La semana pasada, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en la sede central de Forestalia en Zaragoza, en el número 33 del Coso, durante casi seis horas.
Este registro forma parte de una macrooperación que suma 19 entradas y requerimientos en varias provincias, incluyendo Madrid y Sevilla, y que ha dejado tres detenidos: la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario vasco Joseba Antxon Alonso.
La causa, instruida por el juez Antonio Piña del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y tutelada por la Fiscalía Anticorrupción, gira en torno a presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y organización criminal.
Fuentes judiciales explican que la investigación gira en torno a la existencia de posibles acuerdos ilícitos o pactos irregulares para la adjudicación de servicios y obras públicas.
Forestalia, el gigante aragonés de las energías renovables, emerge como un actor clave en esta trama conocida como «caso Leire» y que se encuentra bajo secreto de sumario.
Audios filtrados en mayo por El Confidencial revelan cómo Díez, apodada la «fontanera del PSOE», ofrecía favores judiciales a cambio de información para desacreditar a la UCO.
La red, que habría comenzado a operar poco después de la llegada del PSOE al Gobierno en junio de 2018, se nutre de vínculos con Servinabar, la empresa navarra en la que Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE— supuestamente ostentaba el 45 % de las participaciones.
Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, actuó como representante de Forestalia en proyectos clave, como una línea de alta tensión de 270 kilómetros entre Vizcaya y Zaragoza.
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El juez Piña sospecha que esta red intervino en al menos cinco operaciones por 133 millones de euros, cobrando comisiones superiores a 700 000 euros. Entre ellas, destaca una ayuda de 17,3 millones de euros concedida por Sepides —dependiente de la SEPI— a Arapellet, una sociedad del grupo Forestalia, para un proyecto de biomasa.
Además, la UCO ha requerido documentación en el Ministerio para la Transición Ecológica, donde se tramitaron autorizaciones para Forestalia durante la etapa de Teresa Ribera como ministra (2018-2024), que luego derivaron en ventas millonarias.
El ascenso meteórico de un imperio verde
Fundada en 2011 por Fernando Samper Rivas, un empresario zaragozano heredero del Grupo Jorge —tercera potencia cárnica de España—, la compañía surgió en plena crisis económica como una apuesta por las renovables sin depender de subvenciones públicas.
El despegue llegó en 2016, con la adjudicación de más de 400 MW en la primera subasta ministerial tras años de parálisis regulatoria.
Desde entonces —como describe un informe de El Español—encadenó un negocio tras otro en el sector renovable.
Según datos de la empresa, hoy opera más de 1500 MW eólicos y cerca de 500 MW fotovoltaicos, principalmente en Zaragoza, con una cartera en desarrollo superior a 8 GW —lo que cuadruplica su capacidad actual—.
El modelo de negocio es claro: obtener Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y licencias administrativas para proyectos de más de 50 MW —competencia estatal—, desarrollarlos parcialmente y revenderlos a gigantes como Bruc Energy, Repsol o Iberdrola.
El pelotazo más sonado ocurrió en 2021 cuando vendió 2000 MW fotovoltaicos —distribuidos en unas cuarenta sociedades— por 1400 millones de euros a Bruc Energy, filial de FCC.
Fuentes del sector, citadas por The Objective, afirman que «comprar molinos o placas a Forestalia era el camino más simple, porque se sabía que tenían vía rápida para acelerar el papeleo. Era una apuesta segura, por eso vendían a muy buen precio».
Esta estrategia generó un enjambre de 850 sociedades, muchas liquidadas antes de los registros de la UCO, en colaboración con la familia Sumelzo.
Proyectos como el Clúster del Maestrazgo (744 MW eólicos en Teruel) o el proyecto Búfalo —centros de datos con inversión de 12 000 millones de euros, declarado de interés autonómico por el Gobierno de Aragón— ilustran su expansión.
Forestalia también abastece la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas con 1000 MW renovables, sellado en un acuerdo con la china CGE junto al ministro Jordi Hereu en agosto de este año.
La compañía se presenta como promotor independiente, pero su crecimiento convive con sombras.
El Gobierno de Aragón, bajo el socialista Javier Lambán (2015-2023), aprobó el 98,3 % de sus más de 500 expedientes para parques eólicos, fotovoltaicos y subestaciones, un porcentaje calificado de inexplicable por el diputado de Teruel Existe Joaquín Guitarte.
Respaldado por un informe de la Guardia Civil remitido a la Fiscalía, Guitarte ha denunciado fraccionamientos ilegales para eludir la supervisión estatal, expedientes incompletos y modificaciones sin reevaluación ambiental.
Sombras ambientales y políticas
El Clúster del Maestrazgo, autorizado en 2022 por el Consejo de Ministros pese a informes desfavorables de la Generalitat Valenciana y la Dirección General de Medio Natural y Forestal de Aragón, aparece en el centro de la polémica.
Incluye la construcción de 80 aerogeneradores en la Red Natura 2000 y otros 94 en zonas de máxima sensibilidad del MITECO, con afecciones forestales graves.
Forestalia fichó a 11 ex altos cargos aragoneses, como Julio Tejedor (mano derecha de Lambán, 2015-2021), Alfredo Boné (consejero de Medio Ambiente, 2002-2011) y Luis Marruedo (cargos bajo Pablo Iglesias y Luisa Fernanda Rudi, 2011-2015).
Recibió casi 3 millones de euros en subvenciones del Ministerio de Hacienda bajo María Jesús Montero.
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Teruel Existe exige una moratoria desde hace cuatro años y la plataforma Paisajes de Teruel anunció que —a partir del informe de la UCO— valora una demanda penal contra Forestalia por irregularidades en la DIA: externalización de informes, omisión de alegaciones y estrategia de influencia mediante patrocinios y promesas económicas.
Alianza Verde y Podemos Aragón, asimismo, reclaman suspender la DIA y una nueva evaluación, citando el rechazo social y político al impacto ambiental ocasionado por el proyecto.
Un sector hinchado por generosas ayudas
El auge de Forestalia se enmarca en el boom renovable español, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, con una capacidad instalada que —según datos oficiales— creció de 7 GW en 2018 a 32,3 GW en 2024.
Este auge, impulsado por las políticas del Ejecutivo y los objetivos de descarbonización de la Unión Europea, ha transformado el paisaje energético, pero a un coste —que muchos consideran— insostenible: la pérdida de tierras agrícolas, especialmente olivares.
Megaproyectos como el de Jaén (4000 hectáreas, 100 000 olivos talados) o Núñez de Balboa en Extremadura (declarado ilegal en mayo pasado por el TSJ) expropian tierras fértiles afectando la supervivencia del sector agrario.
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En este marco, el PP, a través de su líder Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la comparecencia urgente de Sánchez por las detenciones en la SEPI y la «corrupción sistémica de su Gobierno», afirmando que «permanecer en el búnker sin dar explicaciones no es una opción». Vox, por su parte, ha tildado al PSOE de «partido de corruptos» y ha pedido al PP presentar una moción de censura contra Sánchez.
Por lo pronto, Forestalia ha negado cualquier tipo de irregularidad y se ha manifestado a favor de colaborar con la justicia, pero el caso Leire —con detenciones y libertad provisional con retirada de pasaporte para Díez— pone la lupa de la justicia sobre su modelo de expansión.
Con información de EFE
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