En resumen:
Irlanda endurece de forma significativa su marco legal de asilo e inmigración.
Los solicitantes de asilo deberán contribuir a los gastos de alojamiento en función de sus ingresos cuando dispongan de trabajo.
La ciudadanía solo será accesible tras cinco años de residencia y bajo condiciones más estrictas que las actuales.
Algunas de las medidas más restrictivas se inspiran en los cambios introducidos recientemente en el Reino Unido.
Siguiendo el ejemplo del Reino Unido, Irlanda también se prepara para endurecer su legislación migratoria. Según informa el Irish Times, el ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, valoró positivamente el crecimiento poblacional de la isla, cuya tasa ha promediado recientemente el 1,6 %, principalmente debido a la inmigración.
El número de solicitantes de asilo en Irlanda ha alcanzado recientemente las cinco cifras, un nivel muy superior al de años anteriores
El ministro anunció medidas más estrictas para reducir el número de solicitantes de asilo y, además, se impondrán nuevas restricciones a la reunificación familiar. El año pasado, la inmigración neta a Irlanda ascendió a 78 300 personas, de las cuales 23 000 eran familiares.
En ese mismo periodo se registraron 18 000 solicitudes de asilo, y se prevé que la cifra disminuya a 13 000 este año. Alrededor del 87 % de las personas refugiadas llegó a través de la frontera norirlandesa, según declaró el ministro a la BBC. Esta cifra sigue siendo «demasiado alta», afirmó O’Callaghan.
En el 81 % de los casos, las solicitudes de asilo se rechazan en primera instancia. Alrededor del 70 % de los afectados recurre esa decisión y, en entre el 60 % y el 70 % de esos expedientes, se presentan nuevos recursos. Antes de la pandemia de coronavirus, Irlanda atendía cada año entre 3000 y 4000 solicitantes de asilo. Entre 2022 y 2024, la cifra acumulada rondó los 45 000.
Los solicitantes de asilo que trabajan deben contribuir a los gastos de alojamiento
Existen indicios sólidos de que el endurecimiento de la política de asilo en el Reino Unido podría tener efectos indirectos en Irlanda y aumentar los desplazamientos hacia la isla a través de Irlanda del Norte. El miércoles 26 de noviembre, el Gabinete aprobó varias de las medidas que O’Callaghan había adelantado previamente a los medios de comunicación.
Una de las medidas de mayor calado presentadas por O’Callaghan y el secretario de Migración, Colm Brophy, es la obligación de que los solicitantes de asilo que trabajan en alojamientos públicos contribuyan a los costes de su estancia. Quienes residen en estos centros deberán aportar entre 15 y 238 euros semanales, en función de sus ingresos.
Los solicitantes de asilo que ganen entre 85 y 150 € semanales deberán aportar 15 € a los gastos de alojamiento. Quienes perciban 600,01 € o más a la semana tendrán que contribuir con 238 € al alojamiento público. Incluso un apartamento básico de dos habitaciones en Dublín, con 44 metros cuadrados de superficie habitable y partes del alojamiento compartidas, cuesta 960 € al mes. La escasez de viviendas y el fuerte encarecimiento del alquiler figuran entre los motivos alegados en Dublín para justificar las nuevas restricciones.
La naturalización en Irlanda solo será posible después de cinco años
Quienes no abonen las contribuciones requeridas podrán ser objeto de acciones legales o de procedimientos de cobro de deudas. Además, se revocarán los permisos de residencia de refugiados de los que se demuestre que representan una amenaza para la seguridad nacional.
El viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Simon Harris, calificó la contribución a los gastos de alojamiento como una «medida de sentido común».
Los solicitantes de asilo reconocidos solo podrán solicitar la ciudadanía transcurridos cinco años, en lugar de los tres actuales. Entre los requisitos figuran la autosuficiencia económica y no haber recibido determinadas prestaciones sociales en los dos años anteriores a la solicitud.
Mientras el diputado laborista Ged Nash acusó al Gobierno de «hacer alarde de virtud», su colega del Sinn Féin, Matt Carthy, reclamó la aplicación más rápida posible de las medidas. Entre sus demandas incluía un acuerdo bilateral de repatriación con el Reino Unido. De lo contrario, advirtió, solo cabría esperar anuncios que «no solucionarían la realidad de un sistema de asilo disfuncional».
Flexibilidad parcial y endurecimiento de las normas de reunificación familiar
Incluso los trabajadores que han llegado a Irlanda mediante contratación regular deberán esperar cinco años antes de poder solicitar la ciudadanía. Para traer a sus cónyuges a Irlanda, los empleados deben ganar al menos 30 000 € al año, umbral que afecta a la mayoría de los trabajadores extranjeros.
Los trabajadores altamente cualificados podrán seguir trayendo a sus familias a Irlanda sin demora. El resto de trabajadores solo deberá esperar un año, en lugar de dos, para traer a sus hijos. Si estos tienen entre 16 y 18 años, también recibirán un permiso de trabajo. Sin embargo, los hijos de entre 19 y 23 años ya no se consideran dependientes a efectos de la reunificación familiar que solicitan los trabajadores extranjeros.
Según la Oficina Central de Estadística (CSO), en el período comprendido entre principios de mayo de 2024 y finales de abril de 2025 emigraron a Irlanda en torno a 125 300 personas. De ellas, 31 500 eran repatriados irlandeses, 25 300 ciudadanos de otros países de la UE y 4900 ciudadanos del Reino Unido. Los aproximadamente 63 600 inmigrantes restantes procedían de terceros países. Entre ellos se incluyen solicitantes de asilo, titulares de visados de trabajo, de estudiante o por reagrupación familiar, y refugiados de Ucrania.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times Alemania con el título «Migrationspolitik nach britischem Vorbild: Irland bremst Zuzug und führt Kostenbeteiligungen ein».
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