Una multitud de jueces, fiscales y miembros de asociaciones afines se concentraron pacíficamente al mediodía del 28 de junio frente al Tribunal Supremo en Madrid para exigir que las Cortes Generales reconsideren la tramitación de los proyectos legislativos de reforma judicial que amenazan con la independencia judicial y que procedan a su retirada.
Con la pancarta «Sin Estado de Derecho no hay democracia», tuvo lugar un encuentro masivo organizado por la Asociación profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación De Fiscales APIF y un conjunto de grupos en defensa del Poder Judicial. Los participantes ofrecieron a las autoridades un período de reflexión antes de convocar una huelga para los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de julio.
«El Proyecto de Ley Orgánica que reforma el acceso a la carrera judicial no garantiza la selección con criterios objetivos de mérito y capacidad. La posible politización de la base de la carrera judicial supone un ataque al Estado de derecho. Sin jueces independientes, que no le deban su cargo a nadie, no hay democracia. Y esto nos afecta a todos. Y que no es engañen, esto no es lo que está pidiendo la Comisión Europea», dijo el FDI antes del encuentro.
Pedro Vital Sánchez, portavoz madrileño de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), que se unió en apoyo a la iniciativa, explicó a Epoch Times España la importancia de la protesta contra el control sobre el poder judicial.
«Sobre todo es importante porque [la reforma] rompe el estado de derecho, rompe la independencia judicial. Las investigaciones policiales siempre han sido mandadas por un juez imparcial. Ahora mismo, con la nueva ley que se quiere aprobar y el nuevo cambio de la ley de juiciamiento criminal, esas investigaciones quedarían bajo el criterio de la Fiscalía General del Estado, cuyo jefe es nombrado por el gobierno de turno», dijo el Sr. Sánchez.
«Por ejemplo, en el ámbito policial de la UCO» (…) «habría investigaciones que se podrían paralizar o investigaciones que se podrían seguir investigando, pero quedaría la decisión de una fiscalía, la cual es mandada por alguien nombrado por un gobierno».
En cuanto a los objetivos, destacó que «lo que tiene que hacer la ciudadanía es entender que tanto en jueces fiscales como en la fuerza de seguridad se tiene que cambiar», pero que «no puede cambiarse las leyes a diestro y siniestro según el propósito del gobierno de turno».
«Entonces (…) si una ley funciona, ¿para qué se va a cambiar?», agregó.
Las asociaciones están exigiendo la retirada del Proyecto de Ley Orgánica presentado por el Gobierno, por el que se modifican dos leyes: la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
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«Se trata de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho», dice el anuncio compartido por APM.
«Las asociaciones convocantes hemos acordado nuevas medidas de movilización, dentro de un calendario claro, transparente, progresivo y plenamente ajustado al marco constitucional y democrático» , añade el anuncio emitido en conjunto con la Asociación Judicial Francisco De Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación De Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente De Fiscales (APIF).
Para la manifestación se eligió un «emplazamiento profundamente simbólico e institucional», que es el Tribunal Supremo, según el FJI.
«No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una manifestación cívica destinada a visibilizar el papel esencial del Poder Judicial en la garantía de los derechos fundamentales y la independencia judicial».
El Tribunal Supremo, por su significado institucional, «es el lugar donde los opositores culminan su camino de acceso al servicio público, tras años de esfuerzo sustentado en los principios de mérito, capacidad e igualdad».
Durante el acto, los presidentes y portavoces nacionales de las asociaciones judiciales y fiscales convocantes dieron lectura a un manifiesto conjunto.
Con información del equipo de prensa de Epoch Times España.
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