. La Fiscalía y la Abogacía del Estado defendieron su absolución.
Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido contundente: «Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más».
Por su parte, Vox ha calificado la condena de «impresionante e impactante». Su secretario general en el Congreso, José María Figaredo, ha exigido a Sánchez que convoque elecciones «por dignidad» y ha recordado que el presidente llegó a preguntar quién pediría perdón a García Ortiz. «¿Quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno?», ha replicado Figaredo.
La sentencia aún está pendiente de redacción definitiva. El presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, ha asumido la ponencia ante la disensión de las dos magistradas progresistas.
Con información EFE
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