Desde el 1 de enero de 2030, la Unión Europea prohibirá la venta o alquiler de viviendas con calificación energética F o G según el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), que va de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente).
El CEE se implantó en España en enero de 2013, como parte del esfuerzo europeo para reducir emisiones de CO₂ y mejorar la eficiencia energética de su parque residencial.
El objetivo es ambicioso pero real: exigir un estándar energético mínimo. Sin embargo, las consecuencias pueden ser complicadas, especialmente para aquellos hogares con menos recursos que habitan propiedades antiguas y mal acondicionadas.
El tiempo corre: quedan solo cinco años para evitar quedar fuera del mercado.
¿A quién afecta y por qué?
El parque residencial de España está rezagado: el 81 % de sus edificios están en letras E, F o G, y el 84,5 % consumen más energía de la ideal para cumplir con los objetivos de 2030, según el IDAE.
Las viviendas de antes de 1980, sin aislamiento ni ventanas térmicas, son las que más proliferan en estas categorías y son también las más vulnerables desde el punto económico.
Este desajuste convierte la normativa en una exigencia pesada contra un sector significativo de ciudadanos, especialmente aquellos con menos capacidad de acometer reformas.
La restricción plantea el riesgo de una reducción drástica de oferta inmobiliaria, que podría encarecer precios de venta y alquiler, reforzando la crisis habitacional.
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¿Cuánto puede costar adecuar una vivienda?
The Epoch Times España consultó a varios especialistas sobre los costes de las reformas necesarias para pasar de una categoría F o G a una E.
Según el técnico certificado en eficiencia energética CEE Oficial, las actuaciones necesarias para alcanzar la letra E incluyen:
– Aislamiento térmico de fachadas y cubiertas (por el interior)
– Sustitución de ventanas por carpintería de PVC con doble acristalamiento bajo emisivo
– Sustitución del sistema de calefacción por bomba de calor de alta eficiencia
En una vivienda tipo de 90 m² en Madrid, los costes aproximados serían:
– Aislamiento térmico interior: 3 000 €
– Ventanas: entre 5 000 € y 7 000 €
– Bomba de calor: 6 000 €
– Certificación CEE (dos certificados): 150–200 € + IVA
– Permisos o tasas (por ejemplo, declaración responsable para cambio de ventanas): 400–700 €
Coste total estimado: alrededor de 11 000–13 000 €, según materiales y empresa contratada.
Subvenciones y deducciones: ¿realidad o espejismo?
España ofrece ayudas, aunque sujetas a requisitos, plazos y disponibilidad:
– Plan PREE (Next Generation EU): subvenciones del 40–80 % del coste, con topes entre 6 300 €, 11 600 € y 18 800 €, según el nivel de mejora energética; en casos de vulnerabilidad, hasta el 100 %.
– Ayuda estatal: el MITMA ofrece una ayuda fija del 40 %, con tope de 3 000 € por vivienda.
– Deducción fiscal por mejora energética: entre el 20 % y el 60 % del coste, con tope de 5 000 € a 15 000 €.
– Ayudas autonómicas y locales: por ejemplo, la Comunidad de Madrid o Asturias ofrecen subvenciones según la mejora obtenida, con importes que pueden alcanzar los 18 800 € por vivienda.
Aunque los números parecen generosos, solo se ha ejecutado el 42 % de los fondos destinados a rehabilitación energética.
En comunicación con este medio, los arquitectos Marisol Álvarez y Antonio Álvarez de CEE Oficial estiman que entre un 60 y 70 % de los clientes consigue al menos una parte de alguna ayuda, pero advierten de obstáculos como documentación incompleta, trámites mal gestionados o plazos cambiantes.
Reforma por fases: ¿una estrategia viable?
Según el arquitecto Miguel Burgos, es posible acometer las reformas por fases siempre que se mantenga una estrategia técnica clara y la documentación esté bien presentada.
En su experiencia, proyectos bien diseñados y acompañados por profesionales experimentados pueden acceder tanto a subvenciones europeas como estatales de forma efectiva.
No obstante, en diálogo con The Epoch Times España, Burgos aclara que «no es factible que se inicie, se pare por tiempo prolongado y luego se reanude años después», ya que los fondos tienen plazos de ejecución exigentes.
Además, advierte que una reforma mal planteada puede frustrar el objetivo de subir de calificación energética, aunque se haya invertido dinero.
Planificar la reforma: pasos, advertencias y tiempos
1- Pide un CEE actual: lo primero es saber en qué letra estás. Puedes encargarlo a un técnico autorizado por 150–250 €.
2- Haz una auditoría energética: algunos técnicos ofrecen servicios que identifican los puntos críticos a reformar. Esto es clave para no sobrerreformar ni gastar de más.
3- Consulta si puedes optar a ayudas: verifica si tu comunidad autónoma tiene activa la convocatoria del PREE y qué requisitos exige. También consulta si tu perfil fiscal te permite deducciones.
4- Solicita varios presupuestos: compara opciones antes de decidir. Cuidado con empresas que prometen subvenciones «garantizadas» sin base legal.
5- Haz la reforma por fases si no puedes realizarla de una vez: primero ventanas, luego fachada, después tejado, etc. Aunque esto alarga los tiempos, permite ajustar el gasto.
6- Actualiza el CEE: tras la reforma, vuelve a certificar. Este paso es indispensable para acreditar que tu vivienda ya no está en F o G.
CEE Oficial también recomienda «conservar toda la documentación oficial de subvención y certificado, pues puede ser requerida en inspecciones o para deducciones fiscales», y contar con un equipo técnico que coordine el conjunto de la obra para evitar fraudes.
Un horizonte incierto: ¿será definitiva esta norma?
El ingeniero y experto en política energética Gerardo del Caz, colaborador de la Fundación Disenso, advierte que con estas políticas «estamos replicando el modelo de la Unión Soviética» en cuanto a «penalizar la propiedad privada».
«Lo que se está promoviendo desde Europa es una limitación a la propiedad privada y un estrangulamiento de la oferta inmobiliaria», advierte en entrevista con The Epoch Times España.
Del Caz sostiene que «los objetivos no buscan salvar el planeta o beneficiar el medioambiente, porque esto es realmente —como decimos en España— “el chocolate del loro”, el impacto que tiene a nivel global es mínimo, es ridículo, sino que permite al Estado hacer aceptables o hacer digeribles determinadas medidas que van en la línea de limitar esos derechos sobre la propiedad privada de los ciudadanos y de las empresas».
En esa línea, alerta sobre el riesgo de que «la posesión de la vivienda sea cada vez más onerosa y difícil para los pequeños propietarios».
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Mientras tanto, los ciudadanos se ven obligados a actuar: reformar o esperar a que el marco normativo cambie. Pero quien espere, corre el riesgo de quedarse sin opciones si finalmente la norma entra en vigor sin matices.
La cuenta atrás ha comenzado. Quien tenga una vivienda en F o G y desee venderla o alquilarla después de 2030, deberá tomar una decisión estratégica —y cuanto antes, mejor.
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