Están alojando a unos 100 inmigrantes irregulares en un hotel de lujo en Ojén, dijeron el presidente de VOX en Málaga, Antonio Sevilla, y el portavoz del Grupo Provincial, Antonio Luna, el 23 de abril. Y mostraron su preocupación por el coste que significa para el país y la falta de información acerca de los antecedentes de las personas que se insertan en medio de las comunidades.
«Los querían reubicar en Torremolinos y finalmente los han reubicado en Ojén», dijo Sevilla en un comunicado.
Al titular del grupo le preocupa que se lleve a cabo el traslado de inmigrantes a hoteles «mientras los malagueños no pueden acceder a una vivienda o mientras nuestros ancianos no disponen de suficientes plazas en residencias públicas».
También destacó que en el mes de enero el Gobierno trasladó a Benahavís más de 360 inmigrantes ilegales y ahora han comprobado que los está repartiendo por toda la Costa del Sol.
Son personas que «han asaltado nuestras fronteras», agregó.
El Sr. Luna criticó a su vez que en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, «que es visitado por familias amantes de la naturaleza», se haya convertido en el lugar elegido para «montar un nuevo campamento de ilegales».
«¿Quién puede garantizar que entre los ilegales trasladados a Málaga no hay criminales? No sabemos nada de ellos, no conocemos sus antecedentes. Pueden ser ladrones, violadores o asesinos», ha declarado Luna.
Por otro lodo, en Granada, el Gobierno regional decidió ceder parte de las instalaciones de un albergue Inturjoven, gestionado por la Junta de Andalucía, para que la Cruz Roja acoja a medio centenar de inmigrantes ilegales, mayoritariamente trasladados desde Canarias, informó el medio La Gazeta, indicando que los turistas pagan entre 60 y 150 euros por noche, lo que ha generado «problemas de convivencia, inseguridad y falta de transparencia»,
«Pagué 80 euros por una habitación doble esperando un ambiente tranquilo, pero me encontré con un entorno que no me hacía sentir seguro. Había mucha rotación de personas y poca claridad sobre quiénes eran», escribió un turista alojado en marzo, según el medio de prensa.
En julio 2024, Granada Hoy informó que Andalucía estaba acogiendo a personas migrantes procedentes de Canarias, y también menores migrantes procedentes de Ceuta, en el Albergue Inturjoven de Víznar, en el Área Metropolitana granadina, en su mayoría senegaleses. El mismo albergue ya había sido habilitado en anteriores ocasiones para acoger hasta 160 personas, la última vez en octubre de 2023.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, pidió «financiación y tiempo» para buscar los recursos con los que atender a los menores, además de exigir al Gobierno central que ejerza sus competencias.
Este problema tan «serio» requiere de una respuesta global, en la que el Gobierno de España ejerza sus competencias en política migratoria y exterior, que trabaje con los países de origen y que implique a la Unión Europea, añadió la consejera.
El número de inmigrantes irregulares llegados a España hasta el 20 de abril ascendió a 13 649, según las cifras compartidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) este miércoles, eso significa dar alojamiento a un promedio de 124 nuevas personas al día.
El año 2024, la entrada de inmigrantes irregulares ascendió a 64 318, casi el doble que en 2019, cuando ingresaron 32 513, de acuerdo a los datos actualizados de ACNUR. Esto significa que el año pasado se necesitaron más de 176 alojamientos nuevos cada día o unos 640 hoteles con espacio para 100 inmigrantes.
Según las declaraciones de Santiago Abascal, líder del grupo parlamentario VOX, «no podemos seguir permitiendo que, mientras los españoles no llegan a final de mes, se estén concediendo ayudas a inmigrantes ilegales que se les niegan a los propios nacionales».
«La inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación», añadió Abascal al anunciar una proposición no de ley que establezca un marco de actuación de las Administraciones Públicas ante los efectos de la inmigración masiva.
El Grupo Parlamentario VOX denunció que, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, han entrado en España más de 300 000 inmigrantes irregulares.
El proyecto propuso «impedir, por todos los medios posibles, la regulación masiva de inmigrantes» irregulares, además de «tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que comentan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida».
En opinión de los parlamentarios, se debe «acabar con las políticas de efecto llamada» de inmigrantes, quienes usan todos los medios posibles para llegar a España motivados por la información positiva que les llega.
«Han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa».
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