El Gobierno español aprobó el martes el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, una normativa destinada a sustituir la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968, heredada del franquismo.
Con esta reforma, el Ejecutivo pretende dotar al Estado de un nuevo marco legal que regule la clasificación, conservación y desclasificación de documentos sensibles, con el argumento de adaptarse a los estándares europeos y responder a una vieja demanda del PNV.
Sin embargo, el texto ha suscitado críticas desde sectores de la oposición, de aliados parlamentarios y de organizaciones profesionales, por considerar que el nuevo esquema legal puede habilitar mecanismos de censura previa y blindar información de interés público.
Categorías, sanciones y críticas
Uno de los cambios centrales del anteproyecto es la creación de cuatro niveles de clasificación: «Restringido», «Confidencial», «Secreto» y «Alto Secreto». Cada uno contempla plazos de desclasificación automática que oscilan entre los 4 y los 60 años, dependiendo del nivel. Por ejemplo, los documentos catalogados como «Restringido» podrán ser desclasificados a los cuatro años, mientras que los de «Alto Secreto» podrán mantenerse ocultos durante 45 años, prorrogables hasta un máximo de 60. Además, se establece que información relativa a violaciones de derechos humanos deberá desclasificarse de forma prioritaria.
El Gobierno también introduce un nuevo régimen sancionador que contempla multas de entre 30.000 y 2,5 millones de euros para quienes filtren o divulguen información clasificada, incluidos periodistas.
Aunque el texto incluye una cláusula atenuante en favor de la libertad de información, las sanciones serán impuestas por la vía administrativa sin necesidad de resolución judicial previa.
La futura autoridad de seguridad de la información, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, podrá imponer sanciones y, en casos de «urgencia inaplazable», podrá incluso suspender la difusión de determinada información.
Se trata del artículo 46 del anteproyecto que permite que la Administración adopte medidas cautelares para suspender la difusión de información clasificada incluso antes de que se resuelva la legalidad de la publicación, lo que diversos juristas han interpretado como una forma de censura previa, prohibida por el artículo 20 de la Constitución.
En cuanto se filtraron —días atrás— los alcances del anteproyecto, Luis Balcarce, director adjunto de OK Diario, advirtió en una entrevista con The Epoch Times España que se trataba de «un intento más de Pedro Sánchez por censurar a los periodistas».
En su análisis, el anteproyecto responde al «pánico» que hay en el Gobierno por los escándalos de corrupción que se suceden «día a día».
«Están haciendo anteproyectos de ley, en este caso de información clasificada, con el único objetivo de sancionar a los periodistas con multas que les hagan dejar la profesión porque 800 mil euros, 2,5 millones de euros, son multas que ningún periodista y ningún medio puede afrontar», explicó.
Inclusive desde el progresismo han cuestionado este artículo del anteproyecto. El periodista Miguel González, de El País, alertó en una aparición en La Sexta que la redacción de ese ítem es «inquietante», ya que «está redactado en términos muy crípticos».
González no dudó en calificar al artículo 46 como «oscuro» advirtiendo que, de no precisar bien el alcance del mismo, podría dar lugar a «la censura previa».
Es más, el socio del Gobierno, Sumar, presentó alegaciones formales al anteproyecto reclamando plazos «muchos más cortos» de desclasificación, más garantías para el acceso de los parlamentarios a los documentos, y sanciones «menos elevadas» ante caso de publicación de información secreta.
Por su parte, el PNV, promotor histórico de la derogación de la ley de 1968, valoró positivamente el impulso del Gobierno, aunque también anunció que presentará enmiendas para mejorar los mecanismos de clasificación y de control ya que —aseguró— la propuesta está «lejos» de lo que se pretendía.
Lea también: Ley de Secretos Oficiales: ¿el candado del Gobierno para blindar su corrupción?
¿Transparencia garantizada o blindaje del poder?
Varios casos recientes de corrupción pública, como el llamado «caso Koldo» y el caso de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, podrían haber quedado blindados con una ley como la que se plantea, al permitir al Ejecutivo declarar como confidencial cualquier información relacionada.
Es por eso que Miguel Bernad, secretario general del sindicato Manos Limpias, alertó que «el anteproyecto de ley de secretos oficiales se convierte en una herramienta para obstaculizar denuncias judiciales sobre casos de corrupción».
Bernad sabe de qué habla. Manos Limpias ha jugado un papel clave en la denuncia judicial de múltiples casos de corrupción política en España, tanto del ámbito autonómico como del Gobierno central.
Consultado al respecto por The Epoch Times España, el abogado de 83 años afirmó que si la propuesta estuviera vigente, el Ejecutivo la podría haber utilizado «para frenar» no solo el caso Koldo o el de Begoña Gomez sino también, «el caso Ábalos, el de Santos Cerdán, el de David Sánchez y el del Fiscal General del Estado».
A pesar de las críticas, el Gobierno defiende el anteproyecto como un paso hacia la modernización del Estado. Según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la ley permitirá desclasificar documentos del 23-F, de la Transición y del franquismo, con el objetivo de «fortalecer la democracia» y evitar que información relevante permanezca eternamente oculta.
Sin embargo, el debate sigue abierto y el texto que se ha remitido al Congreso sufrirá previsiblemente cambios importantes. La batalla parlamentaria definirá si el anteproyecto se convierte en una herramienta efectiva de transparencia o en una nueva vía para restringir el acceso a la información.
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
