El fraude de ley en las normas de extranjería: la quiebra silenciosa de un sistema que premia al crimen organizado

OPINIÓN

El fraude de ley se ha instalado con descaro en el corazón de las normas de extranjería de España, como un virus que corroe el sistema desde dentro. Lo que debería ser un marco legal sólido para regular la inmigración se ha convertido en un coladero, una estructura porosa que no solo permite, sino que en ocasiones parece alentar, la entrada y permanencia ilegal de miles de personas. Las mafias, los traficantes de personas —o smugglers, como los denomina FRONTEX—, han perfeccionado su modus operandi hasta convertirlo en una maquinaria de precisión. Mientras tanto, el Gobierno, las ONG y un legislador desorientado observan, cuando no participan, en un juego donde la legalidad es una mera formalidad. Ante tal escenario, uno podría preguntarse: ¿para qué necesitamos fronteras si la propia ley invita a cruzarlas sin consecuencias?

La inmigración ilegal en España no es solo un problema de cifras; es una crisis estructural que pone en evidencia la fragilidad de nuestras instituciones. Los datos muestran un aumento exponencial de entradas ilegales, especialmente en estos momentos a través de las Islas Canarias, pero lo que realmente define esta situación es la sofisticación de las redes criminales que operan tras los flujos migratorios. Estas mafias no improvisan. Se valen de las redes sociales, de aplicaciones de mensajería encriptada como WhatsApp o Telegram, y de la impunidad que les brinda un ecosistema virtual donde el crimen organizado se disfraza de humanitarismo. Sus operaciones son milimétricas: desde la selección de rutas hasta el guión que los inmigrantes deben recitar al pisar suelo español para evitar la expulsión inmediata.

Uno de los fraudes de ley más flagrantes en estos últimos años es el abuso de las solicitudes de protección internacional y asilo. Inmigrantes que ingresan ilegalmente a Ceuta o Melilla —con la ayuda de traficantes— solicitan asilo no porque huyan de una persecución real, sino porque saben que esta solicitud actúa como una llave maestra. La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), desbordada y atrapada en un silencio administrativo crónico, no procesa estas peticiones con la celeridad necesaria, permitiendo que los solicitantes se trasladen a la Península sin oposición. Las ONG, que deberían ser guardianes de la legalidad, conocen esta práctica y, en muchos casos, la toleran bajo el pretexto de la solidaridad. ¿Es esto humanitarismo o complicidad con un sistema auspiciado por redes criminales que premia la ilegalidad?

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El caso de los menores extranjeros no acompañados (menas) es, quizá, el ejemplo más descarnado de cómo el sistema ha sido secuestrado por quienes saben explotar sus grietas. En 2017, la Fiscalía de Sevilla tramitó 400 expedientes de repatriación de menores inmigrantes en Andalucía y ninguno prosperó. Ni uno solo. Los centros de acogida, diseñados para proteger a menores vulnerables, se han convertido en lo que el fiscal de menores, Daniel Valpuesta, calificaba por aquel entonces como “almacenes”, desbordados por la llegada de jóvenes que, en muchos casos, no son menores ni están desamparados. Algunos llegan acompañados por sus tutores legales, solo para declarar un desamparo ficticio al pisar tierra. Otros, más audaces, arrojan su documentación al mar, dificultando la determinación de su edad. Las pruebas óseas y médicas, que deberían esclarecer la situación, son a menudo ineficaces o se archivan por falta de recursos, permitiendo que mayores de edad se cuelen en el sistema de protección.

Este fraude no es un accidente; es una estrategia. Los traficantes asesoran a los inmigrantes para que se presenten como menores, sabiendo que las administraciones autonómicas, responsables de su tutela, están desbordadas y carecen de medios para verificar la veracidad de cada caso en un corto periodo de tiempo. El resultado es un limbo legal donde jóvenes adultos, bajo la etiqueta de «menores», obtienen alojamiento, manutención y una permanencia indefinida en España. Mientras tanto, las autoridades, atrapadas en un sistema que premia la ineficacia, no logran repatriar ni a los pocos que son identificados como mayores de edad. El resultado no puede ser más cruel: un sistema creado para proteger a los más vulnerables se ha convertido en un coladero para quienes, con la asesoría de las mafias, saben cómo burlarlo.

Otro pilar del sistema que se desmorona es el de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La menor utilización de estos centros pone en riesgo la seguridad en España. Los CIE, concebidos para gestionar la detención y expulsión de inmigrantes en situación de ilegalidad, operan a medio gas o, en algunos casos, están prácticamente clausurados. Las órdenes de expulsión, dictadas por jueces o diligenciadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se acumulan como papel mojado, víctimas de una diplomacia ineficaz con los países del Magreb, especialmente Marruecos y Argelia.

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Nacionales de estos países, que deberían ser repatriados tras su entrada ilegal, permanecen en España en un limbo de «utópica legalidad». La frustración de jueces, fiscales y agentes de la autoridad es palpable, pero el Gobierno prefiere mirar hacia otro lado, atrapado en una mezcla de inacción y calculada permisividad. Los CIE, que podrían ser una herramienta clave para disuadir la inmigración ilegal, se han convertido en un símbolo de la impotencia del Estado. En 2022, según datos oficiales, soloMe una fracción de los inmigrantes internados en estos centros fue efectivamente expulsada, mientras que el resto quedó en libertad debido a la falta de acuerdos bilaterales o a la saturación del sistema. ¿El mensaje? Entra ilegalmente y, con un poco de paciencia, el sistema te permitirá quedarte de forma indefinida.

Las organizaciones no gubernamentales, que en teoría deberían velar por los derechos humanos, juegan un papel ambiguo en este escenario. Muchas de ellas, conscientes de las prácticas fraudulentas, optan por el silencio o, peor aún, por facilitarlas bajo el manto del humanitarismo. Algunas ONG asesoran a los inmigrantes sobre cómo explotar las lagunas legales, como la solicitud de asilo o protección internacional, sabiendo que estas peticiones rara vez son denegadas de inmediato. Este silencio cómplice no solo perpetúa el fraude, sino que erosiona la confianza en las instituciones que deberían garantizar el cumplimiento de la ley.

No se trata de cuestionar la labor humanitaria en su conjunto, sino de señalar una realidad incómoda: algunas ONG, al priorizar la acogida indiscriminada sobre el rigor legal, se convierten en engranajes de una maquinaria que beneficia a las mafias. Los traficantes, que operan en la cima de esta pirámide legislativa, no necesitan sobornar a altos cargos ni pisar moqueta; la ambigüedad de las normas y la permisividad de ciertos actores hacen el trabajo por ellos.

El poder legislativo, en su torre de marfil, parece vivir en una realidad paralela. Lejos de abordar el desafío migratorio con medidas prácticas, redacta normas que son, en el mejor de los casos, ineficaces y, en el peor, un regalo para las redes criminales que promueven la inmigración ilegal. La Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, sigue sin resolver el debate sobre las «devoluciones en caliente», una práctica que, aunque controvertida, podría disuadir los intentos de entrada ilegal. En cambio, el sistema actual parece diseñado para acoger, no para regular. Las reformas legislativas, cuando llegan, son parches que no abordan la raíz del problema: una falta de voluntad política para establecer fronteras sólidas.

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El derecho de asilo, un pilar del humanitarismo ha sido adulterado hasta convertirse en una herramienta promocional para las mafias que previamente asesoran a sus clientes. Las solicitudes de protección internacional, recomendadas por dichos traficantes como el atajo definitivo, permiten a los inmigrantes ilegales sortear las expulsiones y moverse libremente hacia la Península. Este abuso no es un secreto; es una práctica conocida por las autoridades, que prefieren ignorarla antes que enfrentarla. El resultado es un sistema de asilo manoseado, perturbado y desprovisto de su propósito original, mientras el Gobierno, conocedor de esta realidad, opta por la complacencia.

La ineficacia de la diplomacia española con los países del Magreb es otro clavo en el ataúd del sistema. Los acuerdos de repatriación con Marruecos y Argelia, esenciales para garantizar la expulsión de inmigrantes ilegales, son prácticamente inexistentes o ineficaces. Esto permite que nacionales de estos países, tras entrar ilegalmente, permanezcan en España de forma indefinida, sin temor a ser deportados. La falta de presión diplomática, combinada con la reticencia de los países de origen a aceptar a sus ciudadanos, crea un círculo vicioso donde la ilegalidad se perpetúa. Esta parálisis no es solo un problema técnico; es una cuestión de voluntad política. Mientras el Gobierno español priorice las relaciones comerciales o geopolíticas con el Magreb sobre la seguridad de sus fronteras, las expulsiones seguirán siendo una quimera. Los traficantes lo saben y lo aprovechan, asesorando a los inmigrantes sobre cómo explotar esta debilidad estructural.

La inmigración ilegal no es solo un problema de fronteras físicas; es un problema de fronteras legales y políticas. Mientras las normas de extranjería sigan siendo un coladero, las mafias seguirán enriqueciéndose, generando cada vez más beneficios con la complicidad del sistema, las ONG seguirán operando en una zona gris y los ciudadanos seguirán preguntándose por qué la ley protege más a quien la incumple que a quien la sostiene. Es hora de un cambio radical, normas claras, una diplomacia efectiva y un compromiso real con la seguridad y la legalidad.

España no puede seguir siendo el patio trasero de las mafias de la inmigración ilegal, donde la ley se retuerce hasta convertirse en una burla. Necesitamos fronteras sólidas, no solo en el perímetro de Ceuta y Melilla o de nuestro litoral sur, sino en el corazón de nuestro sistema legislativo. Esto implica reformar las leyes de extranjería para cerrar las lagunas que explotan los traficantes, fortalecer los CIE como herramientas de control migratorio y presionar diplomáticamente a los países de origen para que asuman su responsabilidad. También requiere que las ONG actúen con transparencia y rigor, dejando de ser engranajes de un sistema que beneficia a las mafias, siendo penalizadas aquellas que formen parte de forma directa con todo el conglomerado criminal que promueve la inmigración ilegal.

El fraude de ley en la inmigración ilegal no es un accidente; es el resultado de un sistema roto, de una legislación ambigua y de una complicidad tácita que permite a las mafias operar con impunidad. Los casos de los menas, la infrautilización de los CIE y el abuso del derecho de asilo son solo síntomas de una enfermedad más profunda: la falta de voluntad política para abordar el problema de frente. Mientras el Gobierno y las instituciones sigan mirando hacia otro lado, las mafias seguirán en la cima de la pirámide, riéndose de una ley que, en lugar de proteger, se ha convertido en su mejor aliada.

Es hora de recuperar el control. Porque si la ley no es más que papel mojado, la soberanía de un país no es más que una ilusión. Y en este juego, los únicos que ganan son aquellos que, desde la sombra, han convertido la inmigración ilegal en una industria millonaria.

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