En los últimos meses, el Gobierno de España y sus medios afines no han escatimado en elogios a sí mismos por un supuesto «éxito» en la contención de la inmigración ilegal. Medios como eldiario.es celebran que las llegadas ilegales a Canarias se han reducido un 43,3 % en lo que va de 2025 respecto a 2024, pasando de 11 672 a 6622 inmigrantes hasta mediados de febrero, y lo enmarcaban como una «tendencia a la baja» que refleja cambios en los flujos migratorios.
Por su parte, RTVE, la televisión pública, proclamó el mes pasado a bombo y platillo una caída del 50 % en las llegadas a las Islas Canarias, atribuyéndolo directamente al «éxito de las políticas españolas» que incluyen acciones preventivas en países de origen como Mauritania, Senegal y Gambia. El teniente general Manuel Navarrete, jefe del Mando de Fronteras, lo resumía con orgullo en un curso en Jaca: «Fomentando la asistencia y la actuación en estos países, que son los que sufren verdaderamente el problema», y asegura que estas iniciativas han prevenido el 40 % de las salidas, con patrullas conjuntas y detenciones de traficantes que demuestran «la eficacia de estas actuaciones». Es un coro de autocomplacencia que pinta un panorama idílico, como si el problema se estuviera disolviendo por arte de magia.
Pero, ¿qué solución es esta? Debería preguntárselo cualquier ciudadano con sentido común. Que las cifras bajen después de la debacle histórica de 2024 no es motivo de celebración alguna. Es, en todo caso, un edulcoramiento estadístico, una maniobra clásica de la izquierda y sus comunicadores para maquillar una realidad que sigue siendo abrumadora y alarmante. No estamos ante un oasis en el desierto migratorio, sino ante un espejismo que oculta rutas en explosión y una presión sin precedentes que este Gobierno parece incapaz —o peor, reacio— a controlar de verdad.
Tomemos los datos en mano, con rigor y sin paños calientes. En lo que va de 2025, hasta septiembre, España ha registrado la llegada de 27 476 inmigrantes por vías ilegales. Esto representa un descenso del 35 % respecto a las 42 327 entradas del mismo periodo en 2024. A primera vista, podría sonar alentador, y así lo han vendido en platós y portadas, ignorando que estas 27 476 llegadas son prácticamente idénticas a las 28 729 de 2021 —que ya suponían un aumento del 51 % desde 2020— o a las 26 540 de 2023, que marcaron un incremento del 14 % sobre 2022.
En esencia, los números oscilan alrededor de las 27 000 entradas anuales, sin una bajada real y sostenida. Si comparamos con el último lustro, estamos en cifras desproporcionadas, muy por encima de lo que se consideraba «normal» hace apenas una década. ¿De qué nos alegramos? Bajar de una debacle no resuelve nada; solo perpetúa una crisis crónica que este Gobierno, cínico y pernicioso, parece fomentar con sus políticas de efecto llamada.
Un ejemplo paradigmático de este triunfalismo selectivo lo encontramos en periodistas como Javier Ruiz, quien en una reciente aparición en TVE utilizó un gráfico comparativo entre 2024 y 2025 para afirmar que «la llegada de inmigrantes baja». En la pantalla, se veía un titular rotundo: «La llegada de inmigrantes por mar y aire en 2024 y 2025», con un gráfico que mostraba una curva descendente hasta las 17 990 llegadas en 2025, contrastando con las cifras crecientes del año anterior. Ruiz, con su habitual cinismo, lo presentó como una buena noticia, ignorando deliberadamente el contexto histórico. Claro que baja respecto a la catástrofe de 2024, pero ¿y si ampliamos el plano? Si comparamos con los datos de los últimos años, el descenso es ilusorio.
Este tipo de manipulaciones —porque no se les puede llamar de otra forma— no solo desinforman, sino que contribuyen a una narrativa que minimiza un problema estructural. Ruiz y sus colegas no están informando; están haciendo propaganda, sirviendo al relato oficial que etiqueta cualquier crítica como «xenofobia», como rezaba el rótulo en esa misma emisión: «Primeros traslados en mitad de ola xenófoba». Es el colmo del cinismo, acusar de odio a quienes piden control, mientras se celebra un «descenso» que no existe en la realidad.
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Desglosemos ahora las rutas específicas, donde el panorama se torna aún más preocupante. La ruta atlántica hacia Canarias ha experimentado un descenso del 58 %, pasando de 30 850 a 12 878 llegadas hasta septiembre de 2025. ¿Motivo de júbilo? Ni mucho menos. Estas cifras siguen siendo alarmantes si las ponemos en perspectiva histórica. En 2018, Canarias registró solo 659 entradas ilegales en el mismo periodo; en 2019, apenas 975.
Hoy, hablamos de un incremento superior al 1800 % respecto a 2018, y el archipiélago recibe 13 veces más inmigrantes ilegales que en ese año previo a la crisis de Arguineguín. Es como si, tras un incendio forestal devastador, celebráramos que este año «solo» arden la mitad de hectáreas, ignorando que el bosque entero sigue en llamas. Además, como suele ocurrir en estos escenarios, el problema no desaparece, simplemente se desplaza. Cuando una ruta «hiberna», otras explotan, revelando el fracaso total de las estrategias de contención.
Miremos hacia las Islas Baleares, donde la situación es francamente explosiva. Hasta septiembre, se han registrado 5827 llegadas, un aumento del 84 % respecto a las 3166 de 2024. Pero los datos actualizados hasta el 15 de octubre elevan la cifra a 6104, superando ya el total anual de 2024 (5936). Con más de dos meses por delante y un ritmo mensual de más de 600 llegadas, las proyecciones apuntan a más de 7700 para fin de año.
Este flujo incontrolado es un testimonio elocuente del fracaso de las políticas actuales, que en lugar de disuadir, incentivan las llegadas. Si retrocedemos al último lustro, el incremento es astronómico: un 3165 % desde las 187 entradas de 2018. Baleares, tradicionalmente una ruta secundaria, se ha convertido en un coladero, con un crecimiento exponencial que pone en jaque los recursos locales y la seguridad. Junto con la península, el total de entradas ilegales en estas áreas ha aumentado un 26 %, alcanzando las 11 680 hasta septiembre. ¿Dónde está la «bajada» que tanto pregonan?
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Por si fuera poco, las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla pintan un cuadro aún más sombrío. En total, un aumento del 34 % en accesos ilegales. Melilla se ha disparado un 286 %, de 63 a 243 entradas, mientras Ceuta registra un 26 % más, consolidando 2644 hasta la fecha. Estas cifras son síntoma de una presión migratoria sin precedentes históricos, donde el control fronterizo brilla por su ausencia. Mientras unas rutas bajan temporalmente, otras estallan y el total nacional se mantiene en zona de crisis. No hay nada que celebrar; hay mucho que lamentar y, sobre todo, mucho que hacer. El Gobierno actual, con su enfoque permisivo, no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava, fomentando un efecto llamada que atrae a miles en condiciones precarias, con riesgos humanos inaceptables.
En resumen, el supuesto «descenso» de la inmigración ilegal en 2025 es un engaño estadístico, un truco de prestidigitación mediática orquestado por la izquierda y sus altavoces. Artículos en eldiario.es y RTVE, con sus porcentajes selectivos y citas triunfalistas, contribuyen a esta farsa, comparando solo con el pico de 2024 e ignorando el contexto del último lustro.
Las cifras reales —27 476 llegadas hasta septiembre, similares a años previos de crisis— revelan una realidad abrumadora: rutas en explosión como Baleares o Ceuta-Melilla, incrementos exponenciales comparados con 2018-2019 y una presión migratoria que no cede. Esto no es una buena noticia, ni un oasis; es una emergencia sostenida que exige políticas firmes, no edulcorantes. Si seguimos celebrando descensos fantasma, el problema no hará más que enquistarse, con consecuencias sociales, económicas y humanas que pagaremos todos. Es hora de dejar la propaganda y enfrentar la verdad, la inmigración ilegal en España no está bajando; está mutando y urge controlarla con rigor y determinación.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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