A una hora de Barcelona, en las calles empedradas de Torelló —municipio de la comarca de Osona—, la tranquilidad que caracterizaba este rincón catalán se ha desvanecido.
Con una población de 15 000 habitantes, este pueblo de casas bajas y plazas arboladas vive desde hace semanas una escalada de violencia y desorden protagonizada por un grupo de unos 25 jóvenes, mayoritariamente de origen magrebí, que han okupado inmuebles abandonados en el centro urbano.
Lo que comenzó como molestias nocturnas —ruidos, botellones y carreras de motos— ha derivado en robos, amenazas y enfrentamientos directos con la Policía Local.
Los vecinos, atrapados en un estado de alerta permanente, describen un clima de miedo que ha transformado su rutina diaria.
El detonante de la indignación colectiva experimentada en los últimos días fue un audio filtrado de un agente policial, viralizado en redes sociales, que expone la cruda realidad de una fuerza de seguridad desbordada.
El epicentro del conflicto se encuentra en la calle Sant Josep, una vía central del barrio residencial y comercial donde transitan peatones y vehículos. Allí, un aparcamiento al aire libre junto a la antigua nave industrial de Vitri se convierte al caer el sol en un foco de altercados.
Los okupas, descritos por los vecinos como un colectivo conflictivo que consume drogas abiertamente y pasea perros de razas potencialmente peligrosas sin bozal, han generado intimidación constante.
«No podemos dormir. A las tres de la mañana siguen gritando. Es como tener una discoteca debajo de casa», relató Enric, vecino del número 14 de Sant Josep.
Otra residente cercana, añadió: «No bajamos al coche de noche. Tenemos miedo. Si les dices algo, te insultan».
Estas declaraciones reflejan un temor cotidiano que ha llevado a un aumento en la instalación de alarmas en casas y negocios.
Un punto de inflexión
Esta semana parece haber marcado un punto de inflexión.
Una vecina de Sant Josep llamó días atrás a la Policía Local para denunciar un nuevo incidente, y la conversación, grabada y verificada por el Ayuntamiento, se filtró rápidamente.
En el audio, un agente —uno de los dos que cubrían el turno nocturno para todo el municipio— confesó su impotencia: «Es imposible hablar con ellos; nosotros sólo somos dos, somos una patrulla, y hemos ido allí a hablar y son 25», dijo, antes de añadir: «Nosotros no acabaremos nunca con esto, ya no sabemos qué hacer. Se ríen de nosotros, nos echan fuera. Si no queremos sufrir daños nosotros, no podemos ir…».
El agente recomendó contactar con el 112 para solicitar apoyo de los Mossos d’Esquadra o acudir al Ayuntamiento, señalando que «el Ayuntamiento tiene conocimiento de todo, ¿eh? Pero desde hace meses, meses y meses».
Este audio no solo expuso la escasez de efectivos —la Policía Local opera con turnos de dos agentes y un vehículo para 15 000 habitantes— sino que desató una ola de indignación colectiva.
El 29 de septiembre, unas 200 personas irrumpieron en el pleno municipal ordinario, convirtiéndolo en un foro de protestas. Ver video aquí.
Gritos de «¡Ya basta!» y «¡Queremos hablar de lo que pasa!» interrumpieron el debate político durante varios minutos. Pancartas exigiendo la dimisión de responsables municipales y más recursos policiales ondeaban en la sala.
Un hombre clamó: «Si ustedes no pueden solucionarlo, díganlo ya, así lo haremos nosotros», seguido de aplausos generalizados.
Tras el pleno, en la plaza frente al Ayuntamiento, una mujer mayor con muletas resumió: «Queremos dormir tranquilos, nada más».
La escena reflejó un hartazgo acumulado entre vecinos de todas las edades, desde madres con carritos hasta jubilados.
El alcalde, Marçal Ortuño i Jolis (ERC), y la concejala de Seguridad y Convivencia, Elisabet Viñas i Villena, se vieron forzados a improvisar un diálogo abierto.
Ortuño, que gobierna en coalición con otros independentistas, defendió la labor policial pero invocó limitaciones legales: «El problema no es por falta de voluntad, sino porque hay una ley, la de la tasa de reposición, que no nos lo deja hacer. Es más, si contratásemos 30 agentes a lo mejor podríamos hacer 30 detenciones, pero no serviría de nada, porque al día siguiente estarían en Vic y al otro, de vuelta en las calles de Torelló».
Viñas pidió calma y reiteró que la inseguridad es una prioridad, destacando que la Policía Local ha realizado muchas detenciones.
En un mensaje privado a los vecinos, filtrado y publicado por El Caso, la concejala fue más directa: «Las leyes no son lo bastante contundentes ni la justicia lo bastante rápida para sacarnos a esta chusma de gente de encima».
Fuentes municipales insistieron: «Necesitamos leyes más contundentes, justicia más rápida y más policía en la calle».
A pesar de las promesas, las medidas son limitadas. El Ayuntamiento ha convocado a nuevas plazas para la Policía Local y asegura haber instalado más cámaras de vigilancia.
Sin embargo, los vecinos consideran estas acciones insuficientes frente a entradas recientes en casas y tiendas, según denuncias anónimas reportadas por El Caso.
La situación empeoró esta semana registrando una noche de vandalismo. La banda quemó contenedores, árboles y varios coches en el aparcamiento de la antigua Vitri, desatando pánico y requiriendo intervención de los Mossos.
No es un caso aislado
Torelló no es un caso aislado en Cataluña.
En L’Hospitalet de Llobregat, el 1 de octubre, unos 3000 vecinos marcharon para denunciar un aumento significativo de la delincuencia. En 2024, se registró un incremento del 16 % en robos con intimidación, 48 % en tráfico de drogas y 26 % en lesiones y peleas, con cerca de 200 delitos sexuales denunciados (un 9 % más en violaciones con penetración).
VOX L’Hospitalet de Llobregat en X.
Una portavoz de la marcha apuntó: «Exigimos un Hospitalet de Llobregat seguro, con una policía con salarios justos y condiciones que permitan retener a los agentes. Exigimos respeto a nuestros derechos y responsabilidad por parte de quienes nos gobiernan».
Lee más: Miles de vecinos de Hospitalet toman las calles para denunciar «delincuencia e incivilidad» en sus barrios
Desde la localidad de Esplugues también se adhirieron a la protesta, donde los vecinos se manifestaron con cánticos como «Queremos seguridad».
Cabe resaltar que en las protestas también participaron inmigrantes legales, que están integrados a la sociedad y que como ciudadanos reclaman por su bienestar y seguridad. «No se trata de nacionalidad ni de origen, sino de maldad o bondad», dijo uno en la plaza del Ayuntamiento de Torelló.
Mientras el sol se pone sobre Osona, Torelló enciende luces de alarma. La revuelta de este pueblo es un aviso para Cataluña: sin reformas que proricen la seguridad de los ciudadanos, el descontento podría escalar hasta el punto de buscar hacer justicia por «mano propia», un escenario que nadie desea pero que, a juzgar por los acontecimientos, podría resultar inevitable.
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