El fiscal de Milán, Paolo Storari, exigió en una carta publicada el jueves y remitida a 13 empresas de artículos de lujo más información sobre las presuntas infracciones. Aún no se ha iniciado ninguna investigación oficial contra estas compañías.
La investigación sobre el sector del lujo, iniciada el año pasado, reveló el incumplimiento de las normas salariales y de horario de trabajo, así como de las obligaciones en materia de seguridad, y sacó a la luz las precarias condiciones de alojamiento de los trabajadores.
«Durante la investigación, surgieron informes sobre trabajadores chinos empleados en condiciones de extrema explotación», escribió Storari a las marcas de lujo. Según el relato del fiscal, se localizaron bolsos, carteras y ropa de lujo en talleres italianos que empleaban a trabajadores chinos y paquistaníes en condiciones inaceptables.
Graves acusaciones contra proveedores
El fiscal solicitó documentos de gestión interna e informes de auditoría sobre las cadenas de suministro de las marcas. La carta se envió a algunas de las firmas más importantes de la industria del lujo, como Gucci, Yves Saint Laurent y Alexander McQueen, del grupo francés Kering, así como a Givenchy, perteneciente al gigante francés del sector LVMH.
La fiscalía también mencionó a las marcas italianas Prada, Versace, Ferragamo, Pinko, Dolce & Gabbana, Missoni, Off-White y Coccinelle, así como al fabricante alemán de ropa deportiva Adidas. Ninguna de las empresas respondió inicialmente a una solicitud de comentarios de AFP.
Las investigaciones arrojan luz sobre la práctica generalizada de los conglomerados de lujo de encargar la producción a proveedores, que a su vez recurren a subcontratistas. Este modelo estrecha cada vez más los márgenes de beneficio y debilita la supervisión de las condiciones laborales.
Según la legislación italiana, las empresas pueden ser consideradas responsables de la mala conducta de sus representantes, como los proveedores reconocidos, si estos actuaron en su interés.
Problema sistémico en el sector
El Gobierno de Roma salió al paso: el ministro de Industria, Adolfo Urso, advirtió de que la reputación de las marcas «Hecho en Italia» estaba bajo ataque.
Sin embargo, los activistas criticaron que las marcas fijaran precios excesivamente bajos para sus contratistas, lo que les obligaba a subcontratar a segundas y terceras empresas sin supervisión.
El «Hecho en Italia» no debería ser «un escenario donde se celebren ganancias astronómicas, ganancias basadas en la negación de la dignidad de quienes cosen, ensamblan y terminan los productos», declaró Deborah Lucchetti, coordinadora de la Campaña Ropa Limpia para Italia. A su juicio, la explotación laboral constituye un «fenómeno estructural» en el sector.
La solicitud de información de la fiscalía se produjo tras las inspecciones a cinco fábricas de proveedores utilizadas por numerosas marcas; las más recientes tuvieron lugar en noviembre.
Cada proveedor empleaba entre tres y 19 trabajadores, la mayoría chinos, pero también paquistaníes, cuyos nombres figuran en los documentos de la fiscalía.
En casos similares, otras grandes empresas ya han sido procesadas por la justicia italiana, entre ellas Dior, los fabricantes de artículos de cuero Tod’s y Alviero Martini, filial de Armani, y el especialista en cachemir Loro Piana, que, al igual que Dior, forma parte de LVMH.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times con el título «13 Luxusmarken wegen Ausbeutung bei Zulieferern im Visier der Justiz».
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