El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO ) advirtió en un informe publicado el 16 de abril que España aún no había implementado plenamente ninguna de sus recomendaciones para prevenir la corrupción institucional.
El grupo publicó dos informes de seguimiento que evalúan el cumplimiento por parte de España de sus recomendaciones «para prevenir la corrupción en las altas funciones ejecutivas del Gobierno central, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los parlamentarios, los jueces y los fiscales».
El primer informe concluye que «España aún no había implementado plenamente ninguna de las recomendaciones que le formuló en 2019 para prevenir la corrupción y promover la integridad en las altas funciones ejecutivas del gobierno central y las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil)», comunicó GRECO el 16 de abril.
El grupo aclaró que, de las recomendaciones pendientes, había implementado parcialmente 13 y aún no había implementado seis.
«Debido a la deficiente implementación de sus recomendaciones», GRECO anunció que «colocó a España bajo su procedimiento de incumplimiento» en la 5ª ronda de evaluación. También solicitó a las autoridades españolas que informen sobre los avances antes de la 100ª sesión plenaria que se celebrará en Estrasburgo, entre el 2-5 de junio de 2025 y donde se volverá a examinar el informe de seguimiento correspondiente.
GRECO instó a las autoridades «a prestar mayor atención a la situación particular de las altas funciones ejecutivas del gobierno central (incluidos los asesores políticos) y a los riesgos específicos de conflicto de intereses y corrupción que enfrentan en su trabajo» y pidió un enfoque más específico para cubrir las deficiencias.
El grupo también abordó la necesidad de mejorar la divulgación financiera y junto con ello «la regulación del lobby, las puertas giratorias cuando los funcionarios del gobierno dejan sus funciones para trabajar en el sector privado y el sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno», refiriéndose al aforamiento de los miembros del Gobierno sospechosos de corrupción.
Sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
En el segundo informe, que evalúa la implementación de las recomendaciones emitidas a España en 2013 para prevenir la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales, GRECO no detectó avances desde 2022.
España había implementado completamente siete recomendaciones y parcialmente tres. Una recomendación relativa al sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguía sin implementarse.
El documento señala que no se han establecido por ley los criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos del poder judicial.
Respecto a la necesidad de mayores garantías para una mayor independencia, transparencia y autonomía del Ministerio Fiscal, tampoco se aplicaron las sugerencias. Además, España habría fallado en aplicar las recomendaciones de regular la interacción de los parlamentarios con grupos de lobby y otros que buscan influir en el proceso legislativo.
El Gobierno español promulgó la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, para establecer el régimen jurídico del CGPJ en funciones. Esta Ley Orgánica fue avalada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 128/2023 y 15/2024. La norma esencialmente limitaba las competencias del CGPJ en funciones, eliminando los nombramientos discrecionales, informó Confilegal. Más adelante, el Gobierno modificó de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 8/2022 de 27 de julio para poder designar como magistrados del TC al anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y a Laura Díez Bueso, anterior directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia.
En España, para renovar el CGPJ se debe renovar a los vocales judiciales y para ello se necesita una mayoría calificada en el Senado y Congreso de Diputados, añade Confilegal.
En su informe, el grupo GRECO explica que la composición del CGPJ debía renovarse en diciembre de 2018 y agregó que «la Ley 4/2021 impide al CGPJ en funciones nombrar al presidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia, al presidente de la Audiencia Nacional, a los presidentes de las Salas y a los magistrados del Tribunal Supremo».
Cuando los consejos judiciales están formados por jueces y otras personas, las normas dicen que los jueces deben ser elegidos únicamente por otros jueces, asegurando que estén representados todos los niveles del poder judicial. En este proceso, ni el Parlamento ni el Gobierno deben intervenir. El informe señala que la situación en España, donde el Consejo General del Poder Judicial lleva más de cinco años sin renovarse, es muy preocupante y necesita resolverse con urgencia.
GRECO recomendó revisar la legislación que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evaluar cómo afecta a su independencia, tanto real como percibida, y corregir los problemas identificados para evitar posibles influencias indebidas.
Avances aprobados
El primer informe acogió con satisfacción la adopción del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), aprobado por el gobierno español el 28 de enero. El Sistema incluye, entre otras cosas, un código de buena administración, un código de buen gobierno, un mecanismo de gestión del riesgo de integridad, un protocolo para canales internos de información y una guía para la gestión de buzones de ética institucional.
El grupo también acogió las iniciativas de las autoridades «para avanzar en la implementación de los requisitos de acceso a la información, incluyendo la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Oficiales». En este sentido, instó a las autoridades a seguir avanzando mediante las medidas regulatorias previstas.
Según GRECO, el gobierno de España debe «fortalecer la independencia y las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno».
Con relación a sus recomendaciones relativas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, celebró las iniciativas integrales para promover la igualdad de género. Sin embargo, destacó la necesidad de mejorar en estos organismos, «de aplicar los mecanismos internos de prevención de la corrupción».
Para ello sugirió realizar «una mejor evaluación y gestión de riesgos, procesos de verificación y revisión de antecedentes, el desarrollo de una estrategia anticorrupción específica, el fortalecimiento de los estándares éticos y la garantía de la transparencia, la objetividad y la equidad en los procesos de toma de decisiones».
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