El 26 de noviembre, el Parlamento Europeo dio un paso audaz hacia la reconfiguración del ecosistema digital en la Unión Europea.
Con 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones, los eurodiputados aprobaron una resolución no legislativa que insta a establecer una edad mínima de 16 años para el acceso a redes sociales, plataformas de intercambio de vídeos y asistentes de inteligencia artificial con riesgos para los menores.
Esta medida, enmarcada en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) —vigente desde febrero de 2024—, busca mitigar los peligros del entorno digital para los más jóvenes, pero ha desatado un debate feroz sobre sus implicaciones ocultas.
Un uso digital que devora generaciones
En España, donde el 96,9 % de los menores de 10 a 15 años usa ordenadores y el 96,5 % navega por internet, la noticia resuena con fuerza.
Sin embargo, detrás de esta aparente unanimidad, se asoma una pregunta incómoda: ¿Es la eliminación del anonimato en internet la única vía para blindar a los menores, o se trata de un caballo de Troya para un control digital más amplio?
La ponente de la resolución, Christel Schaldemose (S&D, Dinamarca), celebró el avance en el hemiciclo de Estrasburgo: «Estoy orgullosa de que nos hayamos unido para proteger a los menores en internet. Junto con la aplicación firme y coherente del Reglamento de Servicios Digitales, estas medidas aumentarán drásticamente el nivel de protección de los niños. Por fin estamos poniendo límites y diciendo claramente a las plataformas: “Vuestros servicios no son aptos para la infancia. Y el experimento se acaba aquí”».
La declaración de Schaldemose, pronunciada el mismo día de la votación, encapsula la visión oficial: un internet más seguro, con barreras por defecto. Pero el texto de la resolución revela matices que van más allá de la mera restricción.
Se propone un límite de 16 años como umbral por defecto, prohibiendo el acceso libre a menores de esa edad, salvo con autorización parental explícita. Para los de 13 a 16 años, el consentimiento de los tutores sería obligatorio, mientras que bajo los 13 años el veto sería absoluto. Estos límites rígidos buscan evitar la fragmentación regulatoria entre Estados miembros.
El DSA, aprobado en octubre de 2022 y aplicable desde agosto de 2023 para las grandes plataformas como Meta o TikTok, sirve de andamiaje legal. Sus artículos 14, 28, 34 y 35 obligan a las empresas a evaluar riesgos para menores, prohibir diseños adictivos como el scroll infinito o las notificaciones push excesivas, y limitar la publicidad personalizada dirigida a niños.
En julio de 2024, la Comisión Europea publicó directrices específicas que recomiendan métodos de verificación de edad «precisos, sólidos y que preserven la intimidad», como la cartera de identidad digital europea (eID) o protocolos de prueba de conocimiento cero —sistemas que confirman la mayoría de edad sin revelar datos personales—.
España participa activamente en esta hoja de ruta. Desde julio de este año, junto a Francia, Italia, Dinamarca y Grecia, prueba una aplicación piloto de verificación de edad que permite comprobar la mayoría sin exponer identidades completas.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital español ha impulsado este proyecto, alineado con la petición de junio de España y otros 10 países a la Comisión para una verificación obligatoria de edad en redes sociales.
Los riesgos invisibles
Los números no mienten sobre la urgencia.
El 25 % de los niños exhibe un uso «problemático» de smartphones, equiparable a patrones adictivos, según estudios citados en la resolución.
Jóvenes de 16 a 24 años dedican más de 7 horas diarias a pantallas, con el 46 % chequeando dispositivos de forma constante.
La resolución vincula este fenómeno a cambios neuronales: exposición excesiva a dopamina vía algoritmos, que fomenta impulsividad y depresión.
Además, alerta sobre vulnerabilidades emergentes, como contenidos generados por IA —deepfakes pornográficos o desinformación dirigida a menores—, que el 92 % de los europeos identifica como amenaza prioritaria en un trabajo de Eurobarómetro publicado en junio.
En este marco, desde la perspectiva de Bruselas, la normativa no es punitiva, sino preventiva.
El DSA impone a plataformas como Instagram o YouTube la responsabilidad de «diseño seguro por defecto», prohibiendo perfiles basados en datos de menores y exigiendo herramientas parentales interoperables.
La Comisión estima que estas medidas podrían reducir significativamente el ciberacoso.
La sombra del control
Sin embargo, el entusiasmo oficial choca con advertencias de expertos que ven en esta prohibición un caballo de Troya para la vigilancia masiva.
Marc Vidal, economista y divulgador tecnológico español, ha sido uno de los más críticos. El año pasado, cuando el Gobierno español anunció la implementación de la aplicación Cartera Digital para verificar la mayoría de edad antes de acceder a contenido pornográfico, apuntó que «la medida plantea serias dudas sobre la privacidad y el anonimato en internet».
«Esto abre la puerta a un escrutinio total de nuestras interacciones online bajo pretextos de protección», alertó en un vídeo titulado ¿CARTERA DIGITAL O VIGILANCIA DIGITAL?
Vidal, con más de 980 000 suscriptores en YouTube, argumenta que medidas como la verificación de edad —incluso las «privacidad-friendly»— normalizan la recolección de datos biométricos o geolocalizados, erosionando el derecho al olvido consagrado en el artículo 17 del RGPD.
En un post de X el jueves, Vidal profundizó: «Y mientras tanto en Europa… LA UE TRABAJA DURO PARA ELIMINAR EL ANONIMATO EN INTERNET».
«Los defensores del proyecto lo presentan como una medida de protección infantil y salud mental, pero supone, en la práctica, un paso decisivo hacia una internet sin anonimato ni privacidad real, donde cada clic, comentario o intercambio quedaría rastreado, vinculado a una identidad verificada y potencialmente registrada por el Estado o por grandes corporaciones», sostuvo.
Su crítica resuena en España, donde la Cartera Digital —lanzada en julio de 2024— ya verifica edades para contenidos adultos, pero ha sido acusada de facilitar el rastreo gubernamental. Vidal, autor de libros como La era de la humanidad (2019), cita preocupaciones en Francia, donde pruebas de verificación de edad han generado alertas por riesgos de fugas, sumándose a las más de 15 000 quejas reportadas por CNIL el año pasado por brechas de datos.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), organización pionera en derechos digitales con sede en San Francisco, eleva la apuesta, asegurando que las obligaciones de comprobación de la edad «socavan los derechos de libertad de expresión tanto de los adultos como de los jóvenes, crean nuevas barreras para el acceso a Internet y ponen en riesgo la privacidad, el anonimato y la seguridad de todos».
«La verificación de la edad no garantizará la seguridad de los niños en Internet. Más bien, es un gran martillo proverbial que clava a todo el mundo, tanto a adultos como a jóvenes, en los parámetros restrictivos de lo que el gobierno considera contenido apropiado», denuncia.
Para la EFF, sistemas como la eID europea —que España implementará en 2026— generan «preocupaciones serias sobre privacidad y equidad», ya que minorías vulnerables podrían quedar excluidas por falta de acceso a tecnología.
En otras palabras, estos críticos no niegan el peligro de que menores puedan acceder a contenido inapropiado en Internet, pero cuestionan si el fin justifica los medios.
La verificación, aunque «no vinculante» en la resolución, requiere que plataformas accedan a respuestas de edad, lo que podría centralizar datos en nodos que podrían resultar vulnerables a hackeos. De hecho, en 2021, una brecha de data scraping en Meta expuso datos de más de 500 millones de usuarios, incluyendo menores.
La pregunta es: ¿Qué podría pasar, entonces, con sistemas UE centralizados?
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¿La única senda?
La pregunta central persiste: ¿eliminar el anonimato es la única manera de proteger a los menores?
La resolución misma reconoce alternativas, como controles parentales intuitivos y prohibiciones de algoritmos adictivos, pero expertos como Vidal proponen un giro: invertir en alfabetización digital obligatoria desde primaria, con currículos nacionales que enseñen a discernir deepfakes o grooming.
En Países Bajos, un programa piloto escolar de alfabetización digital redujo los síntomas de adicción a redes sociales en un 18 % sin necesidad de verificación de edad masiva, según un estudio publicado en 2021 por investigadores de la Universidad de Ámsterdam.
«Las comprobaciones de edad intrusivas y el escaneo de mensajes cifrados amenazan la privacidad y la libertad de expresión, generando un efecto bumerán: un mayor uso de VPN y la censura de contenido legítimo», comenta por su parte el especialista en tecnología Hector Pincheira.
«Proteger a la infancia en la era digital requiere reglas claras, transparencia en las plataformas y educación, no la imposición de sistemas de vigilancia masiva. En otras palabras, debemos construir una internet segura sin convertirnos en nuestro propio “Gran Hermano”», advierte en una entrada de su blog.
En el cruce de intenciones nobles y riesgos latentes, la resolución de Estrasburgo marca un punto de inflexión. Para familias españolas, significa apps parentales más robustas y menos notificaciones tóxicas en TikTok. Pero también un internet donde el velo del anonimato se adelgaza, invitando a gobiernos y corporaciones a husmear con mayor impunidad.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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