La Audiencia Nacional ha rechazado el martes pasado la extradición del periodista Oswaldo Eustaquio al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, que lo reclama por «golpismo y por incitar a la comisión de actos violentos y antidemocráticos de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro».
También rechazó el reclamo de que el acusado habría publicado información personal de un comisario que investigaba al expresidente Bolsonaro.
«La extradición ha de ser declarada improcedente», dijo en un escrito, la Sección Tercera de la Sala Penal.
La justicia española analizó las acusaciones y dictaminó que «las conductas, sin perjuicio de que puedan haber lesionado o puesto en riesgo bienes jurídicos objeto de protección penal, no constituyen principalmente una infracción de la ley común y tienen primordialmente una finalidad política».
Se espera que Brasil presente una apelación en los próximos días, que se está ultimando en la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty, y el Ministerio de Justicia, informó G1 de Globo de Brasil. El Sr. Eustaquio, quien reside en España desde 2023, es objeto de dos órdenes de captura por delitos contra la democracia, obstrucción a la justicia, divulgación de datos protegidos, persecución, amenazas y corrupción de menores por parte del Gobierno de Lula, y está considerado prófugo de la justicia brasileña.
En su decisión, la audiencia española argumentó que los delitos atribuidos al influencer no pueden calificarse de delitos políticos, al no existir tal marco en la legislación española.
Su conducta se desarrolló «con una evidente conexión y motivación política, puesto que se realizan dentro del marco de una serie de acciones colectivas de grupos partidarios del Sr. Bolsonaro y anterior presidente de la República Federativa de Brasil y de oposición al actual presidente Sr. Lula da Silva».
La primera reclamación relata que el 9 de julio de 2024, Eustaquio se unió a una campaña que tenía por objetivo exponer los nombres, imágenes y todos los datos posibles de los policías que trabajaban en la investigación de los casos seguidos en el Tribunal Supremo Federal, así como «de intimidar a los agentes como medio de obstruir las investigaciones», dice el escrito de la Audiencia Nacional.
El Gobierno de Lula también reclamó que el periodista participó en una campaña que tenía por objeto «incitar públicamente a la participación de la población en las manifestaciones antidemocráticas programadas para la semana del 7 de septiembre de 2021 con el fin de exigir, mediante la violencia y amenazas graves, la destitución de 11 magistrados del Tribunal Supremo».
«El reclamado habría publicado vídeos en redes sociales en los que incitaba a la práctica de actos antidemocráticos favorables al cierre del Congreso y del Tribunal Supremo», según las autoridades brasileñas.
El dictamen español aclara que «no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún tipo al que se le asigne» la denominación delito a los actos con finalidad política.
Además, el contexto de la contienda política en el que se desarrollan dichas conductas son tipificadas en el Código Penal español como delitos menos graves», apunta el Tribunal.
La Audiencia Nacional de España también consideró que el acusado es un periodista, que fue tres veces detenido, y que asegura haber sido objeto de «malos tratos», lo que fue respaldado por la declaración de un grupo de diputados federales del Congreso Nacional Brasileño, incorporada por escrito a las actuaciones judiciales.
Estos hechos constituyen «razones suficientemente fundadas para creer que, de concederse la extradición, habrá un riesgo elevado de que la situación del reclamado en el proceso penal de Brasil pueda verse agravada por causa de sus opiniones políticas y su adscripción a determinada ideología de esa naturaleza».
Libertad de expresión
Un escrito al que tuvo acceso Europa Press de la fiscalía dice que al periodista se le imputan actuaciones amparadas por la libertad de expresión.
Las autoridades brasileñas mencionaron que «a partir de 2024, a través de Internet y de la red social Twitter (ahora X) de Eustaquio y en el perfil de su hija se publicaron datos personales de un comisario de la policía federal e imágenes de su esposa afirmando que el comisario era un delincuente».
Uno de los escritos menciona que el «comisario firmó la acusación de Bolsonaro» y se le acusaba de «violar la ley para alcanzar sus objetivos» y de haber «robado un movil de su madre».
También se acusaba al comisario de «arrestar a patriotas inocentes y de hacer llorar a miles de niños por sus padres».
Las autoridades brasileñas argumentaron que a través de esas publicaciones se impulsó en las redes una intimidación contra el comisario.
Respuesta de Brasil
La decisión española fue comunicada a Brasil el martes 14 y la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Exteriores, Itamaraty, ya informaron que recurrirán, según G1 de Globo.
Para el Gobierno brasileño, la decisión de España «viola la obligación internacional de España de permitir que Brasil preste ese compromiso para facilitar la extradición».
Brasil aún no ha fijado una fecha para presentar el recurso, dijo la cadena brasileña, agregando que la decisión del tribunal español establece que es necesario un criterio de doble incidencia penal para las acusaciones que justifiquen la extradición, es decir: es necesario que exista una clasificación penal tanto en el derecho brasileño como en el español.
El ministro del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, declaró que Oswaldo Eustáquio es investigado en Brasil por los delitos de amenazas, persecución, instigación al delito, asociación para delinquir y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, según G1 de Globo.
De Moraes es el ponente en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Durante una manifestación a inicios de abril en São Paulo, la primera desde que el Tribunal Supremo decidió juzgarlo, De Moraes fue acusado de ser parcial, de acuerdo con la cadena brasileña. Los partidarios de Bolsonaro pidieron amnistía para el expresidente.
Durante la protesta, Bolsonaro acusó al juez y lo criticó por su comportamiento. Las críticas al juez también vinieron del pastor evangélico Silas Malafaia, gran aliado de Bolsonaro.
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