El periodista de El Mundo, Quico Alsedo, nos ofrece esta entrevista para explicar el caso del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) de España. La institución se ha visto afectada por un escándalo a raíz de denuncias presentadas por trabajadores y directivos internos, que describen un posible esquema de contratación irregular, donde se habrían autorizado pagos por servicios no realizados o con precios inflados muy por encima de su valor real.
La denuncia estima que el desvío de fondos públicos podría situarse en torno a 25 millones de euros a lo largo de 18 años, una cifra sujeta a verificación judicial. Este texto resume una entrevista más extensa publicada íntegramente en el pódcast Voces Autorizadas de The Epoch Times España, que puede escuchar aquí.
Entrevistador: Quico, para aquellos que no se hayan enterado de qué cosa es el CENIO, ¿nos puedes explicar rápidamente qué es?
Quico Alsedo: El CNIO es el centro público puntero en investigación contra el cáncer en España. Es una fundación que se creó en el año 1998 y que está entre las 10 con mayor producción y de mejor calidad de producción científica del mundo en la lucha contra el cáncer y es un centro que recibe en torno a 22 millones de euros anuales de financiación pública y otros 20 y pico privado. Es uno de los centros más importantes del mundo en la lucha contra el cáncer, en el que trabajan unos 500 investigadores, además en una dinámica muy competitiva para conseguir resultados en la lucha contra el cáncer.
Entrevistador: Si tuvieras que resumir en una frase el manual de operación de esta trama, ¿cómo lo describirías?
Quico Alsedo: Es una trama presunta que ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y jueces, aun sin sentencia. El mecanismo es simple: personal interno del CENIO aprobaba contratos con empresas o personas externas, pagando con fondos públicos por servicios que no se realizaban o con precios inflados muy por encima de su valor real. Con ese sistema, el dinero terminaba beneficiando a personas próximas a los altos cargos que controlaban las finanzas del centro.
La denuncia es especialmente relevante porque no nace de rumores ni de filtraciones anónimas, sino de dos directivos del propio CENIO —con 20 y 15 años dentro de la institución— quienes realizaron una auditoría forense exhaustiva sobre 18 años de contratos. Ellos concluyen que el desvío podría estar en hasta 25 millones de euros, una cifra ligada a fondos destinados a la investigación contra el cáncer, lo que agrava el impacto social y reputacional del caso.
Entrevistador: Dices hasta 25 millones, ¿tenemos la certeza de esa cifra o puede ser mucho más?
Quico Alsedo: La cifra del desvío es una estimación preliminar, que puede aumentar o reducirse según avance la investigación. La denuncia se sustenta en el análisis del director de operaciones del CENIO, un profesional con formación sólida, 15 años de experiencia dentro de la institución y un pasado de 5 años como asesor del ministro de Economía, Luis de Guindos.
Su auditoría concluye que el dinero se habría desviado mediante contratos públicos, sin controles internos para revisarlos o verificarlos, con pagos por servicios no realizados o solo parciales. Entre los hallazgos más graves están empresas creadas en el mismo domicilio del gerente, lo que apunta a un esquema de contratación a medida, típico en tramas de conveniencia, para mover fondos públicos a entornos cercanos a los cargos que los autorizaban.
Entrevistador: Tras la publicación del caso, ¿qué tonos percibes en los círculos de poder que interactuaron con el CENIO? ¿Hay miedo, hay indiferencia, cerraron filas, qué ha ocurrido?
Quico Alsedo: Lo ocurrido gira alrededor del gerente del CENIO, que durante 23 años controló las finanzas del centro, donde se articula la trama denunciada. El Gobierno lo destituyó de inmediato pese a no haber aún una causa judicial avanzada, lo que sugiere que ya tenía indicios suficientes sobre el problema. Esos indicios existían porque hubo denuncias internas previas ignoradas durante años: la presidenta del Comité de Empresa alertó al ministro en 2018 con tres cartas y reuniones con su equipo, sin respuesta ni acción.
También el director de operaciones avisó al secretario de Estado dos veces por email, tampoco hubo reacción. Nada cambió hasta que la denuncia formal se presentó en junio ante la Fiscalía Anticorrupción y fue publicada en prensa hace 15 días, momento en el que el Gobierno actuó, apartando no solo al gerente sino también a dos exaltos cargos subordinados a él. Aunque aún quedan personas ligadas a esos intereses dentro del centro, cuyo papel deberá aclarar la investigación judicial.
Entrevistador: ¿Qué fue lo más descarado o lo más inventivo que encontraste?
Quico Alsedo: Lo más grave y descarado es la creación de una empresa en el propio domicilio del gerente del CENIO, que durante años obtuvo contratos con el centro para servicios de almacenamiento, usando un almacén cercano a Madrid. Ese contrato se impulsó en 2007, cuando el propio gerente argumentó que «hacía falta otro almacén», y desde entonces la empresa operó como proveedora del CENIO.
La denuncia es sólida: 120 páginas de relato y 500 de pruebas, incluyendo audios grabados a trabajadores y directivos del centro, describiendo cómo se adjudicaron esos contratos. Entre los ejemplos más llamativos están pagos por reparaciones de una sala dañada por una tubería hace 15 años, que nunca se ejecutaron, porque la sala sigue igual hoy, y también facturaciones infladas al 400 %, llegando a cobrar 20 euros por algo que valía 5. Esos pagos presuntamente beneficiaban a personas del entorno de los cargos que autorizaban la contratación.
Entrevistador: Hablemos de María Blasco, que era la jefa científica. ¿Podríamos decir que esta señora fue un chivo expiatorio, que ella descubrió lo que estaba ocurriendo, o que forma parte de la presunta trama?
Quico Alsedo: María Blasco no forma parte de la trama presunta. El CENIO funciona con doble dirección: una parte económica, controlada históricamente por el gerente, y otra científica, dirigida por Blasco, cuyos fondos proceden del área económica, pero sin capacidad directa sobre la adjudicación de contratos. Cuando en 2018 se denunciaron irregularidades internas, Blasco pidió explicaciones al Ministerio y ellos no actuaron.
Desde su llegada en 2011, ella cuestionó la gestión del gerente y pidió su reemplazo, lo que generó una guerra interna prolongada. Finalmente, sus opositores lograron apartarla del cargo en enero, usando como razones acusaciones de promoción personal y formas autoritarias. Aunque el gobierno también anunció la destitución del gerente Juan Arroyo, en la práctica solo lo quitó del título, porque lo recolocó como vicedirector económico, desde donde siguió teniendo el mismo control financiero que antes, lo que dejó la crisis sin corregirse realmente hasta la denuncia reciente.
Entrevistador: ¿Qué pregunta le harías a los responsables políticos, directivos, que permitieron que durante tanto tiempo ocurriera esto en la cara de todo el mundo?
Quico Alsedo: El punto central es esclarecer hasta qué grado el Gobierno y los cargos políticos fueron advertidos. Es probable que algunos responsables vieran indicios de prácticas irregulares en contratos, pero no conocieran el detalle profundo y decidieran no intervenir hasta que el caso se hizo público en portada hace dos semanas, momento en el que el problema «ya no pudo ignorarse». La gravedad del caso es excepcional porque involucra fondos destinados a la investigación contra el cáncer, un asunto con impacto emocional y social en la población. Ahora corresponde determinar hasta dónde alcanzan las responsabilidades políticas dentro de la investigación judicial.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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