Exactamente un año después de la devastadora Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, dejando 229 fallecidos y daños estimados en decenas de miles de millones de euros, el sector agrícola sigue sumido en la incertidumbre.
Miles de damnificados, entre ellos 34 000 familias aguardando ayudas básicas, enfrentan no solo la pérdida de cosechas por valor de más de 103 millones de euros, sino también la transformación forzosa de más de 300 hectáreas de tierras en Dominio Público Hidráulico (DPH), con indemnizaciones fijas de 11 800 euros por hectárea que apenas cubren la renta perdida.
En este contexto, agricultores valencianos denuncian una doble agresión: la negligencia administrativa en la gestión de la riada y las políticas verdes europeas que elevan costes y restringen usos del suelo.
Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos (ALIV), ofrece en esta entrevista exclusiva una visión cruda desde el terreno. Con décadas de experiencia en la defensa del campo, critica la concatenación de fallos —desde la falta de limpieza de barrancos hasta desembalses controvertidos en presas como la de Forata—.
Además, apunta a leyes como la Ley de Restauración de la Naturaleza, que obliga a eliminar 25 000 km de barreras fluviales para 2030, como un obstáculo directo a la resiliencia hidráulica y la rentabilidad agrícola.
Viciedo también desvela cómo las normativas del Pacto Verde Europeo no solo impiden la recuperación —al retrasar reparaciones en caminos y acequias—, sino que amenazan con sustituir la producción local por importaciones de países sin restricciones fitosanitarias. Su llamado a derogar este «paquete completo de leyes» resuena como un grito de auxilio para el 40 % de los agricultores de la zona que, un año después, aún no ha podido volver a cultivar.
The Epoch Times: En un vídeo reciente, usted menciona que las tierras declaradas Dominio Público Hidráulico (DPH) reciben «una miseria». ¿Qué impacto han tenido estas indemnizaciones en los agricultores afectados?
Sr. Viciedo: Deberíamos empezar por saber qué es el Dominio Público Hidráulico (DPH). El DPH viene definido en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001) y, según esa definición, no hablamos solo del agua: la ley lo entiende como el conjunto de aguas continentales (superficiales y subterráneas), cauces de corrientes naturales —continuas o discontinuas— y los lechos de lagos, lagunas y embalses situados en cauces públicos. Son bienes públicos estatales y forman parte del patrimonio común que la Administración está obligada a proteger y gestionar.
Las riadas y barrancadas de la DANA en Valencia del 29 de octubre de 2024, con arrastres de masas de tierra, cambiaron en gran medida la configuración geomorfológica de los cauces de barrancos y ríos en la zona afectada. Por ello, determinados terrenos agrícolas pasaron a formar parte del cauce; esa franja se integra en el DPH y, con ello, cambian por completo los usos posibles de ese suelo.
Un año después de la catástrofe, la Confederación Hidrográfica del Júcar todavía no ha completado el deslinde de las tierras que pasan a Dominio Público Hidráulico (DPH), por lo que muchos agricultores con parcelas colindantes a los cursos de agua aún no saben si sus tierras siguen siéndolo o no.
Tras el deslinde debe notificarse al interesado, quien dispone de un mes para interponer recurso (según proceda, alzada o reposición). El problema es que, en muchos casos, el interesado no está identificado y, en ese supuesto, la publicación en el BOE surte efectos de notificación, iniciando desde el día siguiente el cómputo de plazos. Desgraciadamente el interesado, como cualquier mortal, no lee el BOE, y no se va a enterar de que su parcela ha dejado de ser suya.
Dentro del marco del RDL 7/2024 de medidas urgentes del Gobierno para responder a los daños de la DANA (28 de octubre a 4 de noviembre de 2024), y para atender la pérdida de renta de quienes se ven afectados por el tránsito al dominio público, el Ministerio de Agricultura articuló una línea específica: la Orden APA/383/2025, de 22 de abril, que fija una compensación de 11 800 euros por hectárea para las parcelas que pasan a DPH tras la DANA.
El problema para los agricultores es que dicha compensación tiene naturaleza de pérdida de renta, no de expropiación. Si fuera una expropiación, el Estado debería abonar el justiprecio conforme a valor de mercado, que en muchos casos podría superar con creces (por ejemplo, multiplicar por tres) la cuantía de la compensación fijada por hectárea.
The Epoch Times: ¿Qué medidas específicas propone para compensar justamente estas pérdidas?
Sr. Viciedo: Desde mi punto de vista, cuando una tierra pasa a ser de dominio público, en justicia el Estado debería abonar el valor del bien. Con mayor motivo si, además, pudiera apreciarse responsabilidad administrativa en el ensanchamiento del cauce por falta de mantenimiento, por desembalses o por no ejecutar obras aprobadas en el Barranco del Poyo y sus afluentes.
Dado que el Estado previsiblemente no reconocerá responsabilidad y que, por ley, el paso a DPH no da lugar a expropiación, proponemos presionar para la creación de una Mesa Técnica de Tasación integrada por la Administración competente y representantes de los titulares afectados (peritos y letrados), con el fin de revisar los casos singulares en los que el módulo de 11 800 €/ha resulte manifiestamente insuficiente frente al valor de mercado y la pérdida real sufrida.
En la tasación de las indemnizaciones debe considerarse que los agricultores afectados no solo perdieron la cosecha del año de la DANA, sino que, un año después, continúan sin poder cultivar debido, principalmente, a la falta de reparación de los caminos y de las infraestructuras hidráulicas por parte de la Administración.
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The Epoch Times: Usted señala «indicios concatenados» que sugieren una posible intencionalidad en la gestión de la DANA, como la falta de limpieza de barrancos o el mantenimiento de embalses. ¿Cómo podrían haber afectado estas fallas a la recuperación agrícola?
Sr. Viciedo: Efectivamente, la concatenación de decisiones incorrectas por parte de las distintas administraciones, aumenta la probabilidad de cierta intencionalidad en agravar las consecuencias de la DANA, con el propósito de reforzar las teorías de que las catástrofes naturales obedecen a un cambio climático de origen humano, y que está en nuestras manos corregirlo.
La falta de limpieza de barrancos, especialmente de vegetación invasora (como las cañas), junto con la acumulación de basuras, restos vegetales y troncos, ralentizó la velocidad del agua, taponó ojos de puentes y elevó los niveles y caudales, provocando desbordamientos y olas que, además de arrasar cultivos, ocasionaron pérdidas de ganado e incluso humanas.
El desembalse de presas (como la de Forata, reconocido por la CHJ en sus informes) y el más que probable desembalse de las presas del río Turia (acorde con los hidrogramas de la «Propuesta de Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia Frente a las Inundaciones en el Territorio Afectado por la DANA en la Comunidad Valenciana»), habrían agravado de forma significativa dicha destrucción.
Los encharcamientos prolongados durante días asfixiaron las raíces y favorecieron hongos fitopatógenos, causando la mortalidad de árboles.
La tardanza en la reparación de caminos rurales y de las infraestructuras hidráulicas de riego ha impedido que muchas tierras cultivables puedan volver a ponerse en producción: además de perder la cosecha del año de la DANA, muchos agricultores no han podido cultivar al siguiente.
The Epoch Times: Ha criticado las «políticas verdes» por «destruir la agricultura» y «quitar competitividad». ¿Qué políticas específicas han obstaculizado la recuperación de los agricultores tras la DANA?
Sr. Viciedo: Las políticas de falso verde derivadas del Pacto Verde Europeo perjudican gravemente al sector. Sin necesidad ni justificación ecológica alguna, tan solo basadas en dogmas climáticos, se imponen políticas agrarias que incrementan los costes de producción y disminuyen el rendimiento agrícola.
Las mismas políticas agrarias que perjudican al sector son, en parte, culpables de la catástrofe.
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A modo de ejemplo, la Ley de Restauración de la Naturaleza pretende restaurar todos los ecosistemas «degradados» antes de 2050, con metas intermedias: al menos el 20 % para 2030 y un 60 % para 2040. Dentro de esos ecosistemas hay zonas agrícolas y ganaderas que se ven obligadas a abandonar debido a limitaciones ecológicas imposibles de cumplir si se quiere una rentabilidad.
Otro de los objetivos de esta ley, recogido en su artículo 9, es restaurar la conectividad natural de los ríos eliminando presas y azudes, a las que denomina «barreras». Textualmente: «Los Estados elaborarán un inventario de las barreras artificiales…», «determinarán las barreras que deban eliminarse» para «restaurar al menos 25 000 km de ríos… de flujo libre… de aquí a 2030», «ocupándose principalmente de las barreras obsoletas».
El cumplimiento radical de esta ley no solo perjudica a la agricultura y a la ganadería, sino que también es responsable de que se pongan trabas a la limpieza de los cauces, lo que produce los desbordamientos mencionados anteriormente. Del mismo modo, si el espíritu de la ley es eliminar barreras, ¿cómo van a construir la presa aprobada en Cheste o el desvío de aguas del Barranco del Poyo al río Turia, para derivar gran parte del caudal hacia el Plan Sur?
En la misma línea va la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Solo contempla restaurar vegetación de ribera y eliminar barreras artificiales, pero, en ocasiones, en zonas inundables y, sobre todo, en el paso de barrancos y ríos por poblaciones, debe primar la seguridad de las personas y hay que procurar el ensanchamiento y la limpieza del cauce, para que evacúe con rapidez. Igualmente, presas y azudes absorben gran parte de la crecida; si los eliminamos, todo va a circular, por el cauce o fuera de él, hacia el mar.
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The Epoch Times: ¿Qué alternativas plantea para garantizar la viabilidad económica en el sector?
Sr. Viciedo: No hay alternativa: para evitar que el sector primario europeo y, por ende, el español, sea sustituido por importaciones de terceros países donde no rigen leyes medioambientales estrictas, donde además se incrementa la huella de carbono al transportar alimentos en barco desde lugares lejanos y donde no existen límites comparables en el uso de fitosanitarios, con el consiguiente riesgo para la seguridad alimentaria, y si además queremos apostar por la seguridad frente a las inundaciones, hay que derogar el paquete completo de leyes derivadas del Pacto Verde Europeo.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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