La Comisión Europea ha remitido a la Corte de Justicia de la Unión Europea a España, Portugal, Polonia, la República Checa y Chipre por no haber aplicado eficazmente la Ley de Servicios Digitales, conocida como la ley de vigilancia de Internet.
Esta cuestionada ley histórica tiene por objeto imponer una moderación rigurosa de los contenidos, exigiendo a las plataformas de redes sociales que eliminen los contenidos ilegales, realicen evaluaciones de riesgos, prevengan las actividades nocivas en línea y frenen la difusión de la «desinformación».
En una declaración del 7 de mayo la Comisión criticó duramente a los cinco países por no haber designado un coordinador nacional de servicios digitales, es decir, los agentes responsables de supervisar, aplicar y controlar la ley.
En España, el 25 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de ley que adaptará el ordenamiento jurídico del país a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. Este proceso legislativo se encuentra en su fase inicial.
La modificación de las leyes españolas le otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la facultad de controlar, supervisar, inspeccionar y sancionar a las plataformas digitales con multas de más de 30.000 euros hasta alcanzar un 6% del volumen de negocios anual mundial.
También contempla la creación de un Registro público de Medios de Comunicación, que entre otras funciones evaluará umbrales de audiencia y volúmenes de negocios. Para ello, la CNMC tendrá el poder de cambiar la estructura del organismo enfocada a las nuevas responsabilidades que se le asignaron.
«Entre las iniciativas destaca avanzar en el fin del anonimato en las redes sociales, profundizar en la transparencia algorítmica para ‘hacer de la moderación y el autocontrol un requisito legal’ y garantizar la responsabilidad personal de los directivos de las plataformas ante el impacto de sus contenidos», informó Moncloa al referir el anuncio del presidente.
La normativa se planea bajo el marco de un Observatorio de Derechos Digitales. Este observatorio hace mención de los Derechos Digitales expuestos en la Carta de Derechos Digitales de España y la Carta de Derechos Digitales Europea. El documento de derechos digitales plantea permitir un entorno de pseudoanonimato.
En el Senado español cuestionó «¿Cuál será el alcance exacto de la regulación sobre el anonimato en internet y qué excepciones se contemplan?», dado que es uno de los objetivos principales anunciado por el Observatorio es «la lucha contra el anonimato en internet».
La ley europea suele centrarse en las principales plataformas como Google, Meta y X, pero los Estados miembros que no apliquen sus disposiciones también pueden ser objeto de acciones legales por parte de la Comisión.
Polonia no nombró a ningún coordinador. La República Checa, Chipre, España y Portugal sí lo hicieron, pero no otorgaron a sus coordinadores la autoridad necesaria para hacer cumplir la ley. Ninguno de estos países estableció sanciones por infringir las normas de la Ley de Servicios Digitales.
La Comisión afirmó que —dado que estos Estados miembros no han tomado las medidas necesarias— ha decidido remitirlos al Tribunal de Justicia.
En enero de este año, en virtud de un código de conducta revisado sobre el discurso en línea, la Comisión Europea declaró que las grandes empresas tecnológicas firmantes deben permitir que una red de «periodistas de seguimiento» —entidades sin ánimo de lucro o públicas con experiencia en discurso de odio ilegal— supervise periódicamente cómo las firmantes revisan las denuncias de odio.
Deberán revisar al menos dos tercios de las denuncias de discurso de odio recibidas de los periodistas de seguimiento en un plazo de 24 horas.
La UE también quiere que los signatarios presenten «datos a nivel nacional desglosados según la clasificación interna del discurso del odio (como raza, etnia, religión, identidad de género u orientación sexual)».
Entre los periodistas encargados del seguimiento se encuentran Amnistía Internacional Italia, la organización alemana HateAid y el portal dedicado a la ciberdelincuencia del Ministerio del Interior francés, PHAROS.
La Ley de Servicios digitales y la Ley de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés) forman un conjunto único de normas enmarcadas en un paquete que se aplica en toda la UE.
La DMA se centra en garantizar unos mercados digitales justos y abiertos, tanto si están establecidos dentro como fuera de la UE, regulando el poder de los guardianes de las mayores empresas digitales.
Las empresas pueden ser multadas con hasta el 10 % de su facturación mundial anual por una primera infracción y hasta el 20 % por infracciones repetidas.
Las leyes digitales europeas se han convertido en un punto álgido en las negociaciones arancelarias ya que la UE se mantiene firme en que no hará ninguna concesión en sus normas digitales y tecnológicas.
La UE se enfrenta a aranceles estadounidenses del 25 % sobre sus importaciones de acero, aluminio y automóviles, y a aranceles recíprocos del 10 % sobre casi todos los demás productos. Estos podrían aumentar aún más tras la expiración, el 8 de julio, de la moratoria de 90 días decretada por el presidente Donald Trump.
Peter Navarro, asesor comercial principal de la Casa Blanca, acusó a la UE de librar una «guerra jurídica» contra los gigantes tecnológicos estadounidenses en un artículo de opinión publicado el mes pasado en el Financial Times.
«Estas herramientas incluyen la manipulación de divisas, las distorsiones del impuesto sobre el valor añadido, el dumping, las subvenciones a la exportación, las empresas estatales, el robo de propiedad intelectual, las normas discriminatorias sobre productos, las cuotas, las prohibiciones, los regímenes de concesión de licencias opacos, los procedimientos aduaneros onerosos, las obligaciones de localización de datos y, cada vez más, el uso de la «guerra jurídica» en lugares como la UE para atacar a las mayores empresas tecnológicas estadounidenses», escribió Navarro.
Un portavoz de Meta indicó que «no se trata solo de multas, se trata de que la comisión pretende perjudicar a las empresas estadounidenses de éxito simplemente por ser estadounidenses, mientras deja que sus rivales chinos y europeos se salgan con la suya».
El responsable de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, al comentar las negociaciones comerciales el 6 de mayo, declaró al Parlamento Europeo: «No nos sentimos débiles. No nos sentimos sometidos a una presión indebida para aceptar un acuerdo que no sería justo para nosotros. Todas las opciones siguen sobre la mesa».
Reuters ha contribuido a este informe.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times con el título «EU Taking Legal Action Against Member States for Not Enforcing Internet Policing Law» con informacón de The Epoch Times España
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