El Senado ha decidido tramitar una proposición del Partido Popular para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria y endurecer la llamada progresión de grado —el mecanismo que permite a un preso pasar a un régimen penitenciario más flexible— en el caso de los condenados por terrorismo.
Según la propuesta, solo podrán avanzar de grado aquellos internos cuya colaboración haya sido acreditada por autoridades policiales y judiciales, y no únicamente por la Administración penitenciaria. En el caso de ETA, más de 300 asesinatos siguen sin resolver.
La iniciativa salió adelante con los votos de PP, Vox y UPN, mientras que PSOE, PNV, EH-Bildu y Junts se posicionaron en contra.
El PP defendió que en los últimos años se han concedido diversos beneficios penitenciarios a presos de ETA —como acercamientos a cárceles del norte de España, progresiones de grado o mejoras en el régimen penitenciario— y que, a su juicio, esto responde a una «estrategia política del Gobierno basada en la necesidad de contar con el apoyo de Bildu».
La proposición plantea reformar el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de modo que la progresión de grado para terroristas requiera acreditar que el interno «ha colaborado activamente» para impedir nuevos delitos o esclarecer los ya cometidos.
El texto propone sustituir el término autoridades por «autoridades policiales y judiciales», para evitar que esta valoración quede en manos de la Administración penitenciaria, dependiente del Gobierno, como sucede en la actualidad. Según la propuesta, deben ser quienes investigan, persiguen y juzgan delitos de terrorismo las que determinen si un preso está colaborando realmente, «para evitar situaciones de impunidad».
Por su parte, el senador del PSOE José María Oleaga defendió que «la Ley General Penitenciaria es plenamente constitucional, protege tanto los derechos de la población reclusa como los de las víctimas y se aplica correctamente por funcionarios, fiscales y juzgados».
En su opinión, «afirmar que la progresión de grado o el acercamiento de un preso a una cárcel cercana a su domicilio es una rendición equivale a insultar a los funcionarios que actúan con profesionalidad bajo supervisión de fiscales y juzgados de vigilancia penitenciaria».
«El PP pretende hablar de ETA como si fuera algo que existe aún», agregó Oleaga atacando a quienes sostienen que el PSOE tiene connivencia con el terrorismo, «lo que es inconcebible».
Recordó también que «ETA fue derrotada por la sociedad española y por las Fuerzas de Seguridad bajo la dirección de dos gobiernos socialistas», refiriéndose al expresidente Zapatero y Patxi López, expresidente del País Vasco.
Los etarras vuelven a sus casas y decenas ingresan en las listas de EH Bildu
El senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo aseguró en la exposición que «hoy solo quedan 47» terroristas del grupo ETA «cumpliendo condena en las cárceles vascas, ya que el 80 % de los que estaban en prisión en 2018 están en sus casas».
Martínez-Maíllo acusó al PSOE de «haber hecho un pacto encapuchado con Bildu en un caserío de Bilbao para la moción de censura contra Mariano Rajoy» a cambio «del objetivo de obtener la libertad de los presos de ETA».
Además, reprochó que gracias a esa «generosa» medida de la «democracia española», el grupo EH Bildu «incluso puede llevar a etarras en sus listas electorales con la connivencia del PSOE, sin pedir perdón ni condenar a ETA».
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denunció en 2023 que 44 personas que integran las listas de EH Bildu en el País Vasco y en Navarra a las elecciones autonómicas y municipales del 28-M estuvieron condenados en el pasado por pertenencia y colaboración con ETA, y siete de estas personas incluso estuvieron condenadas por asesinato.
Es «especialmente grave» y «un peligro para la democracia» que personas con un historial criminal y terrorista opten ahora a cargo público, sin que se tengan en cuenta sus antecedentes penales.
COVITE mencionó a siete personas que estuvieron condenadas por asesinato, entre ellos Agustín Muiños Diaz, el «Tinin», en la lista a la alcaldía de Legutiano, en Álava, y condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano; de Begoña Uzkudun Etxenagusia, en la lista para la alcaldía de Régil y condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984; de Juan Ramón Rojo González, en la lista a la alcaldía de Irún y condenado en 1996 a 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Gil Mendoza en 1991; y Asier Uribarri Benito, en la lista para la alcaldía de Maruri-Jatabe y condenado en 2001 a 16 años de prisión por cómplice en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Fernández.
El colectivo ha denunciado que hasta agosto de 2025 se han celebrado 227 actos públicos de radicalización y culto al terrorismo ETA.
3000 años de prisión convertidos en 18 años
Uno de los casos emblemáticos fue el de Iñaki de Juana Chaos, miembro del «comando Madrid» de ETA, condenado por la Audiencia Nacional entre 1987 y 2000 en distintas sentencias que sumaban más de 3000 años de prisión por 25 asesinatos consumados, asesinatos en grado de tentativa, estragos, amenazas y otros delitos relacionados con terrorismo.
Con el Código Penal de 1973, se fijó un tope máximo de cumplimiento de 30 años y a ese tope se le restaron las redenciones (un día menos de condena por cada dos de trabajo, etc.), lo que en la práctica dejaba muchas condenas en 17–18 años reales. Eso sucedió con muchos presos de ETA.
En el caso de De Juana Chaos, en 2007, el Gobierno anunció el 1 de marzo que además cumpliría el resto de su condena en arresto domiciliario.
De Juana Chaos posteriormente viajó a Venezuela. También residió allí el etarra Arturo Cubillas, que ocupó un alto cargo en el Ministerio de Agricultura y Tierras del Gobierno venezolano del Gobierno de Nicolás Maduro, quien según el medio La Razón, fue señalado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, como «responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC».
Con información de EFE
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