La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el Gobierno está ultimando la Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, una norma con la que se pretende limitar la colaboración público-privada y que en su opinión protegerá la sanidad pública frente al ánimo de lucro y los fondos de inversión. El Ejecutivo prevé aprobarla a principios de 2026.
En una entrevista concedida a El País, donde abordó el escándalo del hospital público de Torrejón de Ardoz, Madrid, gestionado por el grupo privado Ribera Salud, García ha afirmado que la nueva ley derogará la Ley 15/1997, que permitió la entrada de fórmulas privadas en la gestión de hospitales públicos.
A su juicio, «esta colaboración público-privada se ha pervertido en una parásita público-privada», orientada al beneficio económico.
La nueva norma, ha subrayado García, no elimina la colaboración público-privada, pero sí impide que se presten servicios públicos a través de empresas con ánimo de lucro, estableciendo reglas más estrictas.
«Sobre todo blinda y protege nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, frente al ánimo de lucro», dijo la ministra, añadiendo que el texto legal está prácticamente cerrado y que el Gobierno espera llevarlo al Consejo de Ministros a comienzos del próximo año.
La consejera de Salud de Madrid rechaza la nueva Ley
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, rechazó el 8 de diciembre la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, anunciada por la ministra, argumentando que limitará la colaboración público-privada y perjudicará la calidad de la asistencia.
La ley pasó por un proceso de consulta pública en mayo de 2024.(Texto de la consulta)
Matute criticó a García, en declaraciones recogidas por EFE, por un «neocomunismo mal entendido» y por querer «que tengamos un sistema sanitario cubano, nicaragüense o norcoreano» sin dar detalles de sus afirmaciones.
A la vez, defendió la colaboración público-privada en Madrid «auditada y fiscalizada por la Intervención General y por la Cámara de Cuentas».
En su opinión «esta ley iría contra el Estado de Derecho.
Listas de Espera
El Ministerio de Sanidad trabaja también en un real decreto sobre listas de espera que permitirá seguir todo el recorrido del paciente, desde la atención primaria hasta la intervención quirúrgica.
«Ahora mismo las listas de espera son cajas negras y en el caso de la quirúrgica es una caja negra que pasa antes por un servicio de admisión que no es directo desde el cirujano hasta la lista de espera», dijo la ministra García.
Escándalo por las indicaciones del director del hospital
El Hospital Universitario de Torrejón se puso en marcha en 2011 con el modelo de concesión sanitaria para dar servicio a más de 150 000 habitantes. El centro cuenta con 250 camas en habitaciones individuales, 20 puestos de hospital de día, 83 puestos de atención de urgencias, 8 salas de dilatación y parto y 16 puestos de diálisis.
Es gestionado por Ribera Salud desde el año 2018, según el propio establecimiento. Centene Corporation, propietaria del 50 % del grupo Ribera Salud, adquirió la participación de Sanitas y Asisa de la empresa Torrejón Salud. En los contratos del BOE aparece mencionado Torrejón Salud.
Tiene un modelo de gestión público-privada, por lo que su financiación, propiedad y control son públicos, pero la prestación del servicio está adjudicada durante un periodo de tiempo a una empresa concesionaria.
La polémica por la gestión privada de hospitales públicos creció después de salir a la luz a principios de mes un audio con las indicaciones del director ejecutivo (CEO) del grupo Ribera, Pablo Gallart, donde pedía a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en «cuatro o cinco millones».
Tras la difusión de sus declaraciones Gallart solicitó apartarse temporalmente de las responsabilidades de gestión del hospital, mientras el grupo que lo gestiona anunció que están realizando una auditoría «en profundidad» para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad.
García, criticó las declaraciones y explicó que estudia «todas las vías legales» para analizar la gestión privada de los hospitales públicos en Madrid. Mientras tanto, dijo que ve «corrupción institucional» en el procedimiento.
Además, remitió una carta a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en la que le exigió la «apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente» sobre los hechos y, en función de sus resultados, «la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro».
Ayuso responde que los datos del hospital «son inmejorables»
Ayuso, respondió el 6 de diciembre acusando al Gobierno de querer tapar sus «problemas de corrupción y de mala gestión» atacando a la región madrileña con la polémica por las grabaciones del CEO del hospital de Torrejón.
La presidenta defendió al Hospital de Torrejón y a sus profesionales, así como que las inspecciones realizadas al centro sanitario demuestran que los datos de espera «son inmejorables» y su trabajo es «impecable».
Además, insistió en que cualquier persona que «utilice la sanidad de Madrid» y «haga prevalecer una vida sobre la otra tendrá una respuesta contundente y sin paliativos».
El 7 se diciembre, la ministra García anunció en X que acudirán a la Fiscalía por un posible delito de lesiones contra los pacientes, y que se enviará a la Alta Inspección para investigar lo ocurrido.
La consejera de Madrid, Fátima Matute, reconoció que recibió con «estupor e incertidumbre» la publicación en El País de una grabación que conideró «sesgada» de Gallart.
Matute afirmó que tenía «cierta tranquilidad» porque se está realizando una auditoría en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
«Hasta el momento no había habido indicios de que estuviera pasando nada», aseguró, indicando que las auditorías previas y posteriores a la publicación han demostrado que las listas de espera en este hospital son menores que la media regional.
Críticas ante las cuentas públicas y Torrejón Salud
La ministra García también ha extendido sus críticas al grupo Quirón, que está a cargo de varios otros hospitales, al que ha acusado de beneficiarse de las políticas sanitarias del Gobierno madrileño. Unos 5000 millones de euros habrían acabado en manos de este grupo privado en los últimos años.
«Es un modelo que no solamente está en Ribera salud, sino que también está en Quirón», dijo la ministra a EFE el 6 de diciembre.
En esa línea, señaló que si se analizan las memorias del servicio madrileño de salud para ver el flujo de pacientes de la sanidad pública a la privada, el Hospital la Paz pierde 50 000 pacientes, mientras que la Fundación Jiménez Díaz gana 85 000 y el Hospital de Torrejón 25 000.
Al Grupo Quirón en los últimos años se le ha dado más de 5000 millones de euros y al Grupo Ribera también se le ha rescatado», dijo García el 4 de diciembre.
Ella dijo en otras declaraciones que hay una selección de pacientes en el hospital de Torrejón de Ardoz y en los hospitales de Quirón a la que llamó «selección de riesgos», que consiste en que «seleccionas a los pacientes de esa lista de espera en la que tienes menos riesgos y que son más rentables».
«Esto lleva desde hace muchos años dentro de la sospecha, lo que pasa es que hasta ahora no le habíamos puesto voz».
En su opinión, tanto el Grupo Quirón como Ribera Salud «están cumpliendo escrupulosamente el modus operandi de la desviación de pacientes y dinero hacia la [empresa] privada.
«Torrejón es un aprendiz de Quirón. Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirón desde hace muchos años: un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados aparte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y cómo no, la connivencia de la Consejería de Sanidad», indicó García, según EFE.
Entre los datos públicos, el Consejo del Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 16 de julio por «restablecimiento del equilibrio económico» un contrato de gestión de servicio público, en modalidad de concesión, de la asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Universitario de Torrejón a favor de la sociedad concesionaria Torrejón Salud S. A. por un importe de 32, 7 millones de euros IVA incluido.
El 23 de julio el Gobierno incluyó una actualización del pago por habitante del año 2025 al contrato entre ambos por 15,1 millones.
Otra actualización se había emitido el 27 de noviembre de 2024, para el año 2024, por un monto de 12,4 millones de euros. Además, un informe de fiscalización del ejercicio del año 2022
Un informe de fiscalización del ejercicio del año 2022 informa sobre otros 66,1 millones de euros de reclamación para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de Torrejón Salud, S.A concesionario del Hospital de Torrejón, como compensación económica por los daños y perjuicios causados hasta diciembre 2021, relacionados a la revisión de precios del contrato.
Un informe del año 2023, señala que dentro de la Asistencia Sanitaria y Servicios Sociales con medios ajenos, «destacan las obligaciones reconocidas derivadas de los contratos con los hospitales gestionados de forma indirecta, mediante concesión administrativa» y nombra a varios hospitales, algunos gestionados por el grupo Quirón: Hospital Infanta Elena de Valdemoro (102,1 millones de euros), Hospital de Torrejón (102,3), Hospital Rey Juan Carlos (194,1), Hospital General de Villalba (98,9), los conciertos sanitarios con la Fundación Jiménez Díaz (540,1)».
La vía de concierto es cuando la Comunidad de Madrid paga a un hospital privado para que atienda a pacientes públicos. No gestiona el hospital (como en las concesiones), solo compra servicios sanitarios.
Con información de EFE
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