El Gobierno de Pedro Sánchez dio un paso más el 30 de septiembre para poner en marcha la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo alineado con el enfoque «Una sola salud» de la OMS, orientado a la «vigilancia, identificación y evaluación del estado de salud de la población» y a la coordinación de los planes de prevención. En el debate público cuenta con apoyo y críticas.
Algunas organizaciones médicas celebran la creación de la agencia, siempre que mantenga una estructura descentralizada y cercana a los territorios. Al mismo tiempo, surgen críticas de algunos colectivos por el posible impacto en la privacidad de los datos clínicos y, por parte de profesionales sanitarios, por el riesgo de sobreintervención preventiva en población sana cuando el balance entre beneficios y riesgos no está suficientemente demostrado.
Según el texto de la ley, el objetivo de la agencia es «reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias» y, entre sus funciones, incluye la «coordinación de actividades de preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional».
La AESAP colaborará con la comunidad científica, la industria y las administraciones, y su financiación procederá tanto de los Presupuestos Generales del Estado como de aportaciones privadas a través de donaciones, patrocinios o convenios.
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el Dr. Tomás Cobo, dijo a The Epoch Times España que la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública «sin ningún lugar a dudas es una gran noticia para la sanidad de nuestro país».
«Desde la OMC consideramos que la AESAP debe ser una herramienta crucial para ofrecer una respuesta a crisis sanitarias que no nazca únicamente de la administración, sino de un conocimiento científico sólido, basado en la evidencia científica disponible».
El Dr. Cobo apunta a que la AESAP sea «una estructura descentralizada del sistema sanitario español, que cuenta con 17 servicios de salud».
«La agencia debe servir para mejorar la cogobernanza de una España diversa y para facilitar la confluencia de información entre comunidades, con el fin de garantizar la equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud».
En su opinión, «la pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad imperante de una Agencia Estatal de Salud Pública para coordinar mejor la respuesta a futuras crisis sanitarias y para reforzar el sistema en materia de vigilancia, prevención y actuación».
Para ello, pide que «en los siguientes pasos que se den en la puesta en marcha de esta agencia se tenga en cuenta la voz de los profesionales y de la comunidad científica».
Sin embargo, aunque la ley entró en vigor el 30 de julio, según el Boletín Oficial del Estado n.º 181, la agencia ejercerá plenamente sus funciones en 2026 bajo los términos previstos por un estatuto que será redactado por los ministerios de Hacienda, de Transformación Digital y Función Pública y de Sanidad. El estatuto podrá incluir responsabilidades adicionales a las del texto de la ley.
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un proyecto de ley para tramitar con carácter de urgencia este estatuto que aún está por definir.
Control del historial clínico y funciones de «vigilancia del estado de salud»
Las funciones de AESAP encajan con el Anteproyecto de Ley de Salud Digital, que abre la puerta a la gobernanza nacional de la historia clínica digital de un paciente. Este proyecto se ajusta al nuevo Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que permite compartir la historia clínica con fines de investigación, salud pública y apoyo a políticas, sin necesidad de pedir el consentimiento al ciudadano. Cualquier oposición de un paciente no podrá prevaler frente al interés público previsto por la norma.
Esto se ve favorecido por la actual Estrategia de Salud Digital nacional, que impulsa interoperabilidad clínica y la receta electrónica interoperable, facilitando el intercambio de información entre servicios públicos y privados.
European Digital Rights, la red europea que defiende los derechos de los ciudadanos en internet, señaló que apoya que se armonicen normas e interoperabilidad a nivel europeo, pero solo «cuando sea en interés médico del paciente».
En su opinión, el nuevo reglamento «sabotea por completo la confidencialidad médico-paciente» al permitir usos y cesiones de datos sin consentimiento, con un sistema insuficiente para que las personas puedan negarse, y una definición excesivamente amplia de «datos de salud», que incluye hábitos de vida, dispositivos de seguimiento, situación laboral o del seguro, «y fines permitidos vagos que podrían abrir la puerta a accesos de carácter comercial».
La organización reclama que se exija el consentimiento para cualquier uso ajeno a la atención clínica; que se acote la definición de «dato de salud»; que se limiten las finalidades a la investigación pública no comercial, y que se refuerce la seguridad, la minimización de datos y la responsabilidad de las autoridades que autorizan el acceso, con reglas claras de indemnización en caso de brechas o reidentificación.
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La ministra de Sanidad, Mónica García, que impulsó el proyecto, dijo que la AESAP «vigilará el estado de salud de la población y se anticipará a los riesgos y amenazas»; por esta razón, prevé centralizar todos los datos en la nueva egancia, incluidos los historiales del sector sanitario privado, un plan que ya se elaboró durante la pandemia.
El texto de la ley plantea ls «necesidad de contar con sistemas de vigilancia basados en datos comparables y completos» de todos los españoles, para con ello «realizar un seguimiento permanente», que incluye una «coordinación entre el sector público y el privado».
Desde un sistema único, los datos podrán ser utilizados más fácilmente por la industria farmacéutica y universidades que habitualmente realizan estudios.
Si un médico del ámbito privado envía una muestra (sangre, biopsia, imagen) a un laboratorio o centro de diagnóstico privado, estos datos se compartirán con ese proveedor sanitario externo. La AESAP, bajo sus funciones de coordinación con el sector privado, podría requerir esos datos.
Prevención y promoción de salud
La AESAP actuará a escala estatal en «la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud»; en la coordinación de la promoción de estas acciones en el Sistema Nacional de Salud», así como en «la gestión sanitaria como una acción de salud pública», según el texto de la ley.
Juan Gérvas, médico de Canencia de la Sierra (Madrid), quien fue profesor de Salud Pública en la Escuela Nacional de Sanidad y en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, publicó sus críticas contra las intervenciones preventivas que no cumplen con ofrecer más beneficios que riesgos.
Muchas veces «la prevención se adorna de un aura de beneficios que no se justifican científicamente, sino por los intereses que mueve. Estos intereses son industriales, profesionales, políticos y sociales».
«Los intereses industriales se refieren a los de la industria farmacéutica (vacunas, por ejemplo) pero incluyen los de la industria tecnológica (mamógrafos, por ejemplo), la industria alimentaría (los «omega», por ejemplo) y de la industria de gestión sanitaria (aseguradoras y captación de mujeres sanas de clase media-alta, por ejemplo), además de otros como los de la industria editorial, de medios de comunicación y demás», afirmó el médico.
El doctor sostiene que la prevención se impone con «tal aureola positiva que la población, los pacientes, y muchos profesionales solo ven las ventajas, sin considerar los inconvenientes», y esto ocurre sabiendo que, muchas veces, «carecemos de información científica suficiente para ofrecer prevención como se ofrece, pues apenas hay ensayos clínicos con validez externa suficiente y carecemos de estudios sobre la mejor selección de actividades en casos y situaciones concretas».
En su artículo «Uso y abuso de la prevención, el cribaje del cáncer de mama como ejemplo», rechaza que se promuevan fármacos en una persona sana para prevenir el «riesgo cardiovascular» si no se obtienen beneficios, o que se introduzcan vacunas «de beneficio marginal y de coste brutal, para lograr, por ejemplo, un Año de Vida ajustado».
En su opinión, con el abuso de prevención «se llega a ignorar, incluso, la Ley de Hierro de la epidemiología, que establece que todo el que nace muere. Pareciera que si se previene «todo» se lograría la vida eterna en la Tierra».
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«Una sola salud»
Al presentar la AESAP, la ministra García destacó que la nueva agencia incorpora el concepto de «One Health —una sola salud—», que implica que la salud de las personas está interrelacionada con la salud ambiental en un marco coordinado a nivel global.
«Una sola Salud» es coordinada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
«Este enfoque reconoce que la salud de las personas, la de los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente, están estrechamente relacionados y son interdependientes, interpelando a múltiples sectores, disciplinas y comunidades en diversos niveles de la sociedad a trabajar conjuntamente para promover la salud y el bienestar, así como para neutralizar las amenazas para la salud y los ecosistemas».
La Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) fue creada por el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) tras una iniciativa que partió del ministerio de Sanidad. El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó el 20 de marzo este proyecto de ley con los votos en contra del PP, Junts y Vox; sin embargo, el 8 de abril, la ministra García anunció que el Consejo de Ministros dio su aprobación para impulsarlo nuevamente.
Esta vez, el Congreso de los Diputados aprobó la ley con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV, y la oposición de PP, Vox y Junts.
Las formaciones que votaron en contra argumentaron que la norma podía centralizar competencias sanitarias y no garantizaba suficiente transparencia en el tratamiento de los datos médicos.
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