El Gobierno de España ha dado un giro radical a su controvertida propuesta de reforma de las cuotas de cotización para los autónomos, apenas una semana después de que la iniciativa desatara una tormenta de críticas. Esta unió a asociaciones del sector, sindicatos, la oposición parlamentaria y hasta aliados internos del Ejecutivo.
Lo que inicialmente se presentaba como un avance progresivo hacia la equidad en el sistema de cotización por ingresos reales —con subidas de entre 17 y 206 euros mensuales solo para 2026, y acumuladas de hasta 104,9 % en tres años— ha sido desmantelado en gran medida.
Ahora, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propone congelar las cuotas para los tramos más bajos de ingresos y limitar los incrementos a subidas simbólicas de entre 2,5 y 14,75 euros al mes para el resto, exclusivamente en 2026.
Esta rectificación, anunciada este lunes por el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, durante una reunión de la Mesa de Diálogo Social, responde directamente a la presión social y política acumulada. Esta calificó la medida original de «sablazo» y amenaza para la supervivencia de los más de 3,4 millones de autónomos registrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Suárez justificó el cambio como un «paso más prudente», reconociendo que a la vista de las críticas generadas dentro y fuera del diálogo social, lo más realista y pragmático era circunscribirlo a 2026.
La propuesta inicial, presentada el 13 de octubre en la misma mesa con sindicatos como UGT y CCOO, patronal CEOE y asociaciones como ATA, UPTA y UATAE, preveía incrementos del 4,3 % al 34,9 % solo en el primer año.
El economista Daniel Lacalle, en una entrevista exclusiva concedida a The Epoch Times España el 14 de octubre —justo cuando estalló la polémica—, había advertido de los riesgos de esta trayectoria: «Este tipo de propuestas lo que hacen es desincentivar la creación de empleo y aumentan la probabilidad, más que evidente, de que se incentive la economía sumergida».
Lacalle enfatizó que la medida era «completamente desproporcionada» y representaba «un enorme aumento de los impuestos para los autónomos sin ningún tipo de contraprestación ni de ayuda». Subrayó la vulnerabilidad del sector que «genera una enorme cantidad de empleo y no tiene ningún tipo de contraprestación ni capacidad de respuesta o de protesta».
El origen del «sablazo»
La propuesta original surgió del acuerdo alcanzado en enero de 2022 entre el Gobierno, sindicatos y asociaciones de autónomos para desplegar progresivamente un sistema de cotización por ingresos reales, regulado en el Real Decreto-ley 13/2022. Este pacto buscaba equiparar las bases de cotización de autónomos y asalariados con ingresos similares, culminando en 2032.
Los autónomos representan el 99,8 % de las empresas y generan cerca del 62,1 % del empleo privado.
Sin embargo, la tabla para 2026-2028 rompió con las expectativas: preveía subidas anuales generalizadas en 15 tramos de rendimientos netos, desde 217,37 euros mensuales para ingresos inferiores a 670 euros (un 8,5 % más que los 200 euros de 2025) hasta 796,24 euros para más de 6000 euros mensuales (34,9 % de alza).
El rechazo fue inmediato y transversal.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) la tildó de «sablazo»: «Esto va en contra del acuerdo que firmamos en 2022, donde acordamos un sistema de tramo para que el 75 % de los autónomos pagaran igual o menos». Amor, en una publicación en su cuenta de X, sintetizó: «Es un sablazo».
Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), valoró la coherencia con el pacto de 2022, pero reclamó ajustes como un tramo inferior para autónomos artísticos con ingresos por debajo de 4000 euros anuales.
Yolanda Díaz, vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, rechazó públicamente la propuesta: «Lo que creemos es que hay que avanzar en una propuesta que vaya ligada directamente a los ingresos reales y la progresividad tiene que empezar por arriba».
La oposición y otros aliados del Gobierno no se quedaron atrás.
PP, Vox, Junts, CC y UPN unieron sus voces en el Congreso, complicando la aprobación del decreto-ley necesario —ya que el Gobierno carece de mayoría absoluta—.
Esta convergencia de críticas —desde el conservadurismo de Vox hasta el izquierdismo de Sumar— ilustra cómo la presión social forzó el repliegue.
De la asfixia a una pausa temporal
Con la propuesta anterior, los autónomos —que cerraron 37 tiendas diarias en el último año— enfrentaban un golpe letal, ya que se habrían duplicado cuotas en altos tramos en tres años, incentivando la economía sumergida —que representa alrededor del 20 % del PIB español— y reduciendo nuevos afiliados.
Ahora, la nueva tabla congela cuotas en la «tabla reducida» (hasta 1166,7 euros netos mensuales: 200-260 euros), beneficiando a unos 1,3 millones de autónomos. Para el resto —de 1166,7 a 6000 euros—, alzas del 1 % al 2,5 %.
EFE ha recolectado algunas de las reacciones sindicales.
Abad, de UPTA, valoró la congelación, pero lamentó que el Gobierno «ha perdido una gran ocasión para que los tramos de cotización altos tuvieran una subida mayor», y pidió rebajas para bajos ingresos.
La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, sostuvo que el Gobierno debería bajar y no congelar las cuotas a los autónomos de menores ingresos, en tanto que las debería mantener en los tramos medios y aumentar en los superiores.
Amor, de ATA, se mostró relativamente satisfecho, pero exigió avances en protección social, como subsidio para mayores de 52 años o permisos por lactancia.
«Bienvenido el cambio de posición del ministerio de Inclusión», celebró desde la izquierda, la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz.
Según informaron las autoridades, la idea es que la Mesa de Diálogo Social se vuelva a reunir la próxima semana. Mientras tanto, el sector autónomo ve en el retroceso una victoria temporal, pero advierte: sin reformas estructurales, la amenaza de asfixia persiste.
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