El Consejo de Ministros de España dijo que ha aprobado un Real Decreto-ley por el que, ante situaciones extraordinarias, se permitirá reubicar a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en las diferentes comunidades o ciudades autónomas del territorio español.
Se trata del «Real decreto Ley de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia», según la rueda de prensa del Consejo, el 18 de marzo.
El gobierno logró un acuerdo con Junts, la noche del lunes, para asegurar su apoyo en la convalidación del decreto en el Congreso, que podría ser en abril, según fuentes de Efe.
Si todo procede, en el primer año se haría efectivo el traslado de unos 4.000 menores desde Canarias y unos 400 de Ceuta al resto del territorio español.
La ley fue inmediatamente criticada por el partido Vox, porque modifica la ley de extranjería. Esto se realiza dando un amplio poder a la Conferencia Sectorial para la designación del reparto.
«La modificación de la ley de extranjería que aprobará el Gobierno por decreto y que establece un mecanismo permanente de redistribución de ‘MENA’ supone abrir las puertas ‘a una inmigración ilegal descontrolada por completo’», dijo Vox en un comunicado el 18 de marzo.
Como argumento, agregó que ya ha habido un importante incremento en la llegada de menores a Ceuta, el que atribuye a las peticiones reiteradas del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, para los ‘menas’ sean trasladados a otras autonomías, en vez de ser devueltos a sus padres.
«Por ello, el partido insiste en que esta reforma supondrá ‘un colapso permanente de nuestra administración, ya que los menores marroquíes saldrán hacia la ciudad de manera masiva al ver a su alcance la posibilidad de ir a la península’».
«Queda demostrado que Juan Vivas y el PP de Ceuta son la versión más antiespañola y antinacional del Partido Popular», afirmó Juan Sergio Redondo, presidente de VOX Ceuta.
«Ceuta no deja de ser un territorio de la nación española» y por ello subraya la necesidad de denunciar que se trata de «una medida injusta y que perjudica a los intereses nacionales».
El líder nacional de Vox también manifestó su oposición a este acuerdo en las redes sociales.
«Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia… ni a ningún sitio. A Marruecos con sus padres y con su Rey. Punto», dijo Santiago Abascal en X:
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aseguró a Efe que la comunidad «no admitirá más repartos de inmigración ilegal».
Además, en un posteo en X, este martes, Masón afirmó que no aceptará «más trampas del Gobierno al dictado de los separatistas», al referirse a la acogida de menores inmigrantes.
¿Cómo procedería el reparto?
Para que procedan las medidas de la ley, se debe declarar una contingencia migratoria extraordinaria. Esto será factible «en los territorios cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria».
«Es el caso, en estos momentos, de Canarias y de Ceuta», dice la referencia del Consejo de Ministros.
Canarias, cuenta con la tutela en la actualidad a 5.800 jóvenes, según fuentes actualizadas de la agencia Efe.
Se espera que durante el año se haga efectivo el traslado de 4.000 menores desde Canarias y 400 de Ceuta en este primer año al resto de autonomías.
De acuerdo con un comunicado de Junts, citado por TeleMadrid, el primer reparto se llevará a cabo entre aquellas comunidades autónomas «que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación al esfuerzo que ha realizado Cataluña».
Supuestamente, esto «limita la llegada de menores no acompañados destinados a Cataluña», que recibiría entre 20 y 30 de los 4.000 que se encuentran actualmente en Canarias, mientras que Madrid acogería a más de 700.
Esta información, que no está confirmada, generó inmediata controversia. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirmó que si es así, desplazará a los adolescentes al centro de menores de La Cantueña, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, gobernado por el PSOE.
«Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva», dijo la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un posteo X, compartiendo el anuncio de prensa que recibiría 700 migrantes.
«Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias. Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada», declaró la Sra. Ayuso.
Al parecer, Madrid enviaría los migrantes no acompañados al centro de menores de La Cantueña, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, gobernado por el PSOE. El centro de primera acogida de Fuenlabrada está dotado con casi un centenar de plazas, y empezó a recibir a los primeros menores migrantes no acompañados a finales de septiembre de 2024.
El gobierno municipal respondió en las redes sociales que el centro se encuentra «en medio de la nada, flanqueado por los polígonos empresariales y a metros de la carretera A-42».
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala posteó en X un supuesto anuncio de Madrid y scribió que se «pretende que todos los menores no acompañados que llegan a la región vayan al centro Isabel Díaz Ayuso del cerro de La Cantueña: en medio de la nada, sin hablar con los municipios, sin criterios objetivos, homogéneos y de solidaridad, y sin importarle que ese centro no sea adecuado para acoger a estas personas».
En el anuncio en X indicaba que Madrid habría recibido 10.618 menores migrantes no acompañados en siete años, entre 2019 y 2025, por lo que ahora le tocaba a Fuenlabrada.
Modificación de la ley de extranjería da amplio poder a la Conferencia Sectorial
El decreto modifica el artículo 35 de la ley de extranjería con cuatro puntos añadidos, que establecen el mecanismo del reparto, según la referencia del Consejo de Ministros.
En el 35 bis se establece que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde están representadas las comunidades autónomas, será la que tenga plena autonomía para adoptar las decisiones de reparto de menores.
El Gobierno pedirá a las autonomías que certifiquen cuántos menores migrantes no acompañados tienen, antes del 31 de marzo.
Si las comunidades no facilitaran sus datos, el Gobierno emplearía registros propios para seguir adelante con el procedimiento.
Para calcular la capacidad ordinaria de acogida de una comunidad, se sumarían los datos de menores de todas las comunidades y se dividiría la población del conjunto del país por ese número. Después, se dividiría la población de la comunidad autónoma por ese último número y el resultado es lo que se considerará la capacidad ordinaria de cada autonomía
El artículo 35 ter establece una serie de criterios para decidir la distribución de los menores, que pueden ser modificados también por unanimidad por la Conferencia Sectorial. Estos criterios se basan fundamentalmente en las conferencias sectoriales de los años 2022, 2023 y 2024.
En el caso de que no haya acuerdo unánime para el reparto se establecerán los criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión ((2%)
La capacidad máxima de cada territorio se aprobará anualmente y a tal efecto las Ciudades y Comunidades Autónomas deberán remitir a la persona titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia antes del 15 de enero de cada año certificación del titular de la Consejería competente del número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por su sistema de protección.
100 millones de euros para 2025
Las disposiciones adicionales de la iniciativa legal indican que «se garantiza la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para el que se creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros».
El cómo se cubrirán los fondos exactamente no fue detallado, ni si esa cuantía corresponde al costo de un determinado número de migrantes de un solo año o más.
Se está planteando de 100 millones de Euros cuando se habla de acoger entre 4.000 y 5.000 menores migrantes inicialmente.
En dos años, 2023 y 2024, España acogió en total a 120,000 migrantes, de los cuales más de 117.000 llegaron por vía marítima, en cayucos y pateras.
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