Un acto de violación sexual con penetración que dejó lesionada a una joven madrileña de 21 años, ocurrido en horas del día cerca de un centro acogida de inmigrantes de Madrid, y un violento incidente con okupas extranjeros en Barcelona está generando protestas contra las políticas de fronteras abiertas del Gobierno.
La población de Alcalá de Henares, en Madrid, se volcó a las calles este miércoles para protestar por la instalación del centro de acogida instalado en su barrio hace más de un año, desde donde surgieron testimonios de padres muy preocupados por sus hijos, y de jóvenes y mujeres que afirmaban ser a diario tocadas en el cuerpo por extranjeros que intentan atraparlas cuando salen o regresan a sus hogares.
«No poder salir a la calle y que me roben, nos violen», declaró una mujer ante las cámaras de un influencer que se acercó a Alcalá de Henares a cubrir las protestas.
La Policía Nacional detuvo a un hombre de Mali de 21 años acusado de violar a la joven el 28 de junio, en un camino que rodea el acuartelamiento Primo de Rivera, que acoge el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) donde se encuentran cerca de 1700 extranjeros, según cifras de la alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), Judith Piquet.
El agresor se abalanzó sobre la chica a las siete de la tarde, la golpeó y la agredió sexualmente. La víctima consiguió pedir ayuda a un hombre que pasaba por la zona, por lo que se informó a la Policía y fue derivada a un hospital. El inmigrante, que según fuentes de EFE era del centro de acogida, fue acusado de agresión sexual y lesiones.
Los hechos desencadenaron una masiva protesta el miércoles a la que acudieron activistas y se planean más movilizaciones para este viernes.
«Los okupas acosan a los vecinos y destrozan la convivencia»
En Barcelona, las tensiones giraron en torno a un local ocupado por «okupas» extranjeros. Los últimos hechos dejaron como resultado al menos un herido por apuñalamiento que fue trasladado al hospital y un menor de edad detenido. También resultó herido un agente de los Mozos de Escuadra.
El conflicto se habría iniciado en Sabadell y habría terminado en el vecino Barberà. Los testimonios sostienen que los propietarios viven encerrados en sus casas, ya que los robos ocurren a plena luz del día, y «los okupas acosan a los vecinos y destrozan la convivencia».
Debido a los incidentes, agentes de los Mozos de Escuadra de la comisaría de Sabadell y de la de Barberà del Vallès dispersaron a los grupos en conflicto que se habían concentrado en un local, con el apoyo de efectivos de las unidades especializadas Brimo y ARRO.
«Vivo en La Creu de Barberá, justo enfrente del inmueble Okupado (…) la situación es caótica», señala un usuario.
Al parecer, no era la primera noche de agresiones entre patrullas vecinales y grupos de extranjeros.
Días antes, un extranjero amenazó con un cuchillo a los pasajeros de un tren en Sabadell, pero fue neutralizado por la policía y falleció en el hospital.
Tocamientos a una menor en una piscina de Alhama de Murcia
En Alhama de Murcia, otro extranjero de origen magrebí fue detenido por realizar tocamientos el 3 de julio a una niña de 12 años que se encontraba bañándose en una piscina municipal a la que había acudido con su abuela. La socorrista dio la voz de alarma y el hombre fue detenido. También en este caso, los vecinos llamaron a concentrarse hoy viernes 4 de julio, en la puerta del complejo deportivo bajo el lema: «¡Queremos llegar a salvo a casa. Alhama exige seguridad!». El presunto agresor ya se encuentra en libertad con cargos.
El Ayuntamiento de Alhama asegura que esto es solo un fenómeno aislado y destacó que los protocolos de actuación funcionaron.
Sin embargo, usuarios de las instalaciones municipales, declararon al medio La Verdad que los socorristas se encuentran desbordados por una serie de jóvenes que no respetan las normas y molestan al resto de los visitantes. Los vecinos aseguran, por su lado, que estos comportamientos impropios son una realidad diaria, según el mismo medio.
Las violaciones se han doblado desde 2017
España registró un récord de 12 727 víctimas de agresión sexual en 2024, y de estos 4890 culminaron con una violación con penetración, es decir, más del doble que en 2017.
Las comunidades más afectadas han sido Cataluña, Andalucía, Madrid, seguidas por la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares.
Respecto a los robos, atracos e intimidaciones, aunque muchos casos no se denuncian oficialmente, hay otros índices que revelan la magnitud del problema. El robo de vehículos y el tráfico de drogas se incrementaron un 800 % y un 300 % respectivamente desde 2017.
«Yo trabajo en las unidades de intervención policial, llevo 17 años en ellas estoy en la calle todos los días y he visto en este tiempo cómo ha cambiado la sociedad por desgracia y no ha cambiado para mejor efectivamente (…) Está el tema de la inmigración descontrolada», declaró Hugo del Prado del Sindicato de la Policía Nacional (JUPOL) en la jornada de Congreso de los Diputados titulada «Los retos de la nueva realidad criminal», un encuentro centrado en analizar los desafíos actuales del modelo de seguridad en España.
Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el siglo XXI, una asociación de profesionales de la Seguridad Pública, destacó durante el reciente Economic Forum de Madrid que España está sufriendo «procesos de inmigración ilegal que han cambiado barrios, han cambiado ciudades y han transformado países», lo que desencadena inseguridad y destruye la economía.
«Tienes cuatreros por los caminos, asaltadores, corrupción, eso es lo único que tienes, y cuando no logras imponer tu autoridad siempre viene un tipo violento que acabará imponiendo la suya que puede ser desde la criminalidad más tradicional, la mafia, la nueva criminalidad organizada, los flujos de trata de seres humanos que han incluso, en algunas rutas, sustituido a los flujos de tráfico de drogas del siglo XX, o más peligroso aún, el fanatismo religioso, la Sharía, que ya se está imponiendo en algunos barrios», dio Vázquez.
Las comunidades más afectadas han sido Cataluña, Andalucía, Madrid, seguidas por la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares.
Autoridades de Madrid piden el cierre
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, pidió este jueves al Gobierno el cierre de los tres centros de acogida de migrantes abiertos en Madrid: en el distrito de Carabanchel y en los municipios de Alcalá de Henares y Pozuelo de Alarcón, a los que llamó «macrocampamentos».
García reclamó además contra el plan de 400 plazas en el centro de Pozuelo de Alarcón por ser una distribución de menores inmigrantes no acompañados (MENAS) que «no tiene ningún sentido» que «se ha hecho sin contar con el resto de Administraciones públicas» y sin considerar la fuerte presión migratoria que se suma a la que se vive en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde también se congregan inmigrantes que esperan asistencia.
Ante las reacciones de Madrid y algunas comunidades que manifestaron su oposición a la recepción de MENAS, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió de que el rechazo sería ilegal, «por lo que lo tendrían que pagar en los tribunales».
Por su parte, la alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), Judith Piquet, anunció esta semana que presentará una moción en el próximo Pleno municipal el 15 de julio, para solicitar el cierre del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera de la ciudad complutense.
También defendió que Alcalá de Henares necesita recuperar su normalidad, y eso incluye «asegurar» que las familias «puedan volver a disfrutar de la ciudad sin temor», ha dicho.
Piquet afirmó que «el centro ha superado la capacidad permitida, con más de 1700 personas, y ha provocado una grave preocupación entre los vecinos y las familias» del municipio complutense. «Este centro dobla la capacidad permitida del centro», agregó más tarde.
Por dicho centro de acogida han pasado ya 10 000 migrantes, añadió.
Dimite la directora del Sistema de Acogida
En medio de los últimos incidentes, dimitió la que fuera directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Amapola Blasco, cuyo cargo, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El cese de Blasco fue acordado en el Consejo de Ministros del 2 de julio e inscrito en el BOE.
Blasco era la responsable del sistema de acogida de protección internacional y temporal, que atiende a los inmigrantes solicitantes y beneficiarios en España que no tienen medios económicos y les ofrece acompañamiento hacia su adquisición de autonomía e integración en la sociedad.
Además, gestionaba el programa de Atención Humanitaria, que cubre las necesidades básicas de los demás inmigrantes «en situación de vulnerabilidad» que llegan sin recursos a las costas españolas.
En estas fechas, Blasco debía gestionar la acogida de alrededor de mil menores migrantes no acompañados que han solicitado protección internacional en Canarias, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo emitida el pasado 25 de marzo.
Hasta el momento se han gestionado 650. El Gobierno dispuso 400 plazas definitivas en Pozuelo de Alarcón, Madrid, y 250 de tránsito anunciadas en Las Palmas de Gran Canarias.
Incluye información de EFE
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