SOS Rural anunció este miércoles un acuerdo con la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, por el cual la máxima autoridad del municipio situado en la Campiña jienense, provincia de Jaén, se compromete a no otorgar las licencias de obra a los proyectos fotovoltaicos que afectan a la zona y que se encuentran sometidos a recursos de revisión.
Se trata de proyectos tanto en campos de placas solares como en líneas de evacuación y de alta tensión que el colectivo sostiene que se establecieron de manera ilegal.
«La alcaldesa de Lopera nos ha dejado claro que mientras no se resuelvan los recursos de revisión que ponen en duda la legalidad de los proyectos fotovoltaicos, ella no va a otorgar ninguna licencia de obra», comunicó Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, quien añadió que junto con la plataforma Campiña Norte se reunió con Torres en el Ayuntamiento.
El encuentro con la alcaldesa se produjo al mismo tiempo que la entrega por parte de SOS Rural, de más de 31 000 firmas de ciudadanos que reclaman a los alcaldes de los municipios de Lopera, Marmolejo y Arjona, en Jaén, que suspendan urgentemente la concesión de licencias de los proyectos fotovoltaicos impugnados en sus localidades, argumentando que son nulas de pleno derecho.
La portavoz afirmó que el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), del 15 de julio, mediante una resolución, confirmó los criterios de nulidad a megaproyectos fraccionados.
«Hemos explicado a la alcaldesa de Lopera, y nos habría encantado hacerlo también a sus homólogos de Arjona y Marmolejo, el fraude de ley en el que han incurrido los promotores al fraccionar de forma ilegal lo que en realidad es un solo megaproyecto», resaltó Corbalán.
La Comunidad Autónoma de Andalucía publicó a través del Boletín Oficial del Estado del 25 de febrero un anuncio de una resolución de la Secretaría General de Energía del 12 de julio de 2024, que «declara de utilidad pública el proyecto Instalación fotovoltaica denominada Zumajo II de 49,99 MWp, […] en los términos municipales de Marmolejo, Lopera y Arjona (Jaén)» a favor de Green Stone Renewable VIII, S.L.
El texto indica que se debe iniciar «el procedimiento de expropiación forzosa respecto a los bienes y derechos afectados», y ofrece una lista de propietarios a los que convoca para que comparezcan en el Ayuntamiento del término municipal donde radican.
Sin embargo, Corbalán explica que son varios proyectos que se dividieron en instalaciones de una potencia instalada máxima de 49,99 MW para no alcanzar el umbral sobre los 50 MW, que no serían competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. «Estos proyectos son ilegales, tal y como dictó el TSJA, por lo que, si conceden las licencias, las promotoras de los proyectos ejercerán una acción por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento cuando se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales».
En total, nueve proyectos fotovoltaicos que amenazan los olivos centenarios de Jaén han sido fraccionados de forma ilegal para saltarse la legislación y poder llevarse a cabo, según SOS Rural.
La portavoz indicó que la alianza de SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad informó por escrito, el pasado septiembre, tanto a los alcaldes como a los 29 concejales de los tres municipios, de que, «si seguían adelante con las concesiones de licencias» se enfrentarían a consecuencias «de gran magnitud» al tener que asumir, tanto ellos como sus consistorios, que las instalaciones son nulas «en virtud del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».
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Torres se adhiere a los recursos
SOS Rural informó que la alcaldesa Torres se adhirió a los recursos de revisión presentados contra los proyectos fotovoltaicos que afectan a los municipios de Arjona, Marmolejo y Lopera, en la Campiña Norte de Jaén, promovidos por la alianza con la asociación Ecología y Libertad.
Al respecto, ella les relató que se contactó con la Junta de Andalucía, por medio de un escrito, solicitando datos sobre el estado actual de esos recursos, sin obtener respuesta alguna.
Torres es la única representante de los tres municipios que se ha reunido para atender la oposición ciudadana, tras la negativa del alcalde de Marmolejo, Manuel López, y del alcalde de Arjona, Juan Latorre, dijo Corbalán.
Lopera publicó en abril de 2025 un borrador de avance de Plan Especial que pretende la implantación de las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica en la zona y señaló que se justificaba con el artículo 12 de la Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía. A continuación, lo emitió a consulta pública.
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Macrocausa de alcance nacional
La causa de los ciudadanos de Jaen contra las macroplantas fotovoltaicas que no se ajustan a la legalidad apunta a transformarse en un movimiento nacional.
«Vamos a empezar en Lopera en los proyectos de Campiña Norte de Jaén, pero desde luego lo vamos a escalar –SOS Rural y su movimiento a nivel nacional–. Vamos a escalarlo a todos los territorios donde están haciendo lo mismo. España está plagada de este tipo de proyectos de macroplantas que no cumplen con la legalidad que deben cumplir», declaró Corbalán en un mensaje en Facebook.
El pasado 12 de julio, las plataformas que se manifestaron por «Fotovoltaicas Sí, pero no así», registraron en la sede del Parlamento de Andalucía más de 142 337 de protesta. Los activistas denunciaron la tala de olivos centenarios en beneficio de empresas privadas y lobbies energéticos.
La Junta de Andalucía autorizó la instalación de 25 macroplantas solares en los municipios jieneses de Lopera y Marmolejo «que ocuparán más de 4000 hectáreas de terreno cultivado con olivar tradicional, lo que supone la eliminación de un sistema económico vinculado al olivar, a la producción de aceite de oliva y al empleo rural», denunció Corbalán.
La portavoz de SOS Rural, organización sin ánimo de lucro, habló en mayo con The Epoch Times España sobre lo que estaba ocurriendo.
«Acabo de reunirme con el consejero de Industria y con el secretario general de Energía, y cuando les he planteado esta cuestión —les he dicho: “¿Cómo podéis declarar de utilidad pública el sustituir olivos centenarios por placas solares?”— su respuesta ha sido que los informes medioambientales y de valoración, que proceden de la Consejería de Medio Ambiente, lo aprueban. Es decir, que ellos no tienen competencias sobre eso: si reciben un informe favorable de impacto ambiental que dice que ese terreno es apto para una planta fotovoltaica, están obligados a autorizarla».
Rafael Alcalá, responsable de la Plataforma Campiña Norte, declaró a la prensa que desde el Ayuntamiento les dicen que «la culpa es de la Junta. En la Junta dicen que la culpa es del Gobierno central. Desde el Gobierno central dicen que la culpa es de la Unión Europea», pero que la gente rural «también tiene derechos».
«Yo creo que la sociedad valora a nuestros agricultores y ganaderos, pero vemos cómo la política no los protege: les hablaría de décadas de desprotección, de un cerco legislativo hacia quienes nos nutren, hacia quienes nos proveen de alimentos: nuestra gran despensa», agregó Corvalán.
«Un país sin agricultores es un país muerto, condenado al fracaso y, además, a su autodestrucción».
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