El Tribunal Supremo ha confirmado este 23 de julio la prisión provisional para Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, por su implicación en la presunta trama de corrupción conocida como caso Koldo.
La Sala de lo Penal ha ratificado el auto dictado por la Audiencia Nacional, al considerar que existen «indicios poderosos» de su «papel directivo» dentro de la red que adjudicó contratos irregulares por más de 500 millones de euros.
La resolución judicial llega en un momento de extrema tensión política para el Gobierno de Pedro Sánchez. El hecho de que quien ha sido su número tres en el partido desde 2021 permanezca en prisión —avalado ahora por el máximo tribunal del país— agrava la percepción de que el caso Koldo compromete directamente a la cúpula del PSOE.
Una figura clave en la adjudicación de contratos
La Sala de lo Penal del Supremo destaca que Cerdán no era una figura menor dentro del entramado, sino que tuvo un «papel activo» en el funcionamiento de la red.
De acuerdo con el auto, el dirigente socialista habría actuado como intermediario e impulsor de contratos irregulares a favor de empresas conectadas con Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
La defensa del dirigente socialista había pedido su puesta en libertad, alegando que no existía riesgo de fuga ni posibilidad de obstaculización de la causa, tal como había justificado el juez instructor Leopoldo Puente al ordenar su detención el 30 de junio pasado.
No obstante, el Supremo consideró que «está racional, objetiva y detalladamente fundada la consideración del Magistrado Instructor de existir un peligro de que pueda perjudicarse irremediable y gravemente la investigación por una actuación obstruccionista del recurrente».
El caso Koldo ya no es solo Koldo
Aunque la investigación comenzó con la figura de Koldo García, la instrucción ha derivado en una causa de gran magnitud que involucra a varios altos cargos y a múltiples administraciones.
La red, presuntamente, se habría beneficiado de comisiones ilegales y sobreprecios de hasta el 900 % en contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia. La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., que facturó millones de euros en mascarillas y test, es señalada como el epicentro mercantil de la trama.
Más allá de los políticos, en el sumario aparecen cargos técnicos como la presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero; y el expresidente de Renfe, Isaías Táboas.
La investigación, liderada por el juez Moreno en el Juzgado Central de Instrucción nº 2, se amplió en 2024 para incluir adjudicaciones de obra pública por 264,5 millones de euros, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de octubre de ese año.
Las pesquisas señalan a empresas como Acciona, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR) por presuntamente pagar comisiones a cambio de contratos favorecidos.
De hecho, el lunes, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien está a cargo de las investigaciones, ordenó la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España a Isabel Pardo de Vera, expresidente de Adif, y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras.
Las investigaciones del juez Moreno cuentan con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y de unidades especializadas de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil).
La UCO en la mira del Gobierno
El día anterior a la decisión del Supremo, el Ministerio del Interior impidió a la UCO acceder al listado de visitas que recibe Santos Cerdán en prisión.
Para la portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Olaya Salardón, estas restricciones «pueden suponer un obstáculo innecesario para el normal desarrollo de la labor policial, afectando negativamente a la eficacia y a la transparencia que la ciudadanía exige en casos de esta naturaleza».
En diálogo con The Epoch Times España, Salardón subrayó que la AUGC apela «a la responsabilidad de todos los poderes del Estado» y reclama que el juez instructor «reconsidere la situación y establezca con claridad los cauces que permitan a la UCO continuar desarrollando su trabajo con todas las garantías legales, pero también con el respaldo institucional que merece».
Crece la presión sobre Pedro Sánchez
Con esta confirmación de prisión, el entorno del presidente del Gobierno queda más cercado que nunca.
Desde la oposición se han intensificado los reclamos de responsabilidades políticas. Tanto desde el Partido Popular como de Vox han exigido la dimisión de Pedro Sánchez.
Asimismo, plataformas cívicas como Manos Limpias —que participan en el caso mediante acusaciones populares— reclaman una investigación a fondo sobre la posible financiación irregular del PSOE y la responsabilidad penal de altos cargos del Ejecutivo.
Por el momento, Ferraz guarda silencio. Ni Pedro Sánchez ni el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, han comparecido públicamente tras la decisión del Supremo.
En paralelo, continúan las investigaciones sobre los flujos financieros, la posible existencia de cuentas opacas y la eventual participación de organismos públicos en el encubrimiento.
La imagen de un dirigente socialista en prisión preventiva, con resolución confirmada por el Supremo, no es un daño colateral menor, sino un golpe estructural. El caso Cerdán no solo compromete la integridad del PSOE: pone en cuestión la legitimidad moral del Gobierno que lo sostiene.
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