El Consejo de Ministros ha aprobado el 22 de abril el Acuerdo por el que se autoriza a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) la contratación del servicio de «Ingeniería para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz».
ENRESA, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radiactivos y del desmantelamiento de centrales nucleares en España, deberá cumplir con el calendario de cierre de la central previsto en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
La empresa pública tendrá que preparar la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización de los servicios de ingeniería previstos en el contrato, dijo el Consejo de Ministros el 22 de abril a través de un comunicado.
El contrato «abarca la elaboración de la documentación y herramientas de gestión del proyecto, la preparación de estudios iniciales e ingeniería de diseño, la preparación de especificaciones técnicas y proyectos de obra, y la elaboración de documentación para la autorización de desmantelamiento».
El importe máximo del contrato, cuya licitación se iniciará próximamente, es de 23,7 millones de euros, añadió el Consejo de Ministros.
El calendario del Gobierno de Pedro Sánchez prevé que en el país se cierren todas las centrales nucleares de forma escalonada entre 2027 y 2035, una hoja de ruta que fue acordada entre el Gobierno, ENRESA y las empresas propietarias de las plantas.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha declarado a los medios de prensa que las empresas propietarias de la central firmaron un calendario de cierre del parque atómico español que incluye el cese del primer reactor de Almaraz en 2027 y del segundo en 2028, por lo que el Ejecutivo central «tiene la obligación de llevarlo hacia adelante», en tanto en cuanto estas compañías «no han mostrado todavía ninguna intención» de solicitar su prórroga.
El presidente de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, Fernando Sánchez Castilla, alcalde de Belvís de Monroy, en Cáceres, lamentó que «algunos lo que quieren, según se desprende de sus declaraciones, es que cierre la primera industria de Extremadura sin que haya ni siquiera una negociación», informó el Periodico de Extremadura.
El alcalde pide extender la vida útil de la central nuclear.
«Cerrar Almaraz no es solo cerrar una central: es poner en jaque 4000 empleos, 435 millones en ingresos, el 5 % del PIB extremeño, el 7 % del suministro eléctrico en todo el país. Es vaciar pueblos, apagar la industria, encarecer la luz, perder soberanía energética», dice la plataforma Sí Almaraz.
En cambio, Ecologistas en Acción de Extremadura es una de las organizaciones que se manifiesta a favor del cierre, argumentando que la central habría superado su período de vida útil y ante «la imposible gestión de sus residuos».
Iberdrola, el socio mayoritario de Almaraz (52,7 %) dijo este mes que presentaría en la segunda semana de mayo un estudio sobre una propuesta de prórroga para la central nuclear al resto de las eléctricas accionistas de la planta —Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %)— para consensuar una postura común ante las autoridades y grupos de interés.
La intención es poder alcanzar un acuerdo antes de sentarse a la mesa de negociaciones. Posteriormente, las compañías pedirán un encuentro con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para que sirva de inicio formal de las negociaciones.
A principios de abril las tres empresas manifestaron interés en mantener activa la Central Nuclear Almaraz, mediante una prórroga del cierre de su primer reactor, previsto para 2027.
La construcción de la Central Nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, comenzó en 1972 con el movimiento de tierras, y en 1973 se colocó la primera carga de hormigón. La Unidad I comenzó a operar en 1981 y la Unidad II en 1983, cuando inició su operación comercial.
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