La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid autorizó a finales de noviembre un evento organizado por la Red Universitaria por Palestina, con el apoyo de organizaciones que en varios países están prohibidas por su vinculación con grupos terroristas.
El evento se tituló «Tribunal de los pueblos sobre la complicidad con el genocidio palestino en el Estado español» y se celebró los días 28 y 29 de noviembre. Según el programa, incluyó varias sesiones temáticas que debían servir para identificar y acusar a un conjunto de entidades que, a juicio de los organizadores, colaborarían desde España con el llamado «genocidio palestino».
La calificación de «genocidio» adoptada por los presentadores del evento y el grupo Tribunal de los Pueblos sobre la guerra de dos años entre el grupo Hamás palestino e Israel es controvertida.
De hecho, esta iniciativa generó un profundo malestar en la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) —que agrupa a la mayoría de las comunidades de confesión judía del país— y motivó incluso una intervención del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
«Cuando vimos lo que se estaba organizando, lo que hicimos fue escribir a la decana de la facultad y al rector de la universidad, avisándoles de que el evento estaba apoyado por grupos considerados prohibidos en algunos países, como Alemania, porque tienen vínculos con organizaciones terroristas», dijo a The Epoch Times María Royo, portavoz de la Federación de Comunidades Judías de España, mencionando a los grupos «Masar Badil, Samidú (Samidoun) y el BDS».
Samidoun, o Red de Solidaridad con los Presos Palestinos, considera el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 como una fecha memorable. Ese día combatientes palestinos del grupo Hamás cruzaron desde Gaza al territorio de Israel y asesinaron a sangre fría a más de 1200 personas —en su mayoría civiles, incluidos niños y ancianos— y alrededor de 240 fueron tomadas como rehenes durante la incursión armada contra localidades israelíes cercanas a Gaza. La ola de asesinatos acompañados de miles de misiles desencadenaron una guerra que duró dos años. Según el Ministerio de Salud de Gaza, 70 117 palestinos habrían muerto en los enfrentamientos, incluyendo civiles, y otros 170 999 habrían resultado heridos en una población de unos 2,1 millones de habitantes. De acuerdo a las Fuerzas de Defensa de Israel, 923 de sus militares perdieron la vida.
La Oficina de Protección de la Constitución en Alemania, en un informe 2023, explicaba que, pocas horas después del ataque de Hamás, Samidoun celebró la masacre «distribuyendo dulces en Berlín» y publicando mensajes de apoyo a la «victoria de la resistencia». Ese comportamiento continutado condujo a la prohibición del grupo en Alemania a principios de noviembre.
En un texto de hace un mes y medio, el grupo difundió que «el camino trazado por los combatientes el 7 de octubre de 2023 es el camino hacia la liberación de Palestina desde el río hasta el mar».
Algunos citan a Samidoun como parte del grupo revolucionario Masar Badil, que promueve una Palestina desde el río hasta el mar en actividades conjuntas. Se le señalan vínculos políticos y discursivos con organizaciones como el PFLP (Frente Popular para la Liberación de Palestina). Aunque no está designada como organización terrorista, a Masar Badil se la considera alineada a los grupos armados palestinos.
En una de las mesas de discusión del evento frente a los estudiantes, intervino el colectivo Profesionales de la Sanidad por Palestina (hw4p). El grupo llegó a declarar en su Web que «si es terrorismo lo que hace Samidoun», que finalmente no figuró en la lista pública de colaboradores del evento, «como profesionales de la sanidad nos declaramos también terroristas». Hw4p argumentó que la labor de Samidoun consiste en «exigir respeto a los derechos humanos por la potencia colonial y expresar solidaridad con la población palestina».
Entre las organizaciones colaboradoras figuró también RESCOP, coordinadora estatal de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel, que incorpora este marco político como base de actuación. Asimismo participaron entidades como Al-Haq, uno de los principales actores jurídicos palestinos ante la Corte Penal Internacional —sancionado por el Gobierno de Estados Unidos en 2025—, y Alkarama – Movimiento de Mujeres Palestinas, cuyos vínculos con Samidoun y Masar Badil han sido señalados por diversas fuentes.
La federación judía pidió la cancelación del encuentro cuyo objetivo era señalar a una lista de entidades a las que consideran cómplices, «porque, a la vista de los ponentes que había, seguro que se iba a decir algo demonizador o que situaría a la federación —como representante de los judíos— como colaboradora del genocidio, que es lo que últimamente están diciendo». Sin embargo, «pese a la respuesta bastante positiva de la decana, diciendo que ella no lo sabía», el evento se celebró igualmente.
«Consideramos extremadamente preocupante la celebración de un evento que puede señalar y estigmatizar a la comunidad judía, generando un riesgo real para la seguridad de los judíos españoles», añadió.
«Instamos a la Universidad Complutense a sumarse a las instituciones que han adoptado la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), organismo del que España forma parte desde 2019».
María Royo recordó que informó al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid sobre la celebración de este evento.
«Esto no estaba bien, y además se ha hecho en una universidad pública […] A quienes ponen en la diana es a los judíos, y cuando además participan organizaciones con vínculos terroristas, la preocupación es aún mayor».
«España forma parte de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y aprobó en 2021 la definición de antisemitismo», dijo la portavoz.
El consejero de Educación interviene
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, emitió una carta dirigida al rector del centro universitario, Joaquín Goyache, fechada el 28 de noviembre, cuestionando la participación en el evento, agregando que Samidoun ha sido sancionada en Estados Unidos y en Canadá, donde tiene su sede, advirtiendo además que «se la considera una organización terrorista».
Viciana pidió al rector de la Universidad aclarar «cómo se han tomado las decisiones relativas a este evento y qué mecanismos de control o supervisión se han aplicado». El consejero ha recalcado que el empeño por la libertad y la pluralidad en la universidad «no puede amparar a grupos delictivos y menos cuando se arropan en el prestigio de la universidad pública».
La UCM, como universidad pública propone «una responsabilidad social ineludible […] al fomento […] de la generación de pensamiento crítico».
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El foco en «los nuestros: en los empresarios, políticos, gestores, periodistas, banqueros, rectores…»
La presentadora del evento, María Ángeles Díez Rodríguez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y profesora de Sociología explicó que se reunieron «para dar testimonio de los hechos cotidianos, las operaciones administrativas, las políticas, de todo aquello que es fuente […] del genocidio del pueblo palestino».
Para ello, dijo que previamente trabajaron durante seis meses en siete equipos «recopilando y documentando las complicidades» de las entidades enumeradas. Como resultado, los organizadores del encuentro debían publicar las entidades españolas a las que se debía «acusar».
«Pondremos en contexto el crimen y colocaremos el foco en “los nuestros”: en los empresarios, políticos, gestores, periodistas, banqueros, rectores…», dijo Díez, quien es miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista.
Díez subrayó que «este Tribunal no es neutral. La neutralidad no sirve para hacer justicia, sino todo lo contrario».
Tras los dos días de sesiones y mesas de trabajo, la sentencia final del grupo apuntó contra cinco puertos españoles como «nodos logísticos de maquinaria genocida», contra cinco bancos «por beneficiarios o facilitadores», otras entidades de «capital inmobiliario, fondos de inversión y fondos de inversión israelíes y estadounidenses»; cinco grupos deportivos y mediáticos, y medios de comunicación masiva no nombrados directamente.
Se menciona una empresa israelí que fabrica medicamentos genéricos, pero no queda claro de qué manera «son cómplices de un genocidio» de personas en Gaza.
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«Yo acuso»: metodología y señalamiento
Como parte de las actividades previas vinculadas al evento, se propuso a los estudiantes redactar cartas que comenzaran con la fórmula «Yo acuso», en las que debían identificar y señalar a entidades españolas. Los materiales del taller orientaban a los participantes a atribuir responsabilidad a particulares, empresas, universidades, asociaciones e incluso profesiones —desde el ámbito sanitario al militar— como supuestos cómplices de un genocidio.
Los organizadores sostuvieron que «no se enjuicia a Israel, sino a España», y afirmaron basarse en información procedente de «organizaciones, centros de investigación, colectivos de solidaridad, campañas y plataformas».
La documentación de evidencias muestran gráficos interactivos y una lista de armas y de fechas en que presuntamente fueron usadas. En su primer ejemplo señalan que el 7 de octubre de 2023, en el Super Nova Festival, Israel atacó «sobre combatientes y civiles» con el arma AH-64 Apache fabricada por Boeing y causó un «numero desconocido de bajas». Se menciona la financiación de tres bancos españoles: Santander, BBVA y Caxabank.
María Royo explicó que se trataba de «una técnica para darle la vuelta al discurso y convertir a la víctima en el verdugo. Todos sabemos cómo ocurrieron los hechos del 7 de octubre. Presentar algo distinto es una falsificación. No hay ninguna prueba de lo que insinúan y, aun así, lo incluyen en un documento presentado como sentencia en un evento universitario».
«Cualquier tribunal basa sus decisiones en pruebas verificables. Si se dictan conclusiones a partir de informes no corroborados, esas conclusiones carecen de validez».
Lo que se conoce es que en la madrugada del 7 de octubre de 2023, en el desierto del Néguev, cerca del kibutz Re’im y a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, miles de jóvenes asistían al Supernova / Nova Music Festival, un rave de música organizado con motivo de la festividad judía de Sucot. Había unas 3000–3500 personas en el recinto cuando Hamás inició un masivo ataque contra Israel.
Según los medios de comunicación de Hamás alrededor de las 8:00 a. m., hora local, su líder militar Mohammad Deif, anunció un ataque contra Israel e instó a los palestinos de todo el mundo a luchar. Afirmó que más de 5000 cohetes impactaron contra Israel en tan solo los primeros 20 minutos.
Zac Bernard, que estaba entre los asistentes al festival que sobrevivieron, dijo a NTD que lograron evadir a los hombres armados que dispararon contra los civiles desarmados. «Todos bailaban y se divertían. De repente, empezaron a caer cohetes por todas partes». Jos Vranken, un DJ belga que se encontraba en el escenario un día antes del ataque, declaró a VRT News que miembros del grupo terrorista lanzaron granadas de mano al público antes de abrir fuego.
Muchos corrieron a sus coches e intentaron huir, pero recibieron disparos mientras huían. «Había decenas de ellos caminando junto a los coches y disparando a la gente dentro», agregó Bernard.
Según los informes, ese día Israel respondió defensivamente al ataque sin precedentes disparando a los sitios de la Franja de Gaza desde donde se lanzaban los misiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las 10:40 que terroristas habían invadido el país por mar, aire y tierra.
La oficina central de estadísticas de Palestina señala que la población de palestinos en 1914 era de cerca 680 000 y hoy viven 2,1 millones en la Franja de Gaza.
Consultada sobre el impacto en la comunidad judía ante eventos como el desarrollado en la UCM, la portavoz de la federación señaló que «no diría que hay miedo, pero sí un aumento de la presión». Royo explicó que incluso en periodos de tregua en Gaza hay grupos que «siguen muy activos». Como ejemplo, mencionó la cancelación reciente de una charla sobre antisemitismo después de que un colectivo colocara carteles acusatorios sobre el anuncio del evento.
«Todo lo que suena a judío, israelí o sionista está siendo demonizado. Eso afecta a la vida cotidiana», lamentó.
Añadió que existe legislación específica: «El antisemitismo está recogido en el artículo 510 del Código Penal». Sin embargo, señaló que «no todos los jueces y fiscales lo aplican correctamente, en parte porque desconocen la definición de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), que es muy clara y debería ser el estándar de referencia».
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