La reciente instrucción de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que impide a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a la identidad de las personas que visitan al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión ha encendido las alarmas.
La medida no solo supone una alteración en la operativa habitual, sino que se interpreta, cada vez con más claridad, como una maniobra del Gobierno para frenar el avance de una investigación que pone en jaque al corazón del PSOE.
Desde el punto de vista técnico, se trata de una orden de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que instruye a los funcionarios a no comunicar a la Guardia Civil con quién se entrevista el ex número tres del PSOE.
Sin embargo, el trasfondo político de esta decisión es lo que verdaderamente preocupa: Santos Cerdán es una figura clave en el organigrama del partido y su implicación en el «caso Koldo» lo convierte en una amenaza directa para la estabilidad del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Lea también: Santos Cerdán a prisión: un punto de inflexión en el caso Koldo
El caso que acorrala al PSOE
La UCO ha venido recopilando pruebas que apuntan —entre otros presuntos hechos de corrupción— a que Cerdán habría estado al tanto de las comisiones ilegales vinculadas a la trama de mascarillas durante la pandemia, la misma red por la que ya han sido imputados Koldo García —exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos— y otros altos cargos del entorno socialista.
El cerco judicial se ha estrechado al punto de que el propio presidente del Gobierno ha evitado respaldar públicamente a su ex secretario de Organización. La dirección del PSOE mantiene un silencio tenso mientras la presión mediática y judicial aumenta, y el Partido Popular y Vox ya han pedido la dimisión de Sánchez por encubrir, según acusan, una red de corrupción institucionalizada.
En este contexto, la decisión de limitar la capacidad operativa de la UCO se percibe como una respuesta defensiva: si no se puede detener el avance judicial, al menos se intenta entorpecer la labor investigadora de la Guardia Civil.
Ni cortos ni perezosos
Santos Cerdán permanece en la prisión de Soto del Real desde el 30 de junio, interno provisionalmente por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el denominado «caso Koldo».
Tres días después de su detención, la UCO de la Guardia Civil solicitó formalmente a Instituciones Penitenciarias que informara sobre «quién y cuándo se realizan o realizarán» las visitas al dirigente del PSOE, incluyendo también encuentros imprevistos y con los abogados, aunque sin solicitar el contenido de las conversaciones.
La UCO argumentó que esa información era «de interés para las investigaciones», ya que podría servir para detectar posibles tramas de apoyo externo o manipulación de pruebas.
El 18 de julio, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente emitió una providencia aclarando que no había dictado resolución ordenando tal colaboración. Aconsejó a Prisiones actuar «en los términos que considere normativamente conducentes», sin ratificar ni desautorizar la petición.
Basándose en dicho pronunciamiento, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, informó el martes mediante escrito al Supremo que «se deja sin efecto el cumplimiento» de la petición de la UCO.
El malestar dentro del cuerpo
La reacción no se hizo esperar. Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han denunciado a este medio que la medida ha generado «un profundo malestar en el seno del cuerpo y en especial entre quienes trabajan diariamente contra la corrupción, con rigor y profesionalidad».
En declaraciones remitidas a The Epoch Times España, Olaya Salardón, portavoz de la AUGC, manifestó: «Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) queremos manifestar nuestro pleno apoyo a los compañeros de la Unidad Central Operativa (UCO) en el ejercicio de sus funciones en el marco de una investigación judicial de máxima relevancia».
«Consideramos que este tipo de decisiones, adoptadas al margen del criterio operativo de los investigadores, pueden suponer un obstáculo innecesario para el normal desarrollo de la labor policial, afectando negativamente a la eficacia y a la transparencia que la ciudadanía exige en casos de esta naturaleza», añadió.
Salardón subrayó además que la AUGC apela «a la responsabilidad de todos los poderes del Estado» y reclama que el juez instructor «reconsidere la situación y establezca con claridad los cauces que permitan a la UCO continuar desarrollando su trabajo con todas las garantías legales, pero también con el respaldo institucional que merece».
¿Miedo al poder de la UCO?
La UCO no es una unidad cualquiera. Es el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción política y el narcotráfico. Ha sido responsable de desmantelar redes mafiosas, perseguir tramas de corrupción como la Gürtel, los ERE andaluces y ahora, el «caso Koldo».
Su historial le ha granjeado tanto el respeto institucional como la enemistad de sectores del poder que han visto sus intereses amenazados.
El intento de recortar sus funciones y de limitar su autonomía se lee entonces, no como un ajuste administrativo, sino como una estrategia defensiva del poder político.
Consultado por este medio sobre la presión que sienten desde la Moncloa o a través de medidas que obstaculizan su trabajo, el secretario jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña, no dudó en responder: «Nos preocupa mucho».
Nemiña sostuvo que en el último tiempo han observado «un empeoramiento de la situación» añadiendo que los acusados, en lugar de defenderse, apuntan a desacreditar el trabajo de la UCO.
«Parece que no cuentan con una base sólida para defenderse si lo que buscan es desprestigiar a la institución… con el fin de desacreditar esas pruebas y lograr que se anulen en el juzgado», sostuvo en una entrevista con The Epoch Times España el mes pasado.
La Ley Bolaños: otro paso hacia el control
Esta ofensiva institucional contra la UCO no se limita a la instrucción penitenciaria. En paralelo, el Gobierno ha impulsado la llamada «Ley Bolaños», una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone trasladar la dirección de las investigaciones penales de los jueces a los fiscales.
Dado que el fiscal general del Estado es nombrado por el Ejecutivo, esto implicaría, de facto, que las unidades como la UCO pasen a depender funcionalmente del Gobierno.
Sindicatos policiales, asociaciones judiciales y expertos en derecho penal han advertido que esta reforma compromete la separación de poderes y limita la independencia de las fuerzas de seguridad en casos sensibles para el poder político.
«La veo peligrosa porque, de hecho, desde la institución judicial también se están quejando, ya que se percibe claramente la situación de descrédito que atraviesa la Fiscalía en la actualidad. La independencia que poseen los jueces no existe en la Fiscalía», explicó Nemiña.
«Por tanto, que quien investiga hechos delictivos dependa de una Fiscalía cuya imparcialidad está cuestionada nos parece muy peligroso… No comprendemos este cambio, sobre todo en un momento tan delicado como el actual, en el que la desconfianza hacia la Fiscalía es significativa en la sociedad», afirmó.
Lea también: ¿Por qué la ley de Bolaños podría no ser aprobada?
Una crisis que podría escalar
Lo más inquietante del escenario es el silencio persistente del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez no ha salido a defender a Santos Cerdán, pero tampoco ha aclarado por qué su Ejecutivo decide entorpecer a la UCO.
En lugar de garantías institucionales, lo que se percibe es un repliegue estratégico: evitar nuevas filtraciones, contener daños y limitar los efectos políticos del caso.
Pero el silencio también es revelador. Como señalan desde AUGC, si la Guardia Civil pierde capacidad investigadora por razones políticas, el Estado de Derecho sufre un golpe silencioso. Y si quienes deben garantizar la legalidad actúan con lógica partidista, la desconfianza social en las instituciones se agrava.
Por ahora, el caso no ha hecho más que intensificarse. La oposición exige directamente la dimisión de Sánchez, la UCO parece inquebrantable en el avance de su investigación, y día a día se siguen revelando detalles que comprometen hasta la médula a la cúpula socialista.
La pregunta de fondo es inquietante: ¿hasta dónde llegará el Gobierno —y particularmente los líderes del PSOE— para proteger a los suyos? ¿Y hasta qué punto está dispuesto a arrinconar a la UCO para lograrlo?
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
