Un individuo de origen marroquí atacó el 11 de diciembre a agentes de la Policía Nacional en el aparcamiento subterráneo del Mercado de Verónicas, en el centro de Murcia, armado con unas tijeras y gritando repetidamente «Allahu akbar» («Alá es grande»).
Los hechos comenzaron cuando un vigilante de seguridad alertó a la Policía Municipal por la actitud agresiva del hombre. Al llegar una patrulla de la Policía Nacional, este se abalanzó contra los agentes, que respondieron con un disparo en una pierna para neutralizarlo.
El atacante recibió asistencia inmediata: los policías le quitaron las tijeras, le aplicaron un torniquete para detener la hemorragia y lo trasladaron al Hospital Reina Sofía de Murcia. Ningún agente resultó herido.
Ni el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ni la Dirección General de la Policía Nacional, ni la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia han emitido comunicación oficial sobre el incidente, pese a su gravedad.
Fuentes policiales consultadas por El Confidencial indican que la investigación la lleva la Policía Judicial, centrada en un posible trastorno mental del agresor, y descartan motivación yihadista.
España mantiene desde hace años el nivel 4 de alerta antiterrorista —a un paso del máximo—, con refuerzos habituales en periodos sensibles del calendario cristiano como Semana Santa o Navidad.
El grito «Allahu akbar», común en el islam pero convertido en emblema por el terrorismo yihadista, plantea interrogantes sobre la calificación del suceso, especialmente en un contexto de amenaza elevada.
Este caso recuerda precedentes en la propia Región de Murcia, como el de Abdellah Gmara en 2022, un marroquí que atropelló terrazas en Torre Pacheco causando un muerto y cinco heridos, inicialmente atribuido a inestabilidad mental antes de vincularse a motivación islamista.
Analistas como el experto en seguridad y columnista de The Epoch Times España, Rubén Pulido, han criticado en incidentes similares —como el de Vallecas el 22 de noviembre— la tendencia a minimizar motivaciones yihadistas, argumentando que el consumo de drogas o patologías mentales no excluyen la radicalización, como ocurre en manuales de propaganda del Estado Islámico.
«Esto ya no es una crisis migratoria más. Es una crisis de seguridad nacional en toda regla», asegura Pulido en una columna reciente.
El especialista añade que los datos oficiales del Ministerio del Interior «son demoledores»: en lo que va de legislatura (desde agosto de 2023) se han registrado 235 detenidos por yihadismo.
«La curva no se estabiliza y sigue en ascenso exponencial», advierte.
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JUPOL, en relación con casos recientes, ha denunciado la opacidad del Ministerio del Interior y ha pedido mayor reconocimiento de la creciente agresividad contra agentes, vinculada en ocasiones a elementos islamistas.
Sobre el agresor de Vallecas, el sindicato indicó que a pesar de «la extrema peligrosidad del individuo y la evidente radicalización que mostraba durante la agresión… desde el Ministerio del Interior se ha intentado negar cualquier posible carácter yihadista del suceso, minimizando de nuevo la gravedad de los hechos y contribuyendo a una narrativa oficial que pretende ocultar una realidad cada vez más preocupante para la seguridad pública y para la integridad de los agentes».
Ante la sucesión de hechos, JUPOL «insiste en la necesidad inmediata de la dimisión de Marlaska».
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Fuentes policiales insisten en que no hay indicios de planificación terrorista en el ataque de Murcia, y la Comisaría General de Información no ha asumido la investigación.
El silencio oficial contrasta con la trascendencia pública que tuvieron otros episodios, como el de Vallecas, donde la Audiencia Nacional sí investiga posible terrorismo tras un ataque similar con cuchillo y gritos idénticos.
Ente marco, críticos como Pulido subrayan un patrón por parte del Ministerio del Interior: recurrir frecuentemente a explicaciones psiquiátricas para evitar clasificar como yihadistas agresiones con perfil migratorio magrebí.
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