OPINIÓN
El 16 de julio de 2025, el presidente Pedro Sánchez desembarcó en Mauritania con una comitiva de siete ministros, en un despliegue que parecía más una operación de imagen que una solución real a la crisis migratoria que asfixia a Canarias. Con sonrisas diplomáticas y promesas de cooperación, Sánchez habló de reforzar el control de las costas mauritanas, el principal punto de partida de los cayucos que llegan al archipiélago. Sin embargo, mientras el presidente posaba para las cámaras, un correo electrónico al que he tenido acceso revela una verdad que el Gobierno prefiere ignorar: Francia abandonará Senegal en agosto de 2025, dejando a la Guardia Civil sin apoyo logístico clave en un momento crítico. Este vacío, combinado con un informe interno de FRONTEX que alerta sobre una oleada migratoria inminente desde Mali y una advertencia de la Policía Nacional sobre la posible infiltración de terroristas islamistas paquistaníes a través de Canarias, dibuja un panorama alarmante. Las islas, ya desbordadas por casi 160 000 llegadas ilegales desde 2020, enfrentan una tormenta perfecta que el Ejecutivo no parece dispuesto a encarar.
Para comprender la gravedad de la situación, basta con mirar las cifras, que son un testimonio crudo de la presión migratoria sobre Canarias. Desde 2020, según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, y del Ministerio del Interior, un total de 159 072 inmigrantes ilegales han llegado a las islas, una cifra que supera la población de ciudades como Logroño o Badajoz. En 2020, fueron 23 023 los que arribaron; en 2021, 22 316; en 2022, la cifra bajó a 15 682, pero en 2023 se disparó a 39 910, un aumento del 154 % respecto al año anterior. El 2024 marcó un récord histórico con 46 843 llegadas, un 17,4 % más que en 2023. Y en los primeros meses de 2025, ya se contabilizan más de 11 000 inmigrantes ilegales. En cinco años, las llegadas han crecido un 103,5 %, un incremento que refleja no solo la magnitud del problema, sino también la incapacidad de las autoridades para contenerlo.
El perfil de los inmigrantes ha evolucionado. Si entre 2020 y 2023 los senegaleses dominaban las rutas, ahora los malienses son la mayoría, impulsados por una crisis multidimensional en Mali. La inestabilidad política, los golpes de Estado, la inseguridad y el avance de grupos yihadistas han convertido al país en un polvorín. La ruta atlántica, que parte desde puntos como Tan-Tan, Tarfaya y el litoral saharaui bajo control marroquí, se ha consolidado como la vía preferida de los traficantes de personas, que operan con una impunidad alarmante mientras Marruecos, en muchos casos, mira para otro lado. Las embarcaciones, precarias y sobrecargadas, no solo representan un peligro para los inmigrantes, sino que han saturado los recursos de Canarias, desde los servicios de emergencia hasta los centros de acogida.
Un informe interno de FRONTEX, al que he tenido acceso, arroja luz sobre la magnitud de la crisis que se avecina. Los nacionales malienses son ahora el grupo predominante que llega a Canarias y esta tendencia, según el informe, «es probable que continúe a largo plazo». La inestabilidad en Mali, marcada por conflictos armados y una creciente presencia de grupos yihadistas, ha generado una presión migratoria constante hacia Mauritania, el trampolín hacia el archipiélago. A principios de 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportaba 200 000 refugiados y solicitantes de asilo en Mauritania, principalmente malienses. Para noviembre de 2024, esta cifra había escalado a 260 000 y las proyecciones de ACNUR —recogidas en el informe de FRONTEX— estiman que alcanzará los 320 000 a finales de 2025. Cada uno de estos números representa una carga insostenible para Canarias y múltiples beneficios económicos para traficantes sin escrúpulos, que no depararán en seguir fletando cayucos hacia un archipiélago español que se ha convertido en la principal puerta de entrada a Europa de la inmigración ilegal.
Está presión migratoria no solo pone en jaque la capacidad de las islas para gestionar la llegada de inmigrantes ilegales, sino que introduce un riesgo adicional: la posible infiltración de terroristas. Un informe de la Policía Nacional alerta sobre la presencia de ciudadanos paquistaníes con vínculos potenciales con grupos islamistas radicales entre los inmigrantes que llegan a Canarias. Según el informe, las redes de tráfico de personas que operan en la ruta atlántica no solo transportan a inmigrantes económicos, sino que podrían estar siendo utilizadas por individuos con antecedentes o intenciones terroristas. La porosidad de las fronteras y la falta de controles exhaustivos en los puntos de partida facilitan que estos terroristas se mezclen con los flujos migratorios, aprovechando el caos para entrar en Europa. Canarias, con su infraestructura desbordada, no está preparada para detectar y neutralizar esta amenaza, lo que eleva el riesgo de seguridad no solo para las islas, sino para todo el continente.
En mitad de este escenario, llega la noticia que el Gobierno español parece decidido a minimizar: Francia abandonará Senegal. Un correo electrónico al que ha tenido acceso el que os escribe, revela una noticia que agrava dramáticamente la crisis migratoria que amenaza a Canarias. El pasado 11 de marzo de 2025, las autoridades francesas comunicaron oficialmente al jefe del Destacamento Marfil del Ejército del Aire y del Espacio español una decisión devastadora: Francia cerrará su Escala Aeronáutica en el aeropuerto internacional Blaise Diagne de Dakar (Senegal) el próximo 1 de agosto de 2025, con todas las operaciones aéreas finalizadas el 1 de junio. Este repliegue supone un golpe directo a las operaciones de la Guardia Civil, que depende de la infraestructura militar francesa para sus patrullas marítimas de control migratorio en la región. La comunicación, enviada con una frialdad burocrática que contrasta con la gravedad de sus implicaciones, detalla que Francia dejará de proporcionar servicios tan esenciales como el control de accesos y apoyo logístico al destacamento español. Además, las autoridades francesas exigen que España retire el hangar T.21 (donde se ubicaba el avión de control para la detección de cayucos en ruta hacia Canarias) y el edificio modular asignados, dejando el área «limpia» de estructuras consideradas «extranjeras» por las autoridades senegalesas, que han manifestado su interés en eliminar toda presencia militar foránea en el aeropuerto.
La respuesta de la Guardia Civil, fechada el 19 de marzo de 2025, refleja la magnitud del problema y la falta de soluciones inmediatas. Sin acceso a la zona militar del aeropuerto Blaise Diagne, ubicado a 80 kilómetros de Dakar, el avión de la Guardia Civil deberá operar desde la plataforma civil, una alternativa plagada de inconvenientes. Entre ellos, se incluyen gastos de handling que, aunque el avión sea una aeronave de Estado, no están exentos, como el uso de un grupo electrógeno para energizar la aeronave, traslados de la tripulación en autobuses comerciales y la gestión de planes de vuelo a través de un gestor civil. Más preocupante aún es la imposibilidad de realizar mantenimientos adecuados en un entorno salino, ya que no se autoriza el lavado de motores con agua dulce, un procedimiento crítico para evitar la degradación de las turbinas en un aeropuerto cercano al mar. La falta de un espacio dedicado para almacenar material obliga a estibarlo en la rampa del avión, sacrificando la capacidad de búsqueda y rescate, como el lanzamiento de balsas de supervivencia en caso de naufragios. La Guardia Civil también señala que los controles de seguridad del aeropuerto tratarán a las tripulaciones como pasajeros civiles, prohibiendo introducir agua o comida fresca, lo que obliga a contratar servicios de catering con costes adicionales. Como alternativa, se menciona el aeropuerto de Yoff, en Dakar, donde la Guardia Civil operó años atrás, pero su uso está restringido a vuelos militares nacionales y requeriría negociaciones complejas con las autoridades senegalesas, que no parecen dispuestas a facilitar la presencia extranjera. Según fuentes de la Guardia Civil, a día de hoy no hay una solución viable y la capacidad para controlar la inmigración ilegal desde Senegal quedará gravemente comprometida en el peor momento posible, justo cuando la crisis en el SAHEL y la presión migratoria hacia Canarias alcanzan niveles críticos.
La visita de Sánchez a Mauritania, presentada como un esfuerzo por contener la inmigración ilegal, parece un ejercicio de relaciones públicas más que una estrategia sólida. En su comunicado oficial, el presidente habló de reforzar la cooperación con Mauritania, pero no mencionó el abandono francés en Senegal ni la falta de un plan para reemplazar el apoyo logístico perdido. ¿Acaso cree el Gobierno que los traficantes de personas, que llegan a cobrar miles de euros por inmigrante embarcado, se detendrán por acuerdos bilaterales de dudosa eficacia? La realidad es que, sin una presencia efectiva en la región, la ruta atlántica seguirá siendo una autopista para la inmigración ilegal, y Canarias será la primera en pagar las consecuencias.
La inacción del Gobierno es particularmente alarmante si se considera la magnitud de la crisis. Las islas están al límite, con centros de acogida desbordados, servicios de emergencia colapsados y una población local cada vez más frustrada. En lugares como La Restinga, en El Hierro, los residentes han expresado su indignación por la priorización de los inmigrantes ilegales sobre sus propias necesidades. A esto se suma la amenaza de seguridad señalada por la Policía Nacional, que advierte que la falta de controles efectivos podría permitir la entrada de terroristas islamistas paquistaníes camuflados entre los migrantes. Este riesgo, combinado con la inminente oleada de refugiados malienses y la pérdida de apoyo logístico en Senegal, configura una tormenta perfecta que el Gobierno no parece preparado para enfrentar.
Canarias no puede esperar más. Las cifras hablan por sí solas: 160 000 llegadas en cinco años, un aumento del 103,5 % y proyecciones que apuntan a una escalada aún mayor en 2025. La crisis en el SAHEL, con 320 000 refugiados proyectados en Mauritania a finales de año, no muestra signos de alivio. La retirada francesa de Senegal, que dejará a la Guardia Civil en una posición vulnerable, es un golpe que el Gobierno no ha sabido anticipar ni contrarrestar. Y la amenaza de infiltración terrorista añade una dimensión aún más preocupante a un problema que ya es insostenible.
Es hora de que el Gobierno deje de lado las promesas vacías y los titulares optimistas. La cooperación con Mauritania, si no va acompañada de medidas concretas y recursos reales, no detendrá la marea humana que se avecina. La Guardia Civil necesita soluciones urgentes para mantener sus operaciones en Senegal, ya sea a través de acuerdos con las autoridades locales o de la reubicación de sus recursos. Las islas necesitan más apoyo logístico, más personal de seguridad y un sistema de control migratorio que no dependa de la buena voluntad de países terceros. Y, sobre todo, España necesita un liderazgo que reconozca la gravedad de la situación y actúe con decisión.
Si el Gobierno no actúa ya, Canarias se enfrentará a un colapso sin precedentes. Las islas no pueden absorber más llegadas, ni económica ni socialmente. La posibilidad de que las redes de tráfico humano sean explotadas por terroristas eleva la urgencia a niveles críticos. Mientras el presidente pasea por Mauritania, el reloj sigue corriendo y la tormenta migratoria se acerca. Canarias merece más que gestos diplomáticos y promesas vacías. Merece un plan real, porque de lo contrario, las cifras de 2025 marcarán un punto de inflexión en la historia de unas islas que ya no pueden más.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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